La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que un grupo de clínicas que practican abortos continúen en instancias inferiores su desafío a la ley de Texas que prohíbe la mayoría de interrupciones del embarazo después de las seis semanas. La máxima instancia judicial de EE.UU., sin embargo, permitió que siga en vigor la polémica ley texana mientras continúa esa batalla legal.
La decisión elimina los obstáculos procesales que hasta ahora han impedido que los jueces de los tribunales federales bloqueen esta legislación estatal, a pesar de que viola la jurisprudencia de la Corte Suprema.
El ley de Texas, vigente desde el 1 de septiembre, prohíbe a la mujeres de este estado conservador abortar después de las seis semanas de gestación, incluso en caso de incesto o violación.
La Corte Suprema reconoció en 1973, y confirmó en 1992, el derecho de las mujeres estadounidenses a tener un aborto mientras el feto no sea viable, es decir alrededor de las 22 a 24 semanas de embarazo.
Pero la legislación texana presenta un dispositivo excepcional, que hasta ahora ha complicado la intervención de la justicia federal.
La ley de Texas encomienda a los ciudadanos “exclusivamente” la tarea de hacer cumplir la prohibición de abortar después de las seis semanas, alentándolos a emprender acciones civiles contra las personas y organizaciones que ayudan a las mujeres a interrumpir el embarazo, prometiéndoles a cambio una indemnización de 10.000 dólares.
Llamada a pronunciarse sobre el tema al entrar en vigor la ley, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, se amparó detrás de estas “nuevas cuestiones de procedimiento” para negarse a intervenir.
Su inacción, vista como una señal de la influencia de los tres magistrados designados por el expresidente republicano Donald Trump, había sido fuertemente criticada por la izquierda. El presidente demócrata Joe Biden criticó una decisión que “insulta el estado de derecho”.
Pero desde entonces se intensificó la batalla legal, obligando al máximo tribunal a tomar el caso.
Durante una audiencia el 1 de noviembre, los jueces de la Corte Suprema mostraron en su mayoría escepticismo sobre el mecanismo de la ley de Texas.
Finalmente, este viernes “ocho miembros de la Corte coinciden en que” el principio que ampara la soberanía de los 50 estados “no impide los procesameintos en tribunales federales”, según su decisión, que solamente no apoyó el juez conservador Clarence Thomas.
El presidente de la Corte, John Roberts, y los tres magistrados progresistas, agregaron, en un texto aparte, desear que los tribunales bloqueen rápidamente esta ley “dados sus efectos siniestros y persistentes”.
La decisión, que se anuncia poco menos de una semana después que el máximo tribunal indicó que retrotraería los derechos al aborto y posiblemente anularía su histórica decisión Roe v. Wade, fue recibida con consternación por los partidarios del derecho al aborto.
Los grupos dicen que el fallo, al limitar cuáles funcionarios estatales pueden ser demandados por las clínicas, no provee un sendero para bloquear efectivamente a ley.
“La Corte Suprema esencialmente ha dado luz verde al cínico sistema de Texas y previene que las cortes federales bloqueen una ley inconstitucional”, dijo el Center for Reproductive Rights, que representa a las clínicas en Texas, en un mensaje en Twitter.
Una ley inconstitucional
Un juez de Texas ha dictaminado este jueves que la ley estatal es inconstitucional porque permite a ciudadanos privados demandar a los proveedores de servicios de aborto.
David Peeples, un juez estatal de la ciudad de Austin, capital del estado de Texas, el segundo más poblado de Estados Unidos, se ha pronunciado sobre el método de aplicación que emplea la ley.
Por su parte, el grupo anti-aborto Texas Right to Life ha anunciado que presentará una apelación contra el fallo, según ha dicho el director de la organización, John Seago, tal y como recoge el diario local ‘Texas Tribune’.
Con información de EFE, Europa Press, AP y AFP
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