La administración Biden está revirtiendo una serie de reglas migratorias establecidas durante el gobierno del presidente Donald Trump.
La ley migratoria, como cualquier otra ley, solo puede ser cambiada por el Congreso. Pero el poder ejecutivo, al implementar las leyes, tiene la capacidad de interpretar la ley y modificar ciertos estándares. Esto es lo que ocurrió con la ley de asilo en los Estados Unidos.
En 2018, el entonces fiscal general Jeff Sessions, impuso estándares legales que definían la interpretación e implementación de la ley de asilo. El actual fiscal general, Merrick Garland, emitió una serie de órdenes dando marcha atrás a las limitaciones del anterior gobierno y restituyendo una interpretación más amplia de la ley.
¿La consecuencia de este cambio? Los Estados Unidos vuelven a considerar como casos válidos para recibir asilo en el país a aquellas personas víctimas de violencia doméstica y aquellos que en su país de origen fueron amenazados por pandillas.
Según el departamento de justicia, la decisión de Garland sigue los pasos de la orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden en el mes de febrero, en la que le da a los oficiales federales nueve meses para implementar nuevas regulaciones que incluyan considerar casos de asilos de personas que dicen enfrentar un peligro de persecución en sus países de origen.
Desde ya que no significa que cualquier persona que alegue ser víctima de violencia doméstica o haber sido el blanco de amenazas de pandillas recibirá de inmediato el asilo en los Estados Unidos. Pero por primera vez en tres años, los jueces de inmigración tienen la discreción de contemplar estos casos y otorgar el asilo si así lo consideran.
El cambio es particularmente importante para miles de migrantes centroamericanos que están escapando de la violencia generada por las pandillas en sus países.
Aquellos que en los últimos años presentaron un caso de este tipo y se les negó basado en la decisión de Sessions, ahora podrán apelar ante un juez de inmigración.
“La opinión comienza con una declaración amplia de que las victimas de actividad delictiva privada no califican para el asilo, excepto en circunstancias excepcionales. Ese lenguaje amplio podría leerse de manera que crea una fuerte presunción contra las solicitudes de asilo basadas en conductas privadas. Como resultado, el fallo crea confusión y desalienta la adjudicación cuidadosa de las solicitudes de asilo caso por caso”, escribió Garland con respecto a las normas de Sessions sobre los asilos a víctimas de pandillas, sugiriendo que no seguían una buena lógica.
El fiscal general fue mucho más directo al hablar de los asilos para víctimas de violencia doméstica, indicando que la decisión de Sessions “es inconsistente con las decisiones de varias cortes de apelaciones”.
La nueva regla llega en medio de una crisis en la frontera sur del país que se ha convertido en el primer gran problema sin resolución de la administración Biden. Al ampliar las posibilidades de asilo, el mensaje de alguna forma incentiva a que las personas se arriesguen a venir a los Estados Unidos. Sobre todo a aquellos que vienen de Centro América, que son la mayoría de los que intentan cruzar la frontera y que pueden presentar un caso de violencia con pandillas.
Quienes se oponen a las medidas migratorias de esta administración alegan que la decisión de Garland está un paso más cerca de ser un país que invita a los inmigrantes con fronteras abiertas.
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