Alentados por un nuevo gobierno demócrata y por el control de las dos cámaras legislativas, los defensores de los derechos de inmigrantes se preparan para nuevas batallas políticas en las que tratarán de dar impulso a la propuesta del presidente Joe Biden que podría allanar el camino hacia la naturalización de 11 millones de personas.
Organizaciones nacionales como United We Dream y la United Farm Workers Foundation lanzaron el lunes una millonaria campaña a través del hashtag #WeAreHome (”Estamos En Casa”) que ya empezó a publicar anuncios en Facebook y en otras redes sociales con el fin de presionar a los legisladores para que apoyen la medida.
“Estamos en nuestra casa”, dice una mujer joven en la primera publicidad, que muestra a inmigrantes que desempeñan trabajos esenciales, como limpieza y servicios de salud. “En casa, a pesar de que dicen que no somos de aquí”.
Las posibilidades de que la propuesta de Biden prospere son remotas. La inmigración sigue siendo un tema muy divisivo y los republicanos han dicho que se opondrán a la iniciativa. Los demócratas tienen 50 de los 100 escaños del Senado y el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, pero necesitan al menos 60 votos para que la ley sea aprobada.
Las personas que se oponen al proyecto anunciaron que también lanzarán una campaña para frenarlo, con avisos en la radio y la televisión. Y señalaron que escribirán cartas y mantendrán encuentros virtuales con los legisladores.
Sin embargo, los activistas dijeron que disfrutan la llegada del nuevo gobierno y el creciente apoyo del público a la idea de permitir la naturalización de las personas con un estatus migratorio irregular. Destacaron asimismo que ya tienen más experiencia en estas batallas.
“El movimiento maduró”, declaró Lorella Praeli, una peruana que es copresidenta de Community Change, una de las organizaciones nacionales que impulsan la campaña. “Es más diverso y está más fogueado”.
Praeli, de 32 años, fue traída a Estados Unidos a los 10 años para recibir tratamiento médico después de perder una pierna en un accidente. Milita en la causa de los inmigrantes desde la adolescencia.
Fue enlace de la campaña presidencial de Hillary Clinton con la comunidad hispana y habló durante la convención nacional demócrata de 2016.
Afirmó que la batalla se libra a varios niveles, desde las organizaciones comunitarias de base hasta el cabildeo en el Congreso. Las cinco organizaciones participantes costearán la campaña con sus propios fondos.
“Necesitamos progresos rápidos en el tema de la inmigración”, manifestó Praeli. “Tenemos 100 días para marcar la pauta”.
Patrice Lawrence, quien es oriundo de Jamaica y funge como codirector ejecutivo de UndocuBlackNetwork, dijo que la campaña representa a todos los inmigrantes, “sin importar el color de nuestra piel, dónde vivimos, si trabajamos, cómo rezamos o qué edad tenemos”.
Glo H. Choi, del National Korean American Service & Education Consortium, señaló que es hora de que se apruebe una reforma integral a las leyes de inmigración.
“Las medidas temporales del pasado solo postergaron las cosas”, manifestó la activista de Chicago, quien llegó al país de Corea del Sur cuando era niña.
La campaña da esperanzas a inmigrantes como Daniela Murguía, una mexicana que se graduó de la Universidad de Washington y vive en Renton, un suburbio de Seattle. Su familia la trajo al país en 2008, cuando tenía 11 años, y no tiene permiso de residencia ni protección legal alguna. Ayudó a recaudar millones de dólares para inmigrantes sin papeles en medio de la pandemia del coronavirus y luchó para incluir esa ayuda en el presupuesto del estado.
Bajo el proyecto de Biden, la mayoría de las personas como Murguía deberán esperar ocho años para naturalizarse. Pero quienes se acogieron al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), quienes tienen un Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) tras escapar de la violencia de sus países y los trabajadores agrícolas sólo tendrían que esperar tres años. La iniciativa también incluye protecciones para inmigrantes que se encuentren en otro tipo de situación.
Los opositores a la iniciativa dijeron que después de la amnistía de 1986 implementada por el entonces presidente Ronald Reagan para casi 3 millones de inmigrantes, muchos más llegaron a la nación. El control de los cruces ilegales, no obstante, mejoró mucho desde entonces y la propuesta de Biden contempla más tecnología en los cruces por tierra, en los aeropuertos y los puertos, así como la suspensión de la construcción de un muro en la frontera con México que tanto promovió su predecesor Donald Trump.
El senador Tom Cotton, quien respaldó la construcción del muro y apoya las leyes migratorias más restrictivas, señaló que la propuesta crearía “fronteras abiertas”. Sostuvo que “no toma en cuenta la salud y la seguridad de los estadounidenses ni la aplicación de las leyes” sobre el tema.
La Federation for American Immigration Reform, que se opone al proyecto, también estimó que el proyecto equivale a una amnistía.
“No solo premiaría a todos los que violaron nuestras leyes de inmigración en el pasado, sino que induciría a que millones más vengan ilegalmente”, se quejó R.J. Hauman, jefe de la unidad a cargo de las relaciones gubernamentales. “A cambio de absolutamente nada”.
El subdirector de NumbersUSA Chris Chmielenski cree que Biden puede sentirse en deuda con los activistas que lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca. Su organización promueve una inmigración más restringida.
“Creo que (el proyecto) no tiene la menor posibilidad de ser aprobado”, expresó.
Los activistas, no obstante, tienen a su favor un cambio en la opinión pública.
Siete de cada 10 votantes dijeron que prefieren ofrecer a los inmigrantes sin papeles la oