Joe Biden anunciará medidas para combatir el cambio climático

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará una serie de medidas para combatir el cambio climático en un discurso este miércoles, según adelantó un funcionario de la Casa Blanca.

Biden, quien hablará desde una antigua central eléctrica de carbón en Massachusetts, dejará claro que se está agotando el tiempo para hacer frente a la “amenaza existencial” del calentamiento global en Estados Unidos y en todo el mundo, dijo el funcionario, bajo condición de anonimato.

El presidente también debe advertir que “ya que el Congreso no actuará en esta emergencia, lo hará él”, añadió la fuente.

Pero no se espera, al menos por el momento, que declare el estado de emergencia climática, una designación que le daría más poder político.

Entre las órdenes ejecutivas que se espera que dé a conocer se encuentran fondos adicionales para ayudar a proteger las regiones que se enfrentan al calor extremo y medidas para impulsar la producción de energía eólica en Estados Unidos.

Los esfuerzos forman parte de los objetivos de la administración para alejar “el sector energético estadounidense de la contaminación, la injusticia medioambiental y las volátiles oscilaciones de precios del pasado”, dijo el funcionario de la Casa Blanca, y “hacia los empleos bien remunerados, los costes más bajos y la seguridad energética del futuro”.

Biden comenzó su mandato el año pasado prometiendo cumplir las promesas de campaña para hacer frente a la crisis climática mundial, pero su programa se ha enfrentado a un golpe tras otro del Congreso y el Tribunal Supremo.

En su primer día en el cargo, Biden firmó una orden ejecutiva para que Estados Unidos volviera a adherirse al Acuerdo Climático de París, a lo que siguió el ambicioso anuncio de que se proponía reducir en 2030 la contaminación neta de gases de efecto invernadero en un 50-52 por ciento respecto a los niveles de 2005.

Sin embargo, su ley emblemática Build Back Better (Reconstruir mejor), que habría incluido 550.000 millones de dólares para energías limpias y otras iniciativas climáticas, está prácticamente muerta tras no recibir el respaldo necesario en el Congreso, ya que el senador demócrata Joe Manchin dijo que no apoyaría el proyecto.

Y el mes pasado, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, dictaminó que la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) no puede dictar amplias normas sobre gases de efecto invernadero sin la aprobación del Congreso, lo que le restó mucho poder a la rama ejecutiva.

El gobierno de Biden ha enmarcado las políticas climáticas como una cuestión de seguridad nacional, que se ha hecho más urgente por el aumento de los precios de los combustibles tras la invasión rusa de Ucrania. “No sólo afecta a nuestras infraestructuras... Tiene un impacto en nuestra preparación”, dijo el martes el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby.

También el martes, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló la ola de calor extremo que atormenta a Europa esta semana -con una temperatura de 40 grados centígrados en Gran Bretaña- como una prueba más de que la acción climática no puede esperar. “Estamos comprometidos a aprovechar este momento y hacer todo lo que podamos, incluso en la escena mundial”, dijo Price a los periodistas, “para garantizar que esta década decisiva no pase sin que tomemos las medidas adecuadas”.

Qué se podría hacer con una declaración de Emergencia

Los demócratas y activistas ambientales están ejerciendo presión sobre Biden para que declare una “emergencia climática” y desbloquee amplios poderes para combatir la crisis.

Una declaración de emergencia por parte de Biden activaría los poderes establecidos por un conjunto de leyes federales, incluidos los estatutos de energía, la Ley Nacional de Emergencias y la Ley Stafford de Asistencia de Emergencia y Ayuda en Casos de Desastre, que el presidente podría ejercer para abordar la crisis climática.

Con ella, Biden podría restringir o bloquear las exportaciones de crudo gracias a una exención de seguridad nacional en una ley de 2015 que le permitiría volver a imponer requisitos de licencia y otras restricciones a esos flujos. Al mismo tiempo, la Ley de Seguridad de la Aviación y el Transporte, promulgada después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, podría facultarlo para coordinar el transporte nacional de manera que limite el movimiento de combustibles fósiles.

Según la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior que rige el desarrollo energético en las aguas costeras de EEUU, también podría suspender la perforación en alta mar, incluso en los arrendamientos existentes. Esa disposición se invocó para suspender alguna actividad a raíz del desastre de Deepwater Horizon en 2010.

En cuanto a las energías limpias, una emergencia climática permitiría a Biden aprovechar una ley que generalmente se usa después de grandes huracanes y otros desastres naturales, la Ley Stafford de Asistencia de Emergencia y Ayuda para Desastres, para ordenar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que construya proyectos de energía renovable con dinero federal. FEMA cuenta con un presupuesto de US$19.000 millones para el año fiscal 2022 para abordar los desastres en curso, según el Centro para la Diversidad Biológica, un grupo ambientalista que insta a la medida.

Biden también podría usar la Ley de Producción de Defensa de la era de la Guerra Fría y el presupuesto federal de adquisiciones de USD 650.000 millones por año para fabricar tecnologías de transporte limpias y generar energía renovable, según un informe del centro. El presidente utilizó la misma ley para impulsar la producción de fórmula para bebés en medio de una escasez nacional. Sin embargo. la ley contempla específicamente la producción de energía; el estatuto destaca de manera única la energía renovable y el almacenamiento como materiales críticos para la defensa nacional.

¿Qué no podría hacer? Algunas de las herramientas más poderosas para impulsar proyectos de energía renovable y fabricación de energía avanzada fueron los créditos fiscales, ahora bloqueados en el Congreso, que no se pueden duplicar fácilmente a través de una orden ejecutiva. Cualquier financiamiento federal dirigido al sector es finito y puede terminar rápidamente una vez que un nuevo presidente esté en el cargo.

Detener la producción en los arrendamientos de petróleo y gas existentes también es complicado. El Gobierno podría tener que compensar a las compañías petroleras por los arrendamientos suspendidos o cancelados que pagaron por cientos de millones de dólares que ya no podrán usar. Eso podría ser un anatema para los activistas climáticos, así como para los conservadores fiscales.

No obstante, cualquier medida para detener la producción de petróleo y gas podría ser políticamente desastrosa para Biden, cuya Administración trabajan actualmente en reducir los altos precios de los combustibles antes de las elecciones de mitad de período, además de su promesa de impulsar los flujos de energía a los aliados europeos luego de la invasión de Rusia a Ucrania.

Y si bien existe un precedente para el uso de una declaración de emergencia nacional de manera creativa, por ejemplo, el expresidente Donald Trump lo hizo para desviar fondos de construcción militar para construir un muro a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México, el poder no tiene límites. Los esfuerzos seguramente se pondrán a prueba en los tribunales federales que han sido remodelados por la confirmación de los juristas conservadores nominados por Trump. La Corte Suprema acaba de subrayar ese riesgo con su fallo de 6-3 que erosiona la flexibilidad de la Agencia de Protección Ambiental para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas.

“Aunque los tribunales generalmente han dado a los presidentes una amplia libertad en las declaraciones de emergencia”, los grandes pasos para limitar la producción, el transporte y el consumo de combustibles fósiles “podrían ser vulnerables a desafíos legales”, dijo Benjamin Salisbury, director de investigación de Height Capital Markets.

(Con información de AFP y Bloomberg)

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