La Policía de Phoenix (Arizona, EEUU) dispersó con gas lacrimógeno a manifestantes que se habían concentrado en la noche del viernes frente al parlamento estatal para protestar contra el fallo del Tribunal Supremo que acaba con el derecho al aborto.
En un comunicado, la Policía explicó que se había empleado gas lacrimógeno después de que los manifestantes “intentaran romper el cristal” de los grandes ventanales del parlamento estatal.
Según muestra el video que publicó en Twitter la senadora estatal republicana Michelle Ugenti-Rita, decenas de personas estaban fuera del edificio y algunas golpeaban con fuerza los cristales mientras se oía a alguien gritar: “¡Aparténse de las puertas ahora mismo!”.
Como resultado, el Senado estatal que estaba reunido tuvo que interrumpir la sesión.
En un mensaje en Twitter, la senadora estatal republicana Kelly Townsend denunció que los manifestantes estaban manteniendo a los legisladores como “rehenes” dentro del edificio del Senado.
“Se puede oler el gas lacrimógeno y los niños de uno de los miembros (del parlamento) están en su oficina llorando de miedo”, aseguró Townsend.
Posteriormente, la senadora colgó fotos en la que se podía ver a los legisladores reunidos en otra sala y dijo que “estaban bien”, dispuestos a continuar con el trabajo.
Una vez que la policía dispersó a los manifestantes de los alrededores del parlamento estatal, estos se dirigieron hacia una plaza que está en frente y que se conoce como Wesley Bolin.
En su comunicado, la policía aseguró que los manifestantes atacaron algunos de los monumentos de la plaza Wesley Bolin y se volvió a usar gas lacrimógeno para dispersarlos.
La de Phoenix es una de las decenas de manifestaciones que se convocaron en la noche del último viernes en protesta por el fallo del Tribunal Supremo que elimina la protección federal del derecho al aborto, lo que ha permitido que varios estados restrinjan ya ese derecho.
El fallo ha generado un gran nivel de confusión y las clínicas de algunos estados, como las de Arizona, han dejado de practicar abortos por miedo a enfrentarse a consecuencias penales.
En concreto, esas clínicas temen una ley de 1901, proclamada 11 años antes de que Arizona fuera un estado, y que establece que cualquiera que facilite un aborto puede ser sentenciado a entre dos y cinco años de prisión.
Algunos republicanos de Arizona argumentan que esa ley ha entrado en vigor automáticamente tras el fallo del Tribunal Supremo, aunque los demócratas difieren.
Aparte, existe en Arizona otra ley que prohíbe el aborto a las 15 semanas de gestación y que está previsto que entre en vigor en septiembre.
(Con información de EFE)
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