La Administración de Archivos Nacionales y Registros de EE.UU. pidió al Departamento de Justicia que investigue al expresidente Donald Trump (2017-2021) por llevarse de la Casa Blanca varias cajas de documentos, según informaron este miércoles medios locales citando a fuentes oficiales.
Dichas fuentes explicaron que el Departamento de Justicia todavía está analizando la petición, por lo que no ha tomado una decisión al respecto.
Archivos Nacionales hizo esta petición tras recuperar en enero 15 cajas con documentos y otros artículos, incluidas cartas al líder norcoreano Kim Jong-un, que estaban en la residencia de Trump en Mar-a-Lago (Florida).
Cuando abandonan el poder, los presidentes estadounidenses deben entregar a los Archivos Nacionales todas las cartas, notas, correos electrónicos y otras comunicaciones por escrito que estén relacionadas con sus funciones oficiales como mandatario, para su conservación.
El hecho de que Trump se llevara esas cajas a Florida plantea dudas sobre si pudo violar la Ley de Registros Presidenciales, que requiere la conservación de esos documentos, aunque la capacidad de los Archivos Nacionales de penalizar a quienes infrinjan la legislación es muy limitada.
Según explicaron asesores de Trump al The Washington Post bajo condición de anonimato, las cajas contenían regalos, cartas de líderes mundiales y otro tipo de correspondencia, pero negaron que el expresidente actuara con malicia.
Entre los documentos había correspondencia que le envió el líder norcoreano durante el proceso de deshielo bilateral, y que Trump describió en una ocasión como “cartas de amor”; así como una misiva que le dejó en el Despacho Oval su predecesor, Barack Obama (2009-2017).
Llevarse esas cajas no ha sido el único problema que ha planteado Trump a los Archivos Nacionales: el expresidente rompía a menudo en pedazos documentos oficiales, que se enviaron a esa agencia estadounidense todavía en trozos o pegados, según el Post.
Algunos de esos documentos rotos y después pegados con celofán están entre los que recibió el mes pasado el comité de la Cámara Baja que investiga el asalto al Capitolio de enero de 2021, de acuerdo con el rotativo.
La ley contempla penas de hasta tres años de cárcel para quienes actúen con malicia a la hora de ocultar o destruir documentos, pero demostrar eso es difícil y los expertos consultados por el Post ven muy improbable que haya consecuencias de lo sucedido para Trump.
(con información de EFE)
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