EEUU impuso sanciones a funcionarios de la dictadura cubana que participaron de las condenas a cientos de manifestantes opositores

El Departamento de Estado resaltó que su decisión es “en respuesta a las acciones que niegan a los cubanos sus derechos humanos básicos y libertades fundamentales”

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EEUU impuso sanciones a funcionarios
EEUU impuso sanciones a funcionarios de la dictadura cubana que participaron de las condenas a cientos de manifestantes opositores

Estados Unidos impuso nuevas sanciones a cinco funcionarios del régimen cubano involucrados en los juicios y las condenas a cientos de personas que se manifestaron contra el régimen castrista en las históricas protestas del 11 de julio de 2021.

En un comunicado, el Departamento de Estado norteamericano resaltó que tomó “estas medidas para imponer restricciones de visado a cinco funcionarios cubanos en virtud de la Proclamación Presidencial 5377, que suspende la entrada de no inmigrantes a los Estados Unidos de funcionarios y empleados del gobierno cubano”.

“Estos cinco funcionarios están relacionados con los juicios injustos, la condena y el encarcelamiento injustos de manifestantes pacíficos del 11 de julio de 2021. Este anuncio de restricciones de visado se produce en respuesta a las acciones de los funcionarios del gobierno cubano que niegan a los cubanos sus derechos humanos básicos y libertades fundamentales”, resaltó el departamento que conduce Antony Blinken.

La misiva además destacó que “las acciones se basan en los esfuerzos anteriores para promover la responsabilidad de los funcionarios cubanos que permiten los abusos de los derechos humanos del gobierno y la represión, incluyendo cuatro acciones de sanciones del Departamento del Tesoro promulgadas desde el 11 de julio, y los anuncios del Departamento del 30 de noviembre de 2021 y del 6 de enero de 2022, de medidas para imponer restricciones de visado. Estas medidas subrayan nuestro compromiso de apoyar al pueblo cubano”.

El Departamento de Estado norteamericano
El Departamento de Estado norteamericano resaltó que tomó “estas medidas para imponer restricciones de visado a cinco funcionarios cubanos

Esta semana, la Fiscalía General de la República de Cuba (FGR) informó que hasta el momento los tribunales del país han emitido 76 sentencias en firme contra 381 personas por las manifestaciones contra la dictadura del pasado 11 de julio (11J).

El 78% de los sancionados (297) obtuvo penas de hasta 25 años de prisión, según informó la FGR en una nota de prensa difundida el lunes por la prensa oficial. Entre los condenados hay jóvenes de entre 16 y 18 años. La edad mínima penal en Cuba es de 16.

La mayoría de los delitos por los que fueron acusados son sedición; sabotaje; robo con fuerza y violencia; atentado; desacato y desórdenes públicos. Un total de 36 manifestantes fueron condenados por sedición y se les impuso penas que van de los 5 a los 25 años de cárcel.

Según la Fiscalía, a 84 personas se les subsidió la privación de la libertad por otro tipo de sanciones como trabajo correccional con y sin internamiento, y limitación de libertad. Entre ellas hay 15 jóvenes entre los 16 y los 18 años.

El Departamento de Estado resaltó
El Departamento de Estado resaltó que su decisión es “en respuesta a las acciones que niegan a los cubanos sus derechos humanos básicos y libertades fundamentales”

La nota de la FGR no aclara cuál es el total de personas entre 16 y 18 que han sido condenadas.

Los números dados a conocer el lunes no coinciden con los que han publicado distintas ONG desde que se comenzaron a suceder los juicios por el 11J a finales de 2021.

Prisoners Defenders apuntó el pasado 8 de junio que un total de 168 manifestantes han sido procesados solamente por el delito de sedición. Y que 246 cuentan con penas firmes de prisión de 10 años o más.

A finales de mayo, la organización Justicia 11J informó que 519 de las 564 personas que han sido juzgadas en Cuba por las manifestaciones –un 92%– fueron condenadas y 40 aún esperan su sentencia.

La Fiscalía General de Cuba aseguró en enero que se han procesado a 790 personas, de las cuales 55 tienen entre 16 y 17 años.

Familiares de los condenados y ONG han criticado estas acciones, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas. Los medios extranjeros no tienen acceso a los juicios. Amnistía Internacional solicitó poder asistir a los procesos.

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