Dos destacadas figuras del Senado de Estados urgieron este lunes al presidente Joe Biden a aumentar la presión sobre el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, donde denunciaron un creciente autoritarismo que amenaza la estabilidad regional.
El demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el republicano Marco Rubio, el miembro de más alto rango del Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara Alta, llamaron a la administración Biden a usar “todas las herramientas diplomáticas disponibles para enfrentar al régimen de Ortega”.
En una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, Menéndez y Rubio pidieron incrementar las sanciones económicas contra funcionarios nicaragüenses y redoblar el trabajo conjunto con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para coordinar un rechazo multilateral al “ataque antidemocrático” del régimen nicaragüense.
“El régimen de Ortega está llevando a cabo una campaña de represión sin límites con el objetivo de demoler las esperanzas de poder celebrar elecciones libres y justas en noviembre y así consolidar la tercera dictadura en las Américas”, escribieron los senadores.
Menéndez y Rubio han apuntado repetidamente en el pasado contra las “dictaduras” de Cuba y Venezuela.
En la misiva a Blinken, los senadores destacaron la detención “arbitraria” en Nicaragua de los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, así como el arresto domiciliario de Cristiana Chammorro, entre otros opositores y líderes empresariales y de la sociedad civil privados de libertad en los últimos días.
Además, alentaron al gobierno de Biden a aplicar los protocolos del proyecto de ley bipartidista para Reforzar el Cumplimiento de las Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (RENACER, por sus siglas en inglés), presentado a fines de marzo bajo el liderazgo de Menéndez y Rubio.
La iniciativa RENACER requiere que Estados Unidos aumente la coordinación de las sanciones económicas con Canadá y la Unión Europea, vigile más de cerca los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y refuerce la inteligencia sobre las actividades del gobierno ruso en Nicaragua, subrayaron.
Menéndez y Rubio condenaron el mes pasado las reformas electorales aprobadas por el oficialismo en Nicaragua y pidieron garantías para los comicios del 7 de noviembre, cuando Ortega podría buscar un cuarto mandato sucesivo.
La subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, pidió este domingo a la OEA enviar una “señal clara” a Nicaragua, en donde, según dijo, se vive una “campaña de terror” con los arrestos de varios líderes políticos.
“La campaña de terror de Ortega-Murillo continúa este fin de semana con más arrestos arbitrarios. Los miembros de la OEA deben enviar una señal clara esta semana: basta de represión”, señaló la diplomática en un mensaje enviado a los medios de comunicación por la embajada estadounidense en Managua.
“La región no puede solo sentarse a esperar a ver quién será el siguiente” opositor encarcelado, agregó.
El miércoles pasado, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó a sus miembros a que suspendan la participación de Nicaragua en este organismo tras la detención de varios políticos opositores.
El Consejo Permanente de la OEA realizará una sesión virtual extraordinaria el próximo martes para “abordar la situación en Nicaragua”, a solicitud de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú.
Durante la reunión se discutirá el proyecto de resolución “La situación en Nicaragua”, de acuerdo con la convocatoria.
La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, arrestó este fin de semana a cinco disidentes sandinistas, incluidos a los ex guerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres.
También mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales de la oposición: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García. Además, al extitular del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguerri, al exvicecanciller José Pallais, y a las dirigentes opositoras de la Unidad Nacional Violeta Granera, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona.
Asimismo, a otros dos ex colaboradores de una ONG que han sido detenidos en las últimas dos semanas bajo la acusación de diversos delitos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este domingo su preocupación por las nuevas detenciones de opositores en Nicaragua, incluido con “allanamiento ilegal y arbitrario” de sus domicilios, y reiteró “su llamado al Estado a respetar la integridad personal de líderes y lideresas, y a su liberación inmediata”. “La CIDH expresa su preocupación e identifica la generalización de la persecución a actoras de oposición política, intensificando con ello un grave deterioro de las condiciones para elecciones justas libres y transparentes en Nicaragua” el 7 de noviembre próximo, indicó ese ente autónomo de la OEA en un mensaje en Twitter.
Con información de AFP
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