El Departamento de Justicia de Estados Unidos apeló este viernes la decisión de la jueza de Florida que denegó al gobierno una moción para continuar revisando e investigando el material incautado en la residencia de Florida del ex presidente Donald Trump.
El departamento que dirige Merrick Garland presentó la apelación ante el onceavo circuito del país, al que pidió que detenga la aplicación del fallo de la jueza.
La jueza federal del Distrito Sur de Florida, Aileen Cannon, denegó el jueves al Departamento de Justicia que pueda seguir revisando e investigando el material incautado a Trump, al tiempo que nombró a un magistrado como perito independiente.
El perito especial designado para revisar documentos de la búsqueda de Mar-a-Lago es el juez federal Raymond Dearie, antiguo magistrado principal del tribunal del distrito con sede Brooklyn, quien será el responsable de la revisión de documentos catalogados como secretos o clasificados.
En el informe de 10 páginas, Cannon rechazó una solicitud del Departamento de Justicia de una suspensión parcial de su fallo que prohibía al FBI utilizar aproximadamente 100 documentos incautados en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, y ordenó que fueran entregados a un “maestro especial”, que es un perito independiente, para su revisión.
Cannon le dio a Dearie, nombrado juez por Ronald Reagan en 1986, la fecha límite del 30 de noviembre para terminar su revisión de documentos.
“A la luz de las preocupaciones manifestadas por el Gobierno, la Corte ordena al Auxiliar Judicial (el perito independiente o maestro especial) que priorice la revisión de los aproximadamente 100 documentos marcados como clasificados (y los documentos físicamente adjuntos a los mismos), y luego considere ajustes rápidos a las Órdenes del Tribunal, según sea necesario”, escribió en su orden la jueza.
¿CUÁL ES LA TAREA DEL PERITO?
La principal será “llevar a cabo una revisión privilegiada de los materiales incautados y hacer recomendaciones a la Corte en cuanto a cualquier disputa de privilegio entre las partes (incluyendo cualquier afirmación formal de privilegio ejecutivo)”.
La orden de la jueza indica que revisará “todos” los documentos incautados, entre los cuales hay varios con etiquetas de “alto secreto”, “secreto” y “clasificado”.
Dearie deberá identificar los artículos o documentos personales y los registros presidenciales y hacer recomendaciones a la Corte en cuanto a cualquier clasificación, y evaluará los reclamos para la devolución de propiedad.
La jueza establece reglas precisas para el manejo de los documentos que los abogados del demandante (Trump) consideran que están sujetos a los privilegios de la relación abogado-cliente y para las objeciones que puedan surgir.
También fija lo que la parte demandada (el Gobierno) debe hacer respecto a los materiales incautados, excepto los identificados por la revisión de privilegios, incluyendo proporcionar copias del material no marcado como clasificado a los abogados de Trump y darles acceso controlado a los otros.
Cannon ordenó que el “magistrado especial” y las partes “darán prioridad, por cuestiones de tiempo, a los documentos marcados como clasificados, y el Auxiliar Especial deberá presentar informes intermedios y recomendaciones según corresponda”.
(Con información de EFE)
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