Estados Unidos afirmó este lunes que “sigue con preocupación” la situación en Bolivia, donde la ex presidenta interina, Jeanine Áñez, y miembros de su gabinete fueron detenidos durante los últimos días y acusados de participar en un supuesto golpe de Estado contra el ex mandatario Evo Morales.
“Estados Unidos sigue con preocupación los acontecimientos relacionados con el reciente arresto de ex funcionarios por parte del gobierno boliviano”, dijo al respecto Jalina Porter, portavoz adjunta del Departamento de Estado.
En esa línea, la cartera de Relaciones Exteriores instó a “amigos, vecinos y bolivianos” a “defender todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso” enalzados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.
“Nuestra preocupación se suma a la expresada por líderes cívicos, políticos y religiosos de Bolivia, así como por los de la comunidad internacional”, indicó Porter.
Horas antes, la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) había advertido por un “abuso de mecanismos judiciales” en Bolivia. La oficina encabezada por Luis Almagro manifestó en un comunicado su “preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno”.
Además, dijo que “el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo”, y pidió “la liberación de todos los detenidos en el marco de este contexto, hasta contar con procesos y mecanismos imparciales para determinar responsabilidades”.
Áñez dejó el poder en Bolivia en noviembre de 2020 tras la victoria electoral de Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por Morales.
La ex senadora había reemplazado en noviembre de 2019 al ex presidente Morales, luego de que éste renunciara en medio de protestas después de su reelección en comicios calificados de fraudulentos.
Detenida bajo cargos de sedición, terrorismo y conspiración, Áñez fue ordenada el domingo a cumplir cuatro meses de prisión preventiva en espera de su juicio. La ex presidenta interina fue detenida el sábado al igual que sus ministros Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía). La orden de la Fiscalía alcanza también a los ex ministros Arturo Murillo (Interior), Luis Fernando López (Defensa) y Yerko Núñez (Presidencia).
“Me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió”, afirmó Áñez en Twitter tras escuchar la resolución de la jueza Regina Santa Cruz, en una audiencia cautelar que se desarrolló por varias horas mediante una plataforma tecnológica.
El domingo también fue arrestado un activista civil de derecha, Yassir Molina, a quien el gobierno sindica de liderar un grupo de choque que participó en las protestas contra Morales en 2019.
La Fiscalía de Bolivia justificó el pedido de detención por una supuesta conspiración para llevar a cabo “un presunto golpe de Estado” contra Morales.
La oficina de Almagro lamentó las “amenazas de persecución judicial a políticos opositores”. “En los últimos meses se ha constatado la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores al Gobierno”, señaló.
La secretaría general de la OEA recordó la necesidad de respetar “la separación e independencia de los poderes públicos”, tal como dispone la Carta Democrática Interamericana.
Además, pidió conformar una comisión internacional en el marco de esa organización y/o de la ONU “para la investigación de casos de corrupción desde el último período de gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, incluyendo obviamente el período del gobierno de transición”.
Morales, que gobernó Bolivia desde enero de 2006 a noviembre 2019, aspiraba a seguir en el poder hasta 2025 de manera ininterrumpida.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió en Twitter “al Estado de Bolivia respetar los estándares interamericanos sobre garantías judiciales, independencia y protección judicial”.
Explicó que emitía su posición “ante denuncias por inobservancia de las garantías judiciales en la ejecución de las aprehensiones”, realizadas desde el viernes en la noche.
Antes de la CIDH, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió que se respeten “las garantías al debido proceso y haya una transparencia total en todos los procedimientos”, según un comunicado de su portavoz.
La Unión Europea (UE) calificó de “preocupantes” los acontecimientos en Bolivia y dijo que los sigue de cerca.
En una nota, la oficina del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, sostuvo que “las denuncias vinculadas a los hechos de 2019 deben ser atendidas en el marco de un proceso judicial transparente y sin presiones políticas, con pleno respeto a la independencia de los poderes”.
La influyente Conferencia Episcopal de Bolivia exigió en tanto en un comunicado “la inmediata puesta en libertad de los detenidos”. Los obispos dijeron que no pueden “permanecer pasivos, mientras se persigue a ciudadanos que han servido a Bolivia”.
Tras las reacciones, el excandidato de centro y exmandatario Carlos Mesa (2003-2005) mandó cartas de reclamo por lo que sucede en su país a las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la OEA, la Unión Europea y la CIDH.
Dijo que se busca “infundir terror desde el gobierno, manipulando la fuerza policial, fiscal y judicial del Estado, para eliminar a la oposición al actual gobierno y amordazar a parte considerable de la sociedad boliviana”.
Con información de AFP y EFE
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