Biden sale a combatir a los antivacunas para tratar de frenar un nuevo aumento del covid

En Estados Unidos permanece un núcleo duro que, por diferentes razones, se niega a vacunarse contra el Covid. Es un 25% de la población, 80 millones de personas, y que están concentrados en los estados que registran en este momento un aumento significativo en los contagios, unos 150.000 por día. “Diez veces más de lo que tendríamos que tener para detener esta pandemia”, dijo el famoso doctor Anthony Fauci. Dos terceras partes de la población adulta, 208 millones de personas, se aplicó al menos una dosis de la vacuna. A pesar de esto se están produciendo un 300% más de contagios diarios, dos veces y media más hospitalizaciones y casi el doble de muertos que hace un año. Lo más preocupante es que se está registrando un récord de hospitalizaciones y contagios entre los chicos. En la última semana se contagió un cuarto de millón de niños y en agosto hubo 30.000 que tuvieron que ser internados.

La administración del presidente Joe Biden se preparaba para dejar la pandemia atrás y concentrarse en el extraordinario paquete de dinero recientemente aprobado por el Congreso para realizar un plan de reconstrucción de infraestructura, el más grande desde el New Deal. El virus tenía otros planes. Con el fin del verano y el regreso de los chicos a las escuelas, así como muchos empleados a las oficinas, volvió a subir la curva de contagios. Biden tuvo que tomar las riendas antes de que la situación se les fuera de las manos. Y decidió enfrentar a los antivacunas que incluyen a congresistas, gobernadores y conspiracionistas de todo tipo. “La politización de la pandemia es lo que está enfermando a la gente”, dijo desde la Casa Blanca.

En una exposición precisa y llena de datos, Biden anunció que firmó una serie de órdenes ejecutivas (decreto de necesidad y urgencia) por el que todos los empleadores de empresas con más de 100 trabajadores tendrán la obligación de exigirles a estos que se vacunen o que se hagan un test por semana. Algo que abarca a unos 80 millones de personas. Otros 17 millones, que trabajan en la industria de la salud, tendrán la misma obligación. Y tampoco se podrá trabajar en el Estado a nivel federal si no se está vacunado. Hasta ahora, los empleados de los organismos federales tenían la opción de testearse regularmente sin inocularse. Ya no lo podrán hacer. La medida también se extienda a los empleados de los contratistas que hacen negocios con el gobierno federal. En total son unos 2,5 millones de trabajadores que tienen que tener completadas las dos dosis de vacunación para conservar su empleo.

Biden dijo que estas medidas forman parte de un plan más amplio de seis puntos que “ayudarán a dejar la pandemia atrás”: vacunar a los no vacunados; proteger aún más a los vacunados mediante vacunas de refuerzo; mantener las escuelas abiertas; aumentar las pruebas y exigir mascarillas; proteger la recuperación económica; y mejorar la atención a los enfermos de Covid-19. Expuestas así, son apenas generalidades. Pero el presidente explicó que todo estará concentrado en la vacunación en los estados del sur y medio oeste en que se registran los niveles más bajos de vacunación y los más altos de contagios.

Con respecto a la tercera dosis de refuerzo que había anunciado comenzaría el 20 de septiembre ahora se pospone hasta que las autoridades sanitarias terminen de hacer las pruebas necesarias. Antes del fin de la próxima semana habría una resolución. Los informes preliminares hablan de que las vacunas de Pfizer y Moderna van perdiendo efecto con el tiempo –se supone que ocurre también con todas las otras, aunque no hay datos científicos precisos- y que un refuerzo entre los 6 y los 9 meses de la segunda dosis, podría ser muy útil para enfrentar la contagiosa variante Delta y la Andina que circula en América Latina. Pero, por ahora, el refuerzo no será obligatorio. Y si bien no se va a imponer un carnet nacional de vacunación, como se especulaba, para entrar en los edificios públicos, así como escuelas, restaurantes, bares y otros establecimientos de entretenimiento, Biden volvió a apelar a la responsabilidad de los dueños y administradores para que sean ellos quienes impongan reglas más estrictas en sus locales y edificios. También pidió a los gobernadores que exijan que todos los maestros se vacunen.

La Casa Blanca también quiere “inocular” al presidente que está viendo como desciende su nivel de aprobación en el combate a la pandemia a causa del retroceso en la apertura ante el nuevo pico de casos. Un sondeo de ABC News/Washington Post realizada a finales de agosto reveló que el 52% de los encuestados aprueba la forma en que Biden está manejando la pandemia, una caída de 10 puntos desde junio. Una cifra que envidiarían muchos de sus colegas del mundo, pero que en Washington causó preocupación. La aprobación de su trabajo en general es mucho más baja debido a la caótica retirada de Afganistán. Pero los colaboradores del presidente consideran que la lucha contra la pandemia es el asunto más importante de su presidencia y el que determinará su destino político.

