El presidente Joe Biden firmó el jueves una orden ejecutiva que, según funcionarios del gobierno, apunta a agudizar las consideraciones de seguridad nacional tomadas en el proceso de revisión del gobierno federal para la inversión extranjera en Estados Unidos.
Los funcionarios de la administración dijeron que la orden reforzará la supervisión del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos, un grupo interinstitucional encargado de revisar acuerdos y fusiones que involucran a personas y entidades extranjeras.
El comité, conocido como CFIUS, está integrado por miembros de los departamentos de Estado, Defensa, Justicia, Comercio, Energía y Seguridad Nacional y está encabezado por la secretaria del Tesoro. Envía sus hallazgos y una recomendación al presidente, quien tiene el poder de suspender o prohibir un trato.
Si bien la Casa Blanca dijo que el nuevo pedido no está dirigido a ningún país en particular, se produce en medio de una creciente preocupación entre los funcionarios estadounidenses sobre las inversiones de China en el sector tecnológico estadounidense y otras industrias.
La orden exige que CFIUS evalúe si una inversión o venta extranjera podría afectar la resistencia de las cadenas de suministro críticas de EEUU y el impacto que podría tener en el liderazgo tecnológico de EEUU en áreas que afectan la seguridad nacional de EEUU y en tendencias de inversión más amplias.
También pide a CFIUS que considere los riesgos de seguridad cibernética que podrían derivarse de una transacción y estipula que también se deben considerar los riesgos para los datos confidenciales de los residentes de EEUU.
“La orden ejecutiva del presidente Biden destaca la creciente atención de CFIUS a los riesgos de seguridad nacional en varias áreas clave y agudiza el enfoque del comité en proteger la seguridad nacional de Estados Unidos, mientras mantiene la política de inversión abierta de Estados Unidos”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un comunicado. “Fortalecer nuestras cadenas de suministro y protegernos contra amenazas extranjeras mejora nuestra seguridad nacional, y esta orden ejecutiva destaca el importante papel de CFIUS en ese trabajo”.
La orden ejecutiva de Biden se produce después de que el papel de supervisión de la inversión extranjera de CFIUS se ampliara significativamente con la legislación de 2018 aprobada por el Congreso.
CFIUS ya ha estado considerando muchos de los criterios establecidos en la orden ejecutiva de Biden, según altos funcionarios de la administración, quienes informaron a los periodistas bajo condición de anonimato según las reglas básicas establecidas por la Casa Blanca. Pero los funcionarios agregaron que la administración espera que al resaltar públicamente y agudizar el enfoque del comité en lo que la administración ve como riesgos emergentes, brindará mayor claridad a las empresas e inversores a medida que analizan los riesgos de seguridad nacional que pueden surgir de una transacción potencial.
Antes de la legislación de 2018, CFIUS investigó casos en los que el intento de una empresa extranjera de adquirir o fusionarse con una empresa estadounidense podría representar un riesgo para la seguridad nacional. La legislación de 2018 amplió la supervisión de CFIUS para revisar ciertas empresas conjuntas, participaciones minoritarias y acuerdos inmobiliarios cerca de bases militares u otras instalaciones sensibles de seguridad nacional.
La legislación fue impulsada por las quejas de que las empresas chinas se estaban aprovechando de las lagunas en la ley de los EEUU y obteniendo tecnología de manera inapropiada y posiblemente información confidencial. Los legisladores estadounidenses también expresaron su preocupación de que las empresas chinas estuvieran utilizando empresas conjuntas con empresas extranjeras o participaciones minoritarias en empresas para obtener acceso a tecnología sensible.
Un informe anual del Departamento del Tesoro publicado en agosto mostró que los inversores chinos duplicaron con creces la cantidad de solicitudes que presentaron en 2021 en busca de autorización regulatoria de EEUU para acuerdos propuestos.
(Con información de AP)
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