Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos suspendió el sábado la obligación de vacunar contra el COVID-19 a los empleados de empresas de más de 100 personas, instaurada por el gobierno de Joe Biden, mientras examina posibles “problemas constitucionales graves”.
La medida del presidente de Estados Unidos dispone que decenas de millones de empleados sean vacunados contra el covid-19 antes del 4 de enero, bajo pena de tener que someterse a pruebas muy regulares.
Anunciada a mediados de septiembre, fue adoptada esta semana por el gobierno, y fue inmediatamente impugnada en los tribunales en particular por el estado de Texas, controlado por los republicanos, opuestos a toda obligación de vacunación para luchar contra la pandemia del coronavirus.
Se trata en consecuencia de un gran revés para Joe Biden, quien acababa de lograr su primera gran victoria legislativa con la adopción en el Congreso, el viernes, de su plan de inversión en infraestructura.
En su decisión, la corte federal de apelaciones de Texas dictaminó que los demandantes habían “dado argumentos que sugerían que existen serios problemas constitucionales y procesales” con el texto del gobierno.
Por tanto, la medida queda “suspendida” en espera de que el tribunal lo examine sobre el fondo.
“Podremos desafiar el abuso de poder inconstitucional de Biden en la corte”, comentó el gobernador conservador de Texas, Greg Abbott, en Twitter.
El presidente hizo el anuncio el jueves, y consistía en una disposición para que las empresas privadas con más de 100 empleados garantizaran que todos estuvieran vacunados a partir del 4 de enero. En caso de no querer vacunarse, los trabajadores de estas grandes empresas deberán someterse a pruebas semanales y también llevar mascarilla todo el tiempo.
Se trataba de la medida más significativa aplicada hasta ahora en el ámbito laboral contra la pandemia por el Gobierno, ya que podía afectar a hasta 84 millones de trabajadores del sector privado, según cálculos de la Casa Blanca, en un intento por frenar una epidemia que está minando la recuperación económica.
Además de garantizar que los trabajadores estén vacunados o se sometan a pruebas regulares a partir del 4 de enero, las empresas privadas deberán permitir que los empleados que así lo deseen reciban el suero en horario laboral.
Funcionarios del sistema de salud afirmaron, además, que con este mandato esperan prevenir “miles” de muertes y unas 250.000 hospitalizaciones en Estados Unidos.
Cerca de un 66 % de la población adulta en Estados Unidos está ya vacunada con al menos una dosis, una cifra que ha subido en los últimos meses desde que el Gobierno empezó a poner presión a las empresas para que forzasen a sus trabajadores a recibir el suero.
Varias empresas, entre ellas el gigante cárnico Tyson Foods o la aerolínea United Airlines, ya habían preparado el terreno al imponer estas obligaciones a sus empleados desde finales de septiembre.
El más reciente, el fabricante de automóviles Ford, exigió que sus 32.000 empleados estuvieran vacunados antes del 8 de diciembre salvo en el caso de exención religiosa o médica, según varios medios estadounidenses.
Con información de AFP
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