Este jueves, el gobierno de Estados Unidos dio una señal más de su cruzada a favor de los inmigrantes. El gobierno de Joe Biden anunció un amplio proyecto de ley en materia de inmigración que abre las puertas a un camino de ocho años para que millones de inmigrantes, que ya se encuentran en ese país, reciban la ciudadanía.
Además prevé un proceso más ágil para aquellos las personas indocumentadas llevadas a al territorio estadounidense cuando eran solo unos niños.
No obstante este proyecto ahora encarará un complicado camino en el Congreso, debido a que no hay mucho margen en la diferencia entre partidos; la división entre los legisladores es muy estrecha. Así, mientras en la Cámara de Representantes solo se tiene un margen de cinco votos, a favor de los demócratas, estos en el Senado no juntan por sí mismos los 60 votos necesarios para aprobar la medida.
Según recogen diversos medios, funcionarios de la administración de Biden señalan que esta propuesta es un intento del presidente para reiniciar la conversación sobre la reforma del sistema de inmigración de Estados Unidos, asegurando que el mandatario estaría dispuesto a negociar los términos.
“Este fue un compromiso desde el primer día para el presidente y es su visión de lo que es necesario hacer para arreglar el sistema”, indicó a periodistas un alto cargo del gobierno que prefirió no ser identificado.
Además, destacan que este proyecto de Biden nace como resultado de varios proyectos de ley independientes que ya son impulsados en el Congreso, mismos que buscan revisar partes más pequeñas del sistema de inmigración del país.
Por ejemplo uno por parte de la senadora republicana Lindsey Graham y su colega demócrata Dick Durbin, quienes han reintroducido su Ley DREAM, iniciativa que también busca brindar el acceso a la ciudadanía a los inmigrantes que llegaron ilegalmente al país cuando eran niños.
El objetivo principal del proyecto es crear una vía para la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, a condición de que estas personas estuvieran en Estados Unidos el 1 de enero de 2021.
Aunque el plan anunciado este 18 de febrero en la Casa Blanca ofrece una de las vías más rápidas hacia la ciudadanía en comparación con otras propuestas en los últimos años, no ofrece mejorar la seguridad fronteriza, un tema que las negociaciones anteriores sobre inmigración han utilizado como una forma de ganar los votos republicanos. Sin una mejor seguridad fronteriza, el proyecto puede toparse con dificultades en un Congreso altamente dividido.
El proyecto de ley busca proporcionar inmediatamente tarjetas de residencia permanente para inmigrantes (“green cards”) a los jornaleros agrícolas, a quienes recibieron un estatus de protección temporal y a los jóvenes que llegaron sin permiso a Estados Unidos cuando eran niños.
Para otras personas que han vivido en Estados Unidos hasta el 1 de enero de 2021, el plan establece un camino de cinco años para que puedan obtener un estatus legal temporal, si pasan verificaciones de antecedentes, pagan impuestos y cumplen con otros requisitos básicos. Luego, después de otros tres años, pueden obtener la ciudadanía.
También podrán acceder a la residencia permanente las personas beneficiadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que impide la deportación de ciudadanos de países afectados por desastres naturales o conflictos armados y los trabajadores agrícolas que puedan demostrar un historial de empleo en Estados Unidos.
Para Biden “esta es una oportunidad de reiniciar el debate sobre una reforma migratoria después de los cuatro últimos años”, agregó el alto funcionario.
El gobierno de Trump aprobó más de 400 decretos ejecutivos para frenar la inmigración y castigar a los indocumentados.
Desde que llegó al poder, Biden anunció un golpe de timón en materia migratoria que incluyó la creación de un contingente para reunir las familias separadas por la política de “Tolerancia cero” en la frontera impulsada por Trump.
A partir de esta semana comenzará a desmantelar el polémico programa “Qúedate en México”, que obligó a decenas de miles de demandantes de asilo a permanecer en la frontera a la espera de la resolución de sus casos.
El alto funcionario destacó que la ley cambia el término en inglés “alien” para referirse a los extranjeros, por la designación “no ciudadano”, con el objetivo de “reflejar de mejor manera los valores que tiene el presidente sobre la inmigración.
Otros cambios que prevé son una inversión de 4,000 millones de dólares en la frontera con México y para la región de Centroamérica a fin dar un refuerzo en seguridad. Asimismo cambios en el sistema de inmigración ilegal, que entre otras cosas busca otorgar más fondos para más jueces de inmigración y enfatiza el acceso a un abogado; elimina el límite de un año para presentar un caso de asilo; revoca las prohibiciones para reingresar a Estados Unidos a las personas que anteriormente residían sin papeles en ese país.
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