La decisión de la Casa Blanca de dejar fuera de esta Cumbre de las Américas a los gobiernos autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua no sólo tuvo un fundamento político sino también económico, argumentó ante Infobae una funcionaria del gobierno estadounidense.
“Reafirmar el compromiso para proteger la gobernanza democrática va a dar la oportunidad al sector privado de poder traer más inversiones y trabajar en el plan de desarrollo económico que anunció el presidente Biden”, dijo Debbie Mucarsel-Powell, una ecuatoriana-estadounidense que fue legisladora demócrata por la Florida y hoy es asesora especial de Joe Biden para la Cumbre de las Américas.
En respuesta a quienes recordaron que otro presidente demócrata, Barack Obama, había dado su aval para que Raúl Castro asistiera a la Cumbre de Panamá en 2015, Mucarsel-Powell explicó: “Estamos en un momento completamente distinto ahora donde vemos las amenazas a la gobernanza democrática mucho más grandes. Un mundo donde Rusia agredió a Ucrania, donde la desinformación amenaza la sociedad civil dividiendo, creando caos, amenazando instituciones democráticas y por eso es importante recordar que cuando se inició esta cumbre en 1994, su pilar, su foco, era proteger la gobernanza democrática, proteger el derecho de los ciudadanos a elecciones libres, la separación de las ramas de gobierno... Soy optimista de que los países que están participando van a salir con ese compromiso para poder hacer que la región crezca económicamente”.
En su discurso inaugural de la Cumbre, el presidente de Estados Unidos lanzó la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Mucarsel-Powell explicó que sus primeros pasos serán “reforzar la cadena de suministros afectada por la pandemia y la seguridad en los puertos que permitan reforzar los intercambios comerciales con los países del Mercosur, por ejemplo”.
Además, aseguró que habrá “entrenamiento laboral y empoderamiento de las mujeres que no tienen acceso hasta ahora a finanzas ni a créditos para que puedan participar del comercio”. Pero hay un punto en el que el gobierno estadounidense pone especial énfasis: “Estamos conversando con el sector privado para que traigan sus fábricas que están en China u otros países a países en Centro y Sudamérica, pero respetando las leyes laborales de Estados Unidos y de esos países”.
Un vehículo esencial para lograr esta mudanza al near shore de las inversiones estadounidenses preocupadas por la disrupción en la cadena comercial que significaron la pandemia y la invasión rusa a Ucrania será el BID, como explicó su presidente, Mauricio Claver-Carone, en una entrevista con Infobae.
“Nuestra meta es equiparar la cartera soberana y la cartera del sector privado, que básicamente duplicaría la financiación que estamos llevando a cabo”, señaló Claver-Carone.
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