El gobierno del presidente demócrata Joe Biden pidió formalmente el lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos bloquear una ley de Texas que restringe severamente el aborto.
El Departamento de Justicia considera que la ley texana transgrede la histórica sentencia de la Corte en el caso Rose vs Wade, que consagró en 1973 el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo.
Un juez de distrito dictó el 6 de octubre una orden preliminar para detener la controvertida ley de Texas por considerarla “flagrantemente inconstitucional”.
Empero esa orden fue anulada dos días después por una corte federal de apelaciones.
En el documento presentado el lunes, el Departamento de Justicia pide a la Corte Suprema que revoque esa decisión de la corte de apelaciones.
El mes pasado la Corte Suprema, de mayoría conservadora, invocó razones procesales y decidió por 5-4 no intervenir en el bloqueo de esa ley de Texas que prohíbe abortar después de seis semanas de embarazo y no hace excepciones por violación o incesto.
La Corte no se pronunció sobre el mérito del caso que fue le fue presentado por proveedores de abortos.
El Supremo está compuesto por nueve jueces, tres progresistas y seis de tendencia conservadora, por lo que Biden, del Partido Demócrata, se enfrenta a una situación complicada.
La propia corte suprema permitió que la ley entrara en vigor en septiembre porque no se pronunció sobre una solicitud urgente para bloquearla que habían presentado clínicas de Texas.
La ley de Texas permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringe la prohibición y ofrece recompensas de hasta 10.000 dólares a cada demandante si gana el juicio.
Ese sistema ha permitido hasta ahora que las autoridades de Texas eludan la responsabilidad por la aplicación de la ley, porque el peso de la implementación está en esos ciudadanos particulares y no en los líderes conservadores que impulsaron el veto.
Ninguna otra ley similar que prohíba abortar a las seis semanas de gestación -cuando se puede detectar el latido del corazón del feto- ha entrado en vigor en Estados Unidos.
El pasado 6 de octubre, un juez federal bloqueó temporalmente la controversial ley como parte de un intento conservador para negar cualquier acceso al procedimiento.
En su fallo de 113 páginas, Pitman dijo que los funcionarios tejanos han creado un “agresivo esquema sin precedente que priva a sus ciudadanos de un importante y bien establecido derecho constitucional”.
“Desde el momento en que SB 8 entró en vigor, las mujeres han sido ilegalmente privadas de ejercer control sobre sus vidas con métodos protegidos por la Constitución”, dijo Pitman, en referencia a la Ley 8 del Senado, nombre oficial de la norma.
(Con información de AFP y EFE)
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