La política de obligatoriedad de las vacunas para los trabajadores de la salud, decretada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue suspendida de forma temporal después de que un juez federal emitió el sábado un fallo en contra de la medida.
Así, el juez federal de Luisiana emitió un fallo que provoca la marcha atrás de la normativa para los empleados de la salud a nivel nacional pero que trabajen en centros que reciban fondos federales.
Este fallo se produce después de una decisión similar tomada por el juez federal con sede en Missouri por la cual se bloquea la obligatoriedad de vacunación para los trabajadores de la salud en diez estados del país.
Por otro lado, desde Kentucky se hizo lo propio para aquellos contratistas federales del propio estado, así como de Ohio y Tennessee, recoge el diario estadounidense ‘The Hill’, que apunta que estos son tan sólo los últimos reveses que ha recibido esta norma, criticada desde su nacimiento.
Tras esta decisión, la fiscal general de Virginia Patrick Morrisey celebró en un comunicado lo que considera una “decisión sensata” que fomenta “las libertades individuales de los trabajadores de la salud”.
“Nuestro grupo (los republicanos) impidió con éxito que este mandato entre en vigor por el momento, y creemos que el mandato se anulará permanentemente en el futuro”, adelantó Morrisey.
Bien es cierto que los fallos contra el mandato de los trabajadores de la salud mencionaban una serie de preocupaciones sobre que esta política podría conducir a una escasez de personal en base al número de empleados que se oponen a las vacunas.
Desde la Casa Blanca argumentan que la medida es necesaria para frenar la propagación de la COVID-19 entre el personal sanitario que está en primera línea de acción contra el virus, y más ahora con la aparición de la nueva variante Ómicron.
El pasado 12 de agosto el Departamento de Salud de Estados Unidos anunció que se requerirá que los empleados que cuiden o provean servicios médicos a pacientes se vacunen obligatoriamente contra el coronavirus.
La orden del secretario de Salud, Xavier Becerra, afecta a más de 25.000 trabajadores médicos, contratistas, científicos, voluntarios y empleados en entrenamientos con los servicios federales de salud. Es aplicable a todos los empleados que interactúan regularmente con pacientes o cuyo trabajo pudiera poner a empleados en contacto con pacientes.
“Nuestro objetivo número uno es la salud y la seguridad del público estadounidense, incluida nuestra fuerza de trabajo federal”, dijo Becerra.
“Requerir que nuestra fuerza laboral se vacune protegerá a nuestros trabajadores federales, además de los pacientes y las personas a quienes atienden”, agregó, en una declaración.
(Con información de Europa Press)
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