La estrategia del trumpismo para modificar las leyes electorales y volver al poder

Trump se fue, pero el trumpismo quedó y está haciendo todo lo posible para volver. Los seguidores del ex presidente estadounidense dominan el Partido Republicano (GOP) e intentan revertir algunas de las reglas electorales que, dicen, favorecieron a los demócratas en las últimas elecciones. Y ya están pensando en los comicios legislativos de medio término del próximo año como plataforma para minar a la Administración de Joe Biden. Se presentaron 389 proyectos de ley en los congresos estatales de todo el país para restringir el voto de las minorías. Los trumpistas están convencidos de que fueron expulsados de la Casa Blanca por un fraude masivo. Y basados en esa premisa, buscan revertir las leyes que facilitaron el voto por correo y la participación de negros e hispanos en estados históricamente republicanos.

El último embate ocurrió en Texas donde estuvo a punto de aprobarse la llamada ley SB7. Después de 11 horas de debate, el domingo por la noche todos los demócratas e independientes se levantaron de sus asientos y se fueron del recinto. Era la única manera de detener el proyecto que, de aprobarse, habría convertido en un delito de cárcel el hecho de que un funcionario público solicitara o enviara solicitudes de voto por correo. También restringía el uso de buzones para depositar el voto anticipado, prohibía el sufragio fuera del horario establecido (en algunos distritos las urnas estuvieron abiertas las 24 horas) así como el voto desde el coche y facilitaba el proceso para anular unas elecciones, entre otras medidas.

“Querían aprobar la ley ‘Jim Crow 2.0′ para que sirva como ejemplo para el resto del país”, dijo el representante estatal Trey Martínez Fischer, demócrata de San Antonio. Se refería al conjunto de leyes que bajo ese nombre reforzaron la segregación racial en el sur estadounidense a fines del siglo XIX. El gobernador republicano Greg Abbott prometió reintroducir el proyecto en el periodo de sesiones extraordinarias a las que va a llamar durante el receso del verano. “Vamos a insistir para mejorar nuestro proceso democrático y asegurarnos que la próxima vez no haya fraude”, aseguró Abbot.

Desde que Biden ganara las elecciones, se aprobaron, propusieron o se debatieron leyes restrictivas para “devolver la confianza en el sistema electoral” en 43 estados, según el recuento del Brennan Center for Justice. La mayoría de ellas buscan restringir el voto anticipado y el voto ausente, modalidades que, en plena pandemia, utilizaron más de la mitad de los estadounidenses que acudieron a las urnas el pasado 3 de noviembre, principalmente los demócratas. Pero hay también iniciativas para endurecer los requisitos para identificarse en los colegios electorales el día de las elecciones, un trámite más complicado de lo que podría parecer en un país donde no existe el DNI y donde menos de la mitad de la población cuenta con un pasaporte en regla.

“Es una atrocidad. Esto no tiene nada que ver con la justicia”, dijo Biden la semana pasada. “Es una estratagema revanchista para impedir que la gente vote”. Todas las evidencias hasta el momento indican que se trató de unas elecciones limpias y que tuvo la mayor participación de los últimos cien años: votó el 76% del electorado. Pero el Grand Old Party de Trump y el líder del senado Mitch McConnell siguen pensando que los demócratas organizaron un fraude masivo para sacarlos del poder. En lugar de analizar los motivos de su derrota y buscar fórmulas para expandir su base de votantes optaron simplemente por poner trabas al electorado rival con una campaña que se compara con lo ocurrido durante el período de la Reconstrucción (1865-1877), cuando los estados sureños impusieron una serie de tasas y test de alfabetización para dejar fuera de las urnas a los esclavos negros recién emancipados. “No es exactamente lo mismo que sucedió al final de la primera Reconstrucción y esperemos que no lo sea. Pero hay suficientes paralelismos como para ver que la intención es la misma”, le dijo al Washington Post el profesor de la Universidad de Ohio, Edward Foley.

Hasta ahora, la ley más restrictiva fue aprobada el mes pasado en Georgia, uno de los estados que mantuvo en vilo al país después de que Trump impugnara allí su derrota. Se realizaron tres recuentos con los mismos resultados. E incluso los líderes republicanos del estado le pidieron públicamente al entonces presidente que tenía que reconocer el triunfo de Biden. Pero ahora presentaron esta reforma como una necesidad para “garantizar que nuestras elecciones sean seguras” y “expandir el derecho al voto”, de acuerdo al gobernador, Brian Kemp.

