La jueza de California, Laurel Beeler, accedió al pedido del ex presidente del Perú, Alejandro Toledo, de suspender -al menos de manera temporal- su extradición a su país de origen. Toledo lleva años residiendo en los Estados Unidos, y en 2018 Perú pidió su extradición por cargos de corrupción. Si bien Estados Unidos aún no lo ha extraditado, desde 2019 lo tiene detenido por este mismo delito.
Toledo fue presidente de Perú entre 2001 y 2006. En ese período se le acusa de haber aceptado cerca de 35 millones de dólares como soborno por la construcción de una autopista entre Brasil y Perú de parte de la constructora Odebrecht, envuelta en escándalos en varios países por el pago de sobornos en toda la región.
Una semana atrás, Beeler le había negado a Toledo un pedido de habeas corpus, que es una petición para que la persona bajo arresto pueda ser llevada ante un juez o una corte. Esa solicitud la había hecho precisamente para evitar una extradición. Al ser rechazado, Toledo le adelantó a la jueza que apelaría la decisión y le pidió que mantuviera todo en suspenso mientras esa apelación se resolvía. Es allí de donde viene la suspensión temporal de la extradición.
La movida simplemente le da más tiempo a Toledo, quien lleva años haciendo todo lo posible para evitar la extradición. Si bien el que ejecuta las extradiciones es el departamento de estado, que tiene la potestad de hacerlo incluso cuando hay apelaciones pendientes, se requiere que haya una orden de un juez acreditando la apelación para poder llevarla a cabo.
A finales de septiembre, otro juez, el magistrado Thomas Hixon, certificó la extradición de Toledo. De inmediato los abogados del ex mandatario entablaron un recurso de hábeas corpus alegando que está detenido de manera ilegal, poniendo dudas sobre el proceso. Si bien con esto es suficiente para que el departamento de estado determine la extradición, es improbable que lo hagan con una demanda pendiente. Toledo alega, además, que Perú no lo ha demandado oficialmente por corrupción y que no ha entregado documentos al respecto. Según dicen los abogados defensores, sin dichos papeles no se puede llevar adelante la extradición bajo los términos del acuerdo que mantienen Estados Unidos y Perú, un argumento legal que algunos letrados ponen en duda.
Si bien Toledo reconoció saber del pago de Odebrecht de más de 34 millones de dólares en coimas, asegura que él es inocente y que el negociado fue llevado adelante por el fallecido empresario Josef Maiman, quien según Toledo es quien se quedó con el dinero utilizando falsamente su nombre.
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