En la Navidad de 2017, Karina, una niña salvadoreña, fue separada de su madre por agentes fronterizos de Estados Unidos durante 16 meses, agravando traumas derivados de la violencia en su país. Hoy, cientos de familias partidas por la política de “tolerancia cero” a la migración irregular del gobierno de Donald Trump siguen esperando.
El presidente Joe Biden quiere revertir los efectos de esa política de su predecesor republicano y busca que la reunificación de estas familias sea una “prioridad máxima”.
Para ello, creará un grupo de trabajo para reunir a los cerca de 600 menores que siguen separados de sus padres, según datos surgidos de demandas judiciales.
La política de Trump -instaurada entre 2017 y 2018- buscó frenar el flujo de migrantes sin papeles que buscaban ingresar por la frontera sur, muchos de ellos familias de Centroamérica huyendo de la violencia.
Su implementación, que afectó a cerca de 5.000 menores, fue suspendida ante una ola de indignación.
Desde entonces, ONG y abogados buscan reunir a las familias, con gran dificultad debido a que muchos padres fueron deportados y viven en zonas rurales de Centroamérica.
“Vamos a trabajar para deshacer la vergüenza moral y nacional hecha por el gobierno anterior que de forma literal, no figurativa, arrancó a niños de los brazos de sus familias”, dijo Biden este martes.
Altos funcionarios del gobierno indicaron que se propondrán soluciones para el reencuentro, sin especificar si esto podría incluir el regreso a Estados Unidos de los adultos deportados.
Para el Director del Instituto Salvadoreño del Migrante, César Ríos, la separación de familias que huían de la violencia y la pobreza fue “una medida inhumana”.
En Guatemala, Leonel Dubón, director de la oenegé El Refugio de la Niñez, celebró la medida y calificó la política de Trump como “violatoria de derechos humanos” y del derecho a la familia.
Un calvario de 16 meses
Karina y su madre Lorena -que son seudónimos utilizados en las actas judiciales para protegerlas- huyeron a Estados Unidos desde El Salvador después de que un hombre golpeara a la mujer y la dejara al borde de la muerte. El agresor pasó tres días preso y luego amenazó a Lorena con secuestrar a su hija.
Tras ser detenidas en Estados Unidos, fueron puestas en una atestada prisión que los migrantes denominan la “hielera”, por el frío. En las celdas había niños enfermos que vomitaban y nadie limpiaba.
El día de Navidad, los guardias separaron a Lorena de su hija, sin darle la oportunidad de despedirse. Vio como su hija lloraba y le hacía un signo de corazón con las manos.
Allí comenzó un calvario de 16 meses, una pesadilla que para algunos todavía no termina.
El gobierno de Trump mantuvo registros muy pobres e hizo poco para cooperar con los grupos que buscan reunir a las familias. Los pocos datos disponibles surgieron en su mayoría de demandas judiciales.
Según el acta de uno de los casos que data de enero, hay 611 niños que siguen separados de sus progenitores y “se estima” que 392 padres fueron deportados, otros 201 supuestamente siguen en Estados Unidos, en tanto no hay rastro en 18 casos.
“No confían en nadie”
Un funcionario del gobierno de Biden reconoció que nadie sabe en realidad cuántos niños están lejos de su familia. “Podrían ser hasta 1.000”, indicó.
Este equipo de trabajo tiene que delinear las políticas y dilucidar una pregunta clave: si las familias van a poder permanecer legalmente en Estados Unidos.
En el caso de Lorena, pese a haber sido deportada, pudo volver a Estados Unidos.
Para los defensores de los migrantes, que permanezcan en Estados Unidos permitiría un seguimiento psicológico. A Karina la separación le provocó pensamientos suicidas. Hasta el día de hoy sigue con secuelas.
Cathleen Caron, directiva de la organización Justice in Motion, explicó a la AFP que encontrar a los padres que fueron deportados es muy difícil por la mala calidad de los datos, a lo que se sumó la pandemia y luego los dos huracanes que azotaron Centroamérica en noviembre.
“Las familias provienen de zonas rurales, la mayoría de ellas en Guatemala”, explicó. “La búsqueda en comunidades montañosas, que son inaccesibles, basándose en información deficiente, es ardua”.
Además explicó que hay una falta de confianza de las familias después del trauma. “Ellos fueron profundamente dañados por el gobierno de Estados Unidos, entonces no confían en nadie”, concluyó.
Ariela Navarro para AFP
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