El gobierno federal invirtió miles de millones de dólares para enfrentar la crisis del COVID-19 e intentar que el impacto para las empresas y pequeños negocios fuera el menor posible. Si bien buena parte de ese dinero fue utilizado de manera correcta, ha habido una enorme cantidad de fraudes comprobados.
Uno de esos casos es el de Andre Lorquet, un residente de Miami de 38 años que está bajo investigación federal. Lorquet es un preparador de impuestos certificado que de manera fraudulenta reportó al gobierno federal casos de pequeñas compañías en aprietos financieros por la crisis del COVID-19. El hombre pidió préstamos federales por 4,7 millones de dólares, de los cuales le terminaron otorgando 4,4 millones.
Según la fiscalía federal a cargo de la investigación, en lugar de invertir el dinero en las empresas, Lorquet lo gastó en autos de lujo, entre los que se encuentran dos Teslas, un Lamborghini Urus, un Porsche Panamera GTS.
En la demanda se lo acusa de “enriquecerse de manera injusta” gracias a estos préstamos. Sobre el acusado recaen cuatro cargos por fraude por envío de dinero, cuatro cargos por lavado de dinero y un cargo robo de identidad agravado. En caso de ser encontrado culpable, podría tener una condena de hasta 22 años de prisión.
La fiscalía envió un comunicado de prensa al respecto de este caso diciendo que Lorquet obtuvo fraudulentamente los préstamos de alivio de COVID-19 bajo el programa de protección de cheques de pago de la SBA (Administración de Pequeños Negocios por sus siglas en inglés), el Programa de Alivio de Desastres Económicos y la Subvención para Operadores de Lugares Cerrados.
Si bien se trataban de préstamos, por ser otorgados por el gobierno federal en tiempos de crisis, si las empresas los utilizaban de manera legítima (como para el pago de rentas o de empleados), no debían devolver el dinero, que es lo que Lorquet intentó hacer.
Este caso es solo uno de una docena bajo investigación en el sur de la Florida, y la dinámica se repitió en todo el país. Hasta el día de la fecha, los fiscales federales han llevado ante la justicia a más de 1.500 personas ante casos de fraudes similares que representan pérdidas para la nación en USD 1.100 millones.
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