Joe Biden logró un acuerdo marco para su ley económica y medioambiental pero aún enfrenta resistencia interna

El presidente Joe Biden retrasó su partida hacia Roma, donde inicia una gira europea que se incia con el encuentro con el papa Francisco y terminará en Glasgow, Escocia, para asistir a la crucial cumbre de cambio climático, la COP26, donde lo esperan con grandes expectativas. Lo hizo para intentar dar el empujón final en el Congreso a su amplio proyecto de ley económica y medioambiental de 1,85 billones de dólares. Antes de salir hacia el Capitol Hill dijo que la ley determinaría el destino de su presidencia y el de su partido en el Congreso, y que su éxito restauraría la posición del país en la escena mundial. Si no le votan las leyes, Biden podría llegar con las manos vacías a la cumbre. Si lo logra, podrá presionar a China y otros países en desarrollo para que aumenten su compromiso en detener el cambio climático.

Todavía queda por ver cuánto queda realmente de las partes importantes de la legislación denominada Build Back Better (reconstruir mejor) mientras continúa la puja entre legisladores progresistas y conservadores dentro de los propios demócratas. “Nadie consiguió todo lo que quería, incluido yo”, dijo Biden en la Sala Este de la Casa Blanca. “Pero eso es el compromiso. Eso es el consenso. Y en eso me basé para emprender esta presidencia”. En principio, parecería haber convencido a los más liberales encabezados por el senador y ex candidato presidencial, Bernie Sanders, de que voten a favor de un proyecto de ley de infraestructura separado de 1 billón de dólares que ya fue aprobado por el Senado. Sanders se negaba a apoyar esta ley si no le garantizaban que saldría también la otra, la más importante. El ex presidente Barack Obama se sumó para meter presión y dijo en un comunicado que era un deber de los demócratas apoyar estos proyectos que constituyen “un paso de gigante”. También continúa la resistencia de los senadores Joe Manchin III, de Virginia Occidental, y Kyrsten Sinema, de Arizona, del ala más comprometida con los intereses de la industria petrolera y minera del país, aunque en principio dieron su visto bueno al acuerdo marco.

El paquete acordado hasta el momento es considerablemente más modesto que la expansión de la red de seguridad social “desde la cuna hasta la tumba” que el presidente imaginó inicialmente, ya que se eliminaron algunos de los ambiciosos programas sobre el cambio climático, una amplia expansión del seguro médico o Medicare y dos años de universidad comunitaria gratuita. De todos modos, todavía están firmes las disposiciones para proporcionar educación preescolar universal a más de seis millones de niños de 3 y 4 años y los subsidios para limitar los costos de las guarderías a no más del 7% de los ingresos de las familias.

El marco propuesto incluye 555.000 millones de dólares en incentivos, inversiones y créditos fiscales destinados a impulsar el despliegue de energías renovables como la solar y la eólica, así como una exención fiscal que entregará hasta 12.500 dólares a quienes compren un coche eléctrico. El proyecto de ley ayudará a desplegar nuevos autobuses y camiones eléctricos, mejorar la infraestructura de las comunidades ante incendios forestales e inundaciones y a emplear a 300.000 personas en un nuevo “cuerpo civil del clima”. De acuerdo a la Casa Blanca con la puesta en práctica de estos proyectos se recortará las emisiones de gases contaminantes en 1.000 millones de toneladas para 2030 y acercará significativamente a Estados Unidos a su objetivo de reducir la contaminación por carbono a la mitad en esta década. Biden aseguró que el proyecto de ley representará “la inversión más importante para hacer frente a la crisis climática de la historia” y “transformará verdaderamente esta nación”. “Vamos a dejar de fabricar paneles solares y levantar parques eólicos como única solución”, dijo el presidente, y añadió que el paquete ayudará a duplicar el número de coches eléctricos en las autopistas estadounidenses en un plazo de tres años y proporcionará 500.000 nuevas estaciones de carga para esos vehículos. “Vamos a ser de nuevo los innovadores. Es un gran negocio”.

De acuerdo al New York Times, durante las negociaciones para llegar a este acuerdo marco, el senador Manchin, muy vinculado a la industria del carbón de su estado, consiguió eliminar del proyecto de ley un sistema que habría acabado con los combustibles fósiles que alimentan la red eléctrica estadounidense. Esa enmienda era la responsable de un tercio de los recortes de emisiones en la versión original de la legislación. El acuerdo tampoco incluye las tasas que pagan los productores de petróleo y gas cuando emiten metano, un potente gas de efecto invernadero. Manchin también se opuso a esta tasa en el proyecto de ley original y rechazó la propuesta de incluir un impuesto o precio sobre las emisiones de carbono. De todos modos, la Agencia de Protección Medioambiental podría regular las emisiones de metano a través de sus actuales competencias. “Estas omisiones hacen que el marco legislativo represente una inversión histórica en energías limpias, pero que no incluya ningún mecanismo para reducir el uso de combustibles fósiles, ni siquiera para recortar las subvenciones que reciben las empresas de petróleo, carbón y gas que han provocado la crisis climática”, es la opinión del columnista del diario The Guardian.

“Dada la gran oportunidad de cancelar miles de millones de dólares en subsidios domésticos para los contaminadores de petróleo y gas, el presidente y los líderes del Congreso han dado la espalda”, dijo Mitch Jones, director de políticas de Food and Water Watch. “Un plan climático que no se enfrenta directamente a la industria del petróleo y el gas no puede considerarse significativo”. Sin embargo, los ambientalistas en general creen que el proyecto de ley, si se aprueba, representaría un importante paso adelante en la actuación contra la crisis climática, al tiempo que deja claro que se necesitarán más recortes de emisiones para evitar que Estados Unidos, y el mundo, entren en una espiral climática que convierta al planeta en inhabitable. “Es un día histórico para la gente y el planeta”, dijo a la ABC Gene Karpinski, presidente de la Liga de Votantes por la Conservación Ambiental. “El Congreso debe aprobar rápidamente la ley Build Back Better y enviarla al presidente Biden para que la firme lo antes posible, ojalá antes de que finalice la cumbre de Glasgow”.

Antes habrá que ver cómo queda la legislación con respecto a la financiación de todo el proyecto. En lugar de un impuesto sobre el patrimonio o un impuesto especial para los multimillonarios, Biden propuso un nuevo “impuesto adicional” sobre los ingresos de esas personas. Esto elevaría el tipo impositivo máximo sobre los ingresos ordinarios hasta el 45% para los que más ganan. Aquellos con ingresos brutos de más de 10 millones de dólares se enfrentarían a un impuesto adicional del 5 por ciento que se sumaría al tipo impositivo marginal del 37 por ciento que ya pagan. Los que ganan más de 25 millones de dólares tendrían un impuesto adicional del 3%. El gobierno de Biden estima que estos aumentos de impuestos afectarían al 0,02% de los contribuyentes más altos y recaudarían 230.000 millones de dólares de ingresos fiscales en una década. El plan también pretende garantizar que las personas que ganan más de 400.000 dólares no puedan utilizar lagunas jurídicas para evitar el pago de un impuesto del 3,8% sobre la asistencia sanitaria. La Casa Blanca calcula que sólo esta disposición generará 250.000 millones de dólares de ingresos fiscales en los próximos 10 años.

Habrá resistencia hasta el último momento antes del comienzo de votación que se prevé podría ser entre el lunes y el jueves próximo. “El tiempo no va a mejorar, va a empeorar muchísimo”, dijo Biden. “Es un código rojo intermitente para Estados Unidos y el mundo. No podemos dejar que la avaricia nos condene”.

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