La ley aprobada impone, como en otros estados, nuevos requisitos para votar por correo, reduce el número de urnas para depositar el voto anticipado, prohíbe el uso de colegios electorales móviles y deja en manos del congreso estatal la autoridad de certificar o no el resultado. El punto que más indignación despertó en las organizaciones que luchan por los derechos civiles es la cláusula que convierte en un delito dar agua o comida a los que esperan mucho tiempo en las colas para votar. En noviembre, en algunas circunscripciones de mayoría negra, tuvieron que esperar hasta siete horas para poder votar y voluntarios demócratas les alcanzaron alimentos. Un estudio de la universidad estatal reveló que en los barrios con un 90% de población blanca la espera media para votar fue de seis minutos, mientras que en aquellos con 90% de población negra o hispana fue de 51 minutos. “La luz del sol es el mejor desinfectante”, dijo una de las activistas y legisladora demócrata. “Y por eso lo que podemos hacer en este proceso legislativo es hacer brillar una luz sobre estos malos actores y supresores de votantes, y hacerles sentir la presión de todo el mundo viendo lo que está pasando”.

La batalla más dura de esta confrontación se vivió la semana pasada en el Congreso nacional de Washington. Los republicanos rechazaron la creación de una comisión bipartidista para investigar los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, cuando una turba fogoneada por el propio presidente Trump intentó tomar el Congreso. El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), dijo que su bancada se oponía porque las conclusiones perjudicarían al GOP en las elecciones de mitad de término. El propio McConnell ya había anunciado un mes antes que su partido estaba “100 por ciento enfocado en detener a esta nueva administración”. El control del Congreso por parte de los demócratas está basado en márgenes muy estrechos. De cara a 2022, tiene sentido creer que los republicanos podrían retomar el control de una, sino de ambas cámaras legislativas. Los comicios de 2020 fueron particularmente buenos para los republicanos en las legislaturas estatales. Eso les permitiría hacer una redistribución de los distritos que más los favorezcan y los podría llevar a conseguir algunas bancas más de las previstas.

Ron Brownstein escribió en The Atlantic que los demócratas “tendrán que despertar y tomar más actitudes firmes” como la de los legisladores de Texas si quieren seguir controlando el Congreso. “Las bases demócratas están preocupadas por el hecho de que ni la administración ni los líderes demócratas del Congreso están dando la suficiente alarma sobre las amenazas al derecho de voto que proliferan en los estados rojos (republicanos), ni desarrollando una estrategia para aprobar las normas electorales nacionales que estos grupos consideran la mejor oportunidad del partido para contrarrestar esas amenazas”. Y Susan Glasser de The New Yorker, cita en su artículo sobre el tema al politólogo Daniel Ziblatt, coautor del libro “Cómo mueren las democracias”, diciendo que “resulta que las cosas son mucho peores de lo que esperábamos” y que la situación actual es “mucho más preocupante”. “Un Partido Republicano que se comporte de esta manera antidemocrática pero que siga ganando escaños en las elecciones intermedias se envalentonaría sin duda para frenar aún más los derechos democráticos”, dijo Ziblatt.

En Florida, los republicanos trumpistas lograron avanzar con una legislación más restrictiva a la hora de votar y el gobernador Ron DeSantis ya firmó la nueva ley. Este caso, y en muchos otros que podrían aparecer en los próximos meses, van a pasar a una larga batalla legal. Algo que muchos ven como una pérdida de tiempo. “Los litigios caso por caso en el contexto de la votación consumen mucho tiempo, son costosos y, en última instancia, son inadecuados porque, incluso si se gana un caso, con frecuencia este tipo de leyes permanecen vigentes durante uno o más ciclos electorales antes de que los jueces den un veredicto”, explicó Dale Ho, director del Proyecto de Derecho al Voto de la Unión Americana de Libertades Civiles.

Y la pregunta que se están haciendo algunos analistas como Daniel Drezner de Tufts University en su nota de opinión del Washington Post es que sucederá si muchas de esas acciones legislativas no funcionan y los trumpistas se enfrentan a una nueva derrota electoral. Una reciente encuesta del centro de estudios PRRI, encontró que el 28% de los republicanos están convencidos de que “los verdaderos patriotas deberán actuar” ante esa circunstancia. Una posición muy peligrosa en un país donde el 40% de la población posee al menos un arma.