Incluso en las zonas más progresistas y vacunadas del noreste de Estados Unidos se están produciendo enfrentamientos entre los padres en las escuelas por el mandato de usar máscaras a los alumnos. Ocurrió en una escuela secundaria de Cambridge, a metros de la Universidad de Harvard y el MIT, donde está vacunada más del 90% de la población. Un grupo de padres empapeló las calles adyacentes con carteles llamando “nazis” a los que envían a sus hijos a la escuela con la boca y la nariz cubierta. En el campus de la universidad de Notre Dame, en Indiana, la mayoría de los estudiantes caminaban ayer sin barbijos mientras decenas de trabajadores, tampoco protegidos, terminaban los preparativos para un juego de fútbol americano que se realizará este domingo en el estadio que se levanta entre aulas y oficinas y que atraerá a unas 50.000 personas.

Las autoridades sanitarias aprobaron hace dos semanas la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech y Moderna para los mayores de 16 años y pronto será obligatoria a partir de los 12. En julio, el Departamento de Veteranos se convirtió en la primera agencia federal en exigir a sus empleados que se vacunaran o se enfrentaran a un posible despido. El Departamento de Defensa ya anunció que son obligatorias las vacunas para los 1,4 millones de militares en actividad. Se cree que al menos un tercio de los soldados y oficiales aún no están inoculados. Los sistemas universitarios públicos de Nueva York, Minnesota y Luisiana establecieron requisitos similares para los estudiantes. Pero en estados como Texas sólo se vacunó el 43% de la población y es allí donde están los enclaves de mayor oposición.

La fuerte resistencia a la vacunación no es nada nuevo. En 1853, Gran Bretaña impuso las primeras vacunas obligatorias, exigiendo a los padres que inocularan a los niños pequeños contra la viruela o se enfrentaran a fuertes multas. Se produjeron violentos disturbios que alimentaron un movimiento nacional antivacuna que apoyaba a los candidatos políticos únicamente en función de su postura sobre la vacunación. A finales de los años ochenta, se eliminaron algunas sanciones y se permitieron exenciones a los objetores de conciencia. Pero, a mediados del siglo XX, demasiada gente -casi la mitad de la población en algunas zonas- reclamaba exenciones, y el mandato de vacunación se derogó por completo. Gran Bretaña se ocupó entonces de los brotes por otros medios, como el examen obligatorio.

En Estados Unidos menos disturbios, pero innumerables demandas legales. El caso más importante se produjo en Cambridge, en 1905. La Corte Suprema examinó una ley de Massachusetts que facultaba a las juntas de salud de las ciudades a ordenar la vacunación de todos los residentes si lo consideraban “necesario para la salud o la seguridad pública”. Tras un brote de una cepa mortífera de viruela, la junta de Cambridge determinó que la vacunación era “necesaria para la rápida exterminación de la enfermedad” y exigió que todos los residentes recibieran la vacuna. Un pastor sueco, que alegó que había enfermado de niño por una vacuna, se negó y fue condenado penalmente y multado.Pero impugnó la ley por considerarla una violación de las garantías procesales, argumentando que la vacunación obligatoria era “hostil al derecho inherente de todo hombre libre a cuidar de su propio cuerpo y de su salud de la manera que le parezca mejor, y... nada menos que una agresión a su persona”.

La Corte, en este caso denominado Jacobson v. Massachusetts, no estuvo de acuerdo, recitando el principio de que la libertad individual no es absoluta frente al “bien común”, y que la “verdadera libertad para todos” depende de que se restrinja el ejercicio individual de la libertad que perjudica a los demás. Por lo tanto, los jueces máximos sostuvieron que un estado tenía autoridad legal para exigir la vacunación.

Desde los años ochenta, los cincuenta estados norteamericanos exigen la vacunación para asistir a la escuela, con algunas exenciones, incluidas las de carácter médico y religioso. Los requisitos de vacunación han sido impugnados durante mucho tiempo por objetores religiosos, pero las impugnaciones se rechazan habitualmente, siempre que se ofrezcan adaptaciones razonables. El año pasado, el Quinto Circuito de la justicia federal conoció el caso de un ex bombero que tenía objeciones religiosas a una vacuna (la triple contra tétanos, difteria y la tos ferina) que se le exigía para su trabajo, y que fue despedido cuando rechazó las adaptaciones que le ofrecía la ciudad: trasladarse a un puesto que no requiriera la vacuna, o llevar una máscara respiratoria en el trabajo. El tribunal rechazó las alegaciones del empleado de discriminación religiosa y de violación de los derechos de libre ejercicio de la libertad individual. En otras palabras, el panorama jurídico anterior a la pandemia del Coronavirus era bastante claro: un Estado podía exigir la vacunación para proteger la salud pública, incluso imponiendo sanciones penales por su incumplimiento. Y la vacunación como condición para asistir a la escuela o para obtener un empleo en el gobierno ha sido ampliamente aceptada, si no universalmente.

Ahora, esos conceptos que parecían estar asimilados por la sociedad, volverán a ser puestos a prueba. Y de su resultado, depende mucha de suerte política de Joe Biden, más allá de sus buenas intenciones.

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