Tan excepcional fue la presidencia de Donald Trump que a casi un mes de su finalización Washington DC se paralizará durante al menos una semana —puede ser más— para decidir qué hacer con él. Además de ser el primer presidente de la historia sometido a dos juicios políticos, se convertirá en el primero en ser juzgado tras haber dejado el cargo.
A partir de este martes, el Senado estadounidense se dedicará exclusivamente al proceso abierto el 13 de enero por la Cámara de Representantes. Tras acordar las reglas que guiarán el juicio, los 100 senadores escucharán los argumentos de la acusación —presentada por congresistas demócratas— y de los abogados de Trump.
Por último, tras un plazo de deliberación, se convertirán en un jurado y votarán si el ex mandatario es culpable o inocente de “incitación a la insurrección”. Los fiscales políticos del caso consideran que lo es, por haber alentando a la turba de seguidores que asaltó el Congreso el 6 de enero.
Si bien en la superficie se discuten sucesos pasados, en el fondo, lo que está en juego es el futuro político de Trump. Si es condenado, la mayoría demócrata puede prohibirle volver a ejercer cargos públicos, bloqueando la posibilidad de que sea candidato en 2024.
Como se necesitan dos tercios de la cámara para una condena, 17 senadores republicanos tendrían que sumarse a los 50 demócratas, algo poco probable. No obstante, lo relevante es que la respuesta de los legisladores ahora opositores va a ser indicativa del poder real que conserva Trump y de sus perspectivas de mantenerse como una figura central de la política estadounidense.
Si un número importante de senadores votan en su contra, e incluso muchos de los que se abstienen o votan a favor lo hacen condenando su participación en los sucesos del 6 de enero, sería una derrota para él, incluso aunque pueda volver a postularse. Si, en cambio, muy pocos se animan a cuestionarlo y cierran filas en su defensa, como hicieron durante el primer impeachment —en el que se lo juzgó por presionar al gobierno de Ucrania a investigar al hijo de Joe Biden—, será una victoria, que confirmará que sigue vigente y al mando.
“No creo que nadie prevea que Trump vaya a ser condenado y, si todavía estuviera en Twitter, podría interpretar una absolución como un triunfo. Sin embargo, dada su falta de acceso directo al público, es difícil imaginar alguna forma en la que pueda reclamar algún tipo de victoria. Incluso entre los senadores republicanos que votarán a favor de la absolución, también es difícil ver a alguien dispuesto a decir públicamente que Trump ha ganado. Creo que la mayoría quiere seguir adelante. Dicho esto, el número de votos importa. Si cinco o más republicanos votan a favor de la condena, es posible que se describa como una votación bipartidista en los medios de comunicación. Pero, si el resultado queda totalmente dividido entre oficialismo y oposición, será planteado como una votación monocolor”, explicó Robert G. Boatright, catedrático del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Clark, consultado por Infobae.
El juicio, paso a paso
Lo más importante que hará el Senado en la sesión del martes será definir los parámetros del juicio político. Uno de los temas centrales será resolver si se citará a testigos a declarar.
Jacob Anthony Chansley, el hombre que entró al Capitolio disfrazado de guerrero sioux, se ofreció a testificar. Albert Watkins, su abogado, dijo la semana pasada que su cliente actuó estando “embelesado con Trump”, pero que “se sintió traicionado” cuando éste se fue del poder sin indultarlo.
Por la excentricidad del personaje, que está preso en una cárcel federal a la espera de que lo enjuicien por el ataque, es poco probable que lo convoquen en caso de que se acepten testigos. Pero Jamie Raskin, que lidera el equipo que presentará la acusación esta semana, desafío a Trump a testificar bajo juramento.
David Schoen, abogado del ex presidente, rechazó esa posibilidad en una entrevista con el presentador Sean Hannity, en Fox News. Dijo que la convocatoria era un truco publicitario y que no tendría sentido que diera su testimonio por “los terribles sesgos y prejuicios” mostrados por los senadores.
El problema de llamar a testigos es que extendería el proceso y el oficialismo no quiere eso. Como toda la actividad del Senado se va a abocar enteramente al impeachment, la agenda legislativa del gobierno de Biden quedaría en suspenso, algo que inquieta a la Casa Blanca. Es por eso que los demócratas intentan reducir a días un proceso que suele llevar semanas.
