La batalla menos pensada está ocurriendo. El popular gobernador de la Florida, Ron DeSantis está en una disputa con las líneas de cruceros, responsables de una industria que genera directa e indirectamente más de 600 mil puestos de trabajo solamente en el sur de la Florida.
Apenas un par de meses atrás, en abril de este año, el gobernador de Florida era el mejor amigo de la industria de los cruceros. Con sus barcos saliendo de seis puertos en el estado, y el consiguiente impacto económico que eso lleva, DeSantis era uno de los principales interesados en que la industria volviera a trabajar. Y encabezó una demanda contra los CDC (Centros para el Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés) para que autorizaran un protocolo bajo el cual los cruceros pudieran operar, tal como lo hicieron otras industrias en la pandemia -como la aeronáutica-.
Sin necesidad de llegar a una orden judicial, los CDC autorizaron la vuelta de los cruceros -tras 15 meses de inactividad-, pero con la condición de que el 95% de las personas abordo estuvieran vacunadas. Para comprobar esto, las líneas de cruceros debían pedir prueba de vacunación. Y ahí está el problema con DeSantis.
DeSantis se está posicionando como un abanderado del movimiento conservador, heredero de los votos de Donald Trump, que en el Florida se cuentan de a miles. Su política a favor de una reapertura rápida de la economía durante la pandemia lo ha convertido en una figura nacional y los números de aprobación le sonríen (según una reciente encuesta encargada por su campaña de reelección, el 60% de los floridanos aprueban su gestión).
Parte de las políticas que resuenan bien con su base tienen que ver con destacar que la vacunación es voluntaria, respetar a quien decide no inocularse y prohibir a los comercios de Florida que exijan prueba de vacunación (algo que va en contra del principio conservador de autorizar a la propiedad privada a actuar como quieren, pero que igual resuena bien con su base). Por lo tanto, DeSantis está en pie de guerra con las líneas de cruceros que, siguiendo los requisitos de los CDC, quieren pedir pruebas de vacunación. Al punto de amenazarlos con una multa de hasta 5 mil dólares por pasajero de cada barco que parta de la Florida en el que se pida prueba de vacunación.
Las empresas de crucero están entre la espada y la pared. Por un lado hay requisitos federales, por el otro, la mayor parte de ellas tienen su principal operación en Florida y no pueden arriesgarse a pagar 5 mil dólares por pasajero en multas, sobre todo tras un año de pérdidas millonarias.
La primera línea de cruceros en zarpar desde los Estados Unidos será Celebrity Cruises, la marca de lujo de Royal Caribbean. El primer barco saldrá el 26 de junio desde el puerto de Fort Lauderdale. A dos semanas, aún no está claro cuál será la política con respecto a la vacunación. La casa madre de Royal Caribbean cambió su política de exigir vacunación, a sugerirla con incentivos. Quienes no entreguen prueba de vacunación de manera voluntaria serán considerados como no-vacunados y por ende se expondrán a tener que usar máscaras y someterse a pruebas de COVID-19, cuyo costo tendrán que afrontar de manera independiente.
Esta misma empresa zarpó el primer crucero con pasajeros mayoritariamente estadounidenses la pasada semana desde la isla caribeña de St. Marteen. Allí pudieron exigir prueba de vacunación y asegurarse que el 95% de los pasajeros estuvieran inoculados (así como el 100 por ciento de los empleados). De todas maneras, dos pasajeros contrajeron el virus durante el viaje -que incluyó paradas en Aruba, Barbados y Curacao-. De inmediato fueron aislados y no se registraron más contagios entre los más de 500 pasajeros.
La pelea está en un punto de tensión, pero se espera que antes de que salga el primer crucero desde la Florida en dos semanas, se llegue a un punto de acuerdo entre el gobierno estatal, el gobierno federal y las empresas.
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