Las grandes empresas de EEUU ya comenzaron a exigir la vacuna contra el COVID-19 a sus trabajadores

Las grandes empresas de Estados Unidos empiezan a exigir a sus trabajadores la vacuna contra el coronavirus, en algunos casos pasando del incentivo a la obligatoriedad en vista del repunte de casos que amenaza con obstaculizar su reapertura.

Acuciadas por el incremento de casos de coronavirus en el país, donde ya hay unas 100.000 infecciones diarias, muchas compañías están aplicando normas de vacunación para sus empleados tras el ejemplo de la administración federal y de otras estatales y locales.

Los empleados públicos y trabajadores sanitarios de estados como Nueva York han sido los primeros en recibir requisitos de vacuna anticovid o pruebas semanales, y ahora esos mandatos llegan al sector privado, que ha evitado durante meses imponer medidas de este tipo.

Con la mitad de la población estadounidense completamente vacunada, sigue habiendo más de 90 millones de personas elegibles que no han recibido ningún pinchazo y el tiempo corre en contra con la propagación de variantes más transmisibles que podrían sortear la efectividad de los preparados disponibles.

Un experto en el tema, el ex embajador estadounidense Neil Parsan, director de la firma Parsan Cross Global Strategic Advisors y asesor en varias organizaciones internacionales, opinó en declaraciones a la agencia EFE que las órdenes “tendrán un impacto positivo en las tasas de vacunación”.

“Las órdenes de vacunarse son legales, éticas y efectivas. Salvan vidas. Puede ser difícil ordenarlas federalmente, pero el sector privado puede hacerlo, ya que hay precedente”, explicó Parsan, que las consideró la mejor manera de alcanzar a la gente “apática”.

Entre las empresas más estrictas está la aerolínea United Airlines, que la semana pasada dio la orden a su plantilla de 67.000 trabajadores en EEUU de aportar pruebas de inmunización completa como muy tarde a finales de octubre, con excepciones por salud o religión.

De manera similar, la procesadora cárnica Tyson Foods, con 120.000 empleados y menos del 50% inmunizados después de meses de esfuerzo, también ha dicho a sus trabajadores que deben estar vacunados antes del 1 de noviembre como “condición de empleo”.

La mayoría de corporaciones han sido hasta ahora más flexibles y solo están requiriendo la vacuna a una parte de su plantilla, generalmente los que vayan a la oficina, y optando por los incentivos, desde bonus o días libres, algo que los expertos siguen considerando importante.

Por ejemplo, la cadena de grandes almacenes Walmart, que es el mayor empleador de EEUU con 1,5 millones de contratados, la exige solo para quienes acudan a sus oficinas corporativas pero no para los trabajadores de sus tiendas.

Algunos grandes bancos, entre ellos JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley, han exigido la vacuna como requisito para ir a la oficina pero tienen diferentes enfoques para quien no lo haga o no quiera divulgar su estatus, desde permitir que entren llevando mascarilla a relegarlos al trabajo remoto.

El riesgo de ser despedido si no se prueba que se tiene la vacuna anti COVID plantea un debate que ya se ha trasladado al ámbito legal en algunos casos, con el caso más destacable en la denuncia interpuesta por más de un centenar de trabajadores contra el Houston Methodist Hospital.

El tribunal dio razón al hospital por exigir la vacuna a sus trabajadores, que argumentaban que los preparados disponibles no cuentan todavía con las autorización completa de los reguladores, sino una de emergencia, y dudaban de su seguridad. Esa luz verde final podría llegar a principios de septiembre para Pfizer-BioNTech y después para Moderna, las fabricantes de las vacunas más distribuidas en la nación norteamericana, por lo que a partir de entonces más empresas probablemente impongan órdenes a sus plantillas.

También se están empezando a ver las primeras consecuencias de estas políticas de “tolerancia cero”, con el despido de tres empleados de CNN que acudieron a la oficina sin contar con una vacuna contra el COVID-19, según trascendió la semana pasada.

Parsan reconoció que hay cierto escepticismo escondido entre argumentos médicos o religiosos, por lo que abogó por “educar a la población con hechos y ciencia lo mejor posible” y consideró crucial combatir la desinformación, reconociendo también el daño de la “politización del COVID-19 y la subsecuente polarización ideológica”.

“Muchas empresas están también suplicando reabrir. Es un equilibrio entre vidas y formas de vida. Se debería permitir que ocurra con la responsabilidad añadida trasladándose de la supervisión pública por el estado al sector privado tomando mucha más responsabilidad respecto a su plantilla y clientes”, agregó.

(Con información de EFE)

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