Una vez que estén estipuladas las reglas, comenzará el juicio propiamente dicho. Si Trump siguiera gobernando, lo presidiría el titular de la Corte Suprema, John Roberts. Pero como ya no está en el cargo, cumplirá la función Patrick Leahy, presidente pro tempore del Senado, que es el miembro de la mayoría con mayor antigüedad.
En la primera parte del juicio, los nueve congresistas que hacen de fiscales, liderados por Raskin, presentarán el caso, aportando todas las evidencias que tengan para argumentar que Trump trató de incitar una insurrección. En la segunda, le tocará el turno al equipo de defensores encabezado por Schoen, que buscará derribar todos los planteos de la acusación.
Luego llegará el tiempo de la deliberación. A puertas cerradas, los senadores discutirán las pruebas y los argumentos aportados por las partes. Y, finalmente, el momento decisivo: la votación. Para que Trump sea condenado se necesitan 67 votos. En el juicio del año pasado, se impuso la absolución por 52 a 48. Sólo uno de los senadores republicanos acompañó a los demócratas: el ex candidato presidencial Mitt Romney.
Es cierto que el panorama es diferente en esta ocasión, por la indignación que suscitó entre muchos copartidarios de Trump lo que pasó en el Capitolio. En la Cámara de Representantes, 10 congresistas republicanos votaron a favor del impeachment el 13 de enero pasado. Pero esos diez representan apenas el 5% de la bancada. Trasladado al Senado, ese porcentaje serían apenas dos o tres, muy lejos de los 17 que tendrían que sumarse.
“Todo senador republicano que vote a favor de la condena será vilipendiado por quienes se oponen”, dijo a Infobae Alyx Mark, profesora del Departamento de Gobierno de la Wesleyan University. “A medida que nos alejamos en el tiempo, el ataque al Capitolio se está yendo de la conciencia colectiva de los estadounidenses. Los llamamientos a la condena están disminuyendo, y si los senadores republicanos no detectan una ganancia política por votar a favor, no tienen ningún incentivo para romper con su partido. Me sorprendería que lo haga más de un muy pequeño puñado”.
El conteo provisorio que hacen los principales medios estadounidenses revela que una condena es casi imposible. Según The New York Times, por ejemplo, 40 senadores se manifestaron abiertamente a favor y 21 están “abiertos a considerarlo”, lo que sumaría 61 votos, seis menos de los necesarios. En cambio, 37 legisladores dijeron que votarán en contra. Esto podría cambiar en los próximos días, pero es poco probable.
“Trump todavía parece tener un control estricto sobre el partido. De hecho, no se ve que haya suficientes senadores republicanos de acuerdo para condenarlo”, sostuvo Peverill Squire, catedrático de Instituciones Políticas Americanas de la Universidad de Missouri, en diálogo con Infobae. “Pero tampoco está claro cuánto tiempo podrá mantener su influencia, dado que está fuera del poder y, al menos actualmente, se le impide utilizar las redes sociales para avivar a su base. En la política estadounidense, 2024 queda muy lejos y hay muchas oportunidades para que otros políticos le quiten el protagonismo político”.
El futuro de Trump, en juego
La mayoría de los senadores republicanos trataron de abortar el juicio diciendo que era inconstitucional, porque Trump ya no es presidente y el Senado estaría juzgando a un ciudadano privado. La moción fue derrotada por 55 a 45.
Sólo cinco senadores republicanos la rechazaron: Romney (Utah), Lisa Murkowski (Alaska), Susan Collins (Maine), Pat Toomey (Pensilvania) y Ben Sasse (Nebraska). Es posible que sea un anticipo del resultado de la votación definitiva.
De todos modos, muchos de los senadores que votaron a favor del proyecto se mantienen cautos. El caso más significativo es el de Mitch McConnell, líder de la minoría republicana, que dijo que iba a escuchar los considerandos de las partes antes de tomar una decisión.
McConnell, que se había mantenido fiel a Trump durante todo el mandato, empezó a distanciarse luego de que el Colegio Electoral confirmara el triunfo de Biden y terminó de romper tras la toma del Congreso. “La turba fue alimentada con mentiras y provocada por el presidente”, dijo tras los incidentes.
