El secretario de estado de EE.UU., Antony Blinken, expresó este domingo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, su “profunda preocupación” por la decisión de la Asamblea Legislativa de ese país de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, Raúl Melara.
En una conversación telefónica, Blinken señaló que “un Poder Judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática” y defendió que Melara “es un socio eficaz” para combatir el crimen “tanto en Estados Unidos como en El Salvador”, según un comunicado difundido por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
La Organización de Estados Americanos (OEA) también rechazó la decisión. “En la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”, señaló la Secretaría General de la OEA en un comunicado.
El organismo interamericano advirtió que “cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político, están socavando estos principios”. “Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento del mismo”, agregó el pronunciamiento.
Este sábado, el oficialismo asumió la mayoría en el Parlamento salvadoreño para el periodo 2021-2024 y en su primera acción votó para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Supremo y al fiscal general, funcionarios con los Bukele tuvo enfrentamientos durante el último año.
La destitución, que deja incompleta y sin presidente al órgano Judicial, fue aprobada por 64 votos de los 84 diputados, todos del oficialismo. Los votos fueron dados por los partidos Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN).
Los magistrados destituidos son el presidente de la Sala de lo Constitucional y de la CSJ, Jose Armando Pineda, y los magistrados propietarios Aldo Enrique Cáder, Carlos Sergio Avilés, Carlos Ernesto Sánchez y Marina de Jesús Marenco. Además de los suplentes Rogel Zepeda, José Cristóbal Reyes, Jorge Alfonso Quinteros, José Luis Lobo Castelar y Sonia Elizabeth Cortez de Madriz.
La mayoría parlamentaria acusa a los magistrados salientes de haber emitido sentencias “arbitrarias”. Sin embargo, los miembros de esta sala, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, declararon “la inconstitucionalidad del decreto de destitución” y denunciaron la intención de suprimir el control de los otros poderes del Estado.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, acusó en más de una ocasión a los jueces constitucionales de retirarle facultades para atender la pandemia del COVID-19.
Bukele había librado una batalla contra la Sala de lo Constitucional que le bloqueó al menos 15 normas relacionadas con el manejo de la pandemia a mediados del 2020, la mayoría sobre regímenes de excepción. El tribunal consideró que vulneraba derechos fundamentales de la ciudadanía. En ese momento, el mandatario aseguró que la sala le había impedido cuidar de la vida de sus compatriotas.
La Sala de lo Constitucional es una de las cuatro que componen la Corte Suprema, y resuelve demandas de inconstitucionalidad, ‘habeas corpus’ y controversias entre los poderes del Estado.El asesor especial de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Juan Sebastián González, repudió esta iniciativa por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador y publicó un un mensaje en su cuenta en la red social de Twitter, en la que rechazó la medida diciendo: “Así no se hace.”
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