La Corte Suprema anunció este viernes que considerará los argumentos legales sobre la ley de aborto de Texas, que es la más restrictiva del país, el 1 de noviembre, y que la ley seguirá en vigor. Sin embargo, se negó a bloquear la norma mientras tanto.
El tribunal concedió una revisión acelerada de la ley, que la administración de Joe Biden en una presentación el viernes dijo “ha eliminado prácticamente el aborto en Texas después de seis semanas de embarazo”.
El tribunal revisará la singular política de aplicación de la ley, que autoriza a los ciudadanos individuales a demandar a cualquiera que ayude a una mujer a abortar después de que se observe actividad cardíaca en el embrión, normalmente unas seis semanas, antes de que la mayoría de las mujeres siquiera sepan que están encinta. No hace excepciones por violación o incesto.
El gobierno de Joe Biden y las clínicas de aborto habían pedido al alto tribunal que revocara la ley de marras.
El Departamento de Justicia y las otras partes involucradas en el caso tuvieron hasta el 27 de octubre para presentar los resúmenes de los alegatos que pronunciarán el 1 de noviembre.
El gobierno y las clínicas de aborto afirman que la ley de Texas viola el histórico fallo de la Corte Suprema en el caso Roe vs. Wade de 1973, que consagró el derecho de la mujer al aborto.
El mes pasado la Corte Suprema, de mayoría conservadora, invocó razones procesales y decidió por 5-4 no intervenir en el bloqueo de esa ley de Texas.
El Supremo está compuesto por nueve jueces, tres progresistas y seis de tendencia conservadora, por lo que Biden, del Partido Demócrata, se enfrenta a una situación complicada.
La propia corte suprema permitió que la ley entrara en vigor en septiembre porque no se pronunció sobre una solicitud urgente para bloquearla que habían presentado clínicas de Texas.
La ley de Texas permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringe la prohibición y ofrece recompensas de hasta 10.000 dólares a cada demandante si gana el juicio.
Ese sistema ha permitido hasta ahora que las autoridades de Texas eludan la responsabilidad por la aplicación de la ley, porque el peso de la implementación está en esos ciudadanos particulares y no en los líderes conservadores que impulsaron el veto.
Ninguna otra ley similar que prohíba abortar a las seis semanas de gestación -cuando se puede detectar el latido del corazón del feto- ha entrado en vigor en Estados Unidos.
Un problema para las adolescentes
Veronika Granado estaba nerviosa, parada ante un juez, sabiendo que si decía algo equivocado las cosas pudieran acabar mal para ella, pero la joven de 17 años no había cometido ningún delito ni había presentado una demanda. Granado fue a un tribunal en Texas para pedir permiso para hacerse un aborto. Él le dijo que su religión se oponía al aborto, pero que tenía que ser imparcial como juez. Accedió a su pedido. Una semana y media más tarde, Granado tuvo el aborto.
Ella era una de los miles de adolescentes agobiadas por los obstáculos que existen en Estados Unidos para hacerse un aborto legalmente, especialmente si son de minorías o viven en estados donde el acceso al aborto esa severamente limitado. Treinta y ocho estados requieren alguna forma de consentimiento de los padres para que cualquier mujer menor de 18 años se practique un aborto. De esos, casi todos, incluso Texas, ofrecen una alternativa: pedirle a un juez su autorización para evitarse tener el permiso de los padres.
Pero las nuevas restricciones en Texas que esencialmente prohíben el aborto después de las seis semanas de embarazo han hecho esos pedidos imposibles. El proceso de acudir al juez requiere una sonografía. Conseguir una audiencia puede tomar semanas. Para entonces, las mujeres a menudo han pasado las seis semanas de embarazo. Y a medida en que otros estados aprovechan el éxito de Texas y afinan sus propias restricciones, esas vías se les están cerrando.
Los partidarios de las leyes de consentimiento parental dicen que los padres deben tener la autoridad sobre el procedimiento médico, pero las adolescentes que buscan un aborto enfrentan a menudo abusos o amenazas de quedarse sin hogar si les dicen a sus padres o custodios que están embarazadas, dijo Rosann Mariappuram, directora ejecutiva de Jane’s Due Process, la primera organización en el país dedicada a ayudar a las jóvenes en el proceso de acudir a un juez y una de las pocas agrupaciones de su tipo en la nación.
El grupo trabaja con unas 350 mujeres al año en Texas. Aproximadamente 10% están en hogares temporales y 80% son adolescentes no blancas.
La mayoría han pasado las seis semanas cuando acuden a la organización. Las adolescentes que han estado menstruando apenas unos cuantos años no saben cómo monitorearse. Las deportistas tienden a tener menstruaciones irregulares y a veces, cuando las jóvenes usan anticonceptivos, experimentan sangrado irregular, que pudieran confundir con la menstruación. Todos esos factores llevan a menudo a las menores —y también a las adultas— a no detectar indicios tempranos de embarazo.
Cada estado tiene sus propias reglas para decidir cómo las jóvenes pueden evitar el consentimiento parental a través de un juez. Quince estados requieren que los jueces usen el estándar de “evidencia clara y convincente” para determinar si una adolescente es lo suficientemente madura para hacerse un aborto y si el aborto es en su mayor interés, de acuerdo con el Instituto Guttmacher, que promueve el derecho al aborto. Algunos estados requieren que los jueces tomen su decisión en 48 horas, mientras que otros les dan varios días.
Los jueces tienen discreción total para tomar su decisión y pueden preguntar básicamente lo que se les ocurra. A veces hacen preguntas que invaden la privacidad, como cuántas parejas sexuales ha tenido una joven, dijo Mariappuram.
“Nosotros decimos que cada vez que uno envía a alguien a la corte para esto, es traumático, porque básicamente les hacen pensar que violaron la ley”, dijo.
Unos pocos estados están reconsiderando sus políticas. Massachusetts redujo el año pasado la edad para requerir el consentimiento parental. En Illinois, los legisladores que respaldan el derecho al aborto trabajan para repelar una ley de notificación a los padres para garantizar que las personas tengan acceso a servicios de aborto seguros.
En contraste, Cathi Herrod, presidenta del Center for Arizona Policy, que aboga por las restricciones al aborto, dijo que los abortos son una decisión médica que cambia vidas en la que los padres deben tener voz y voto. Aunque ella se opone a la opción de un juez para evitar el permiso parental dice que las cortes la han ratificado reiteradamente.
“Los padres no deberían ver negada su capacidad de supervisar una decisión de su hija”, dijo Herrod. “Una joven merece la guía de sus padres al tomar esa decisión”.
(Con información de AFP, AP y EFE)
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