Para Michael Berkman, director del Instituto McCourtney para la Democracia de la Universidad Estatal de Pensilvania, lo que hacen los republicanos al discutir la legalidad de enjuiciar a un presidente tras su salida es “evitar el debate sobre el fondo del asunto”. “Distintos funcionarios públicos han sido sometidos a juicio político después de dejar su cargo en el pasado —dijo a Infobae—. “Este impeachment comenzó cuando el presidente aún estaba en el puesto y entre las penas previstas está la de no permitir que el condenado ejerza en el futuro. Es poco probable, pero no imposible, que Trump sea condenado. Sea cual sea el resultado, la votación pone en evidencia a los senadores republicanos en un tema que puede ser difícil una vez que se presenten las pruebas”.
Si bien el juicio político contra un presidente que ya no está en ejercicio carece de precedentes, la mayoría de los juristas coincide en que está dentro de los lineamientos de la Constitución. Hay un caso, aunque no de un mandatario. En 1876, durante la presidencia de Ulysses Grant, la Cámara de Representantes aprobó un impeachment contra William Belknap, secretario de Guerra, el mismo día en que éste presentó su renuncia. El Senado lo enjuició meses después. Si bien la mayoría votó por condenarlo, no alcanzó el umbral necesario, así que Belknap fue absuelto.
La principal razón esgrimida por quienes insistieron en juzgar a Belknap fue la importancia de evitar que vuelva a representar a los Estados Unidos una persona que lo hizo con deshonra. El eje se desplaza de una evaluación sobre conductas pasadas a una decisión sobre el futuro del país.
Kenneth D. Wald, profesor emérito de ciencia política de la Universidad de Florida, considera que “el argumento republicano está lleno de agujeros, es históricamente erróneo y malinterpreta el propósito del impeachment”. “El Senado puede imponer cualquiera de estos castigos tras la condena: la destitución del cargo o la inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro. Como ex funcionario, una condena puede inhabilitarlo para ejercer posteriormente un cargo público. Sin esa opción, un presidente que viole la Constitución podría optar por dimitir en su último día y así reclamar la inmunidad ante un juicio político, para buscar la reelección. El impeachment de ex funcionarios era común en el Reino Unido, donde se desarrolló esta disposición, y también en los estados estadounidenses que la utilizaban”.
Es algo que está en el espíritu de la 14ª Enmienda de la Constitución, que establece que ninguna persona que “participó en una insurrección o rebelión” mientras ocupaba un cargo gubernamental puede volver a desempeñar la función pública. Y es la razón por la que, si Trump fuera condenado, el Congreso podría votar por mayoría simple prohibirle una nueva postulación a la presidencia.
En cualquier caso, si el resultado del proceso muestra a una cantidad importante de senadores republicanos denostando a Trump y declarándolo culpable, sería una derrota incluso cuando no lleguen a los 67 votos. De la misma manera, si fueran sólo dos o tres los que juegan en su contra, sería una victoria indiscutible para él.
En las horas posteriores al 6 de enero parecía que finalmente el establishment del partido había decidido romper con él. Si muchos de los que se animaban a cuestionarlo antes prefieren ahora agachar la cabeza porque se dan cuenta de que sigue siendo popular entre la base partidaria y temen hacerla enojar, todo indica que Trump continuará un tiempo más como el macho alfa republicano.
“Está claro por los acontecimientos que se han producido desde la toma de posesión de Biden que Trump sigue teniendo cierto control sobre el Partido Republicano —dijo Boatright—. El apoyo con el que cuenta seguirá siendo un tema en las campañas republicanas, al menos hasta 2022. El interés declarado de Trump por presentarse en 2024 probablemente congelará el campo de juego y disuadirá a muchos republicanos de comenzar sus propias campañas. Esto podría ser un problema para el partido en los próximos años. Es difícil hacer predicciones, pero en última instancia no creo que Trump se presente de nuevo, aunque sólo sea por su edad, por los problemas legales a los que puede enfrentarse en los próximos años o para evitar el riesgo de una derrota. Pero seguirá intentando desempeñar un papel en la selección de ganadores y perdedores en la política republicana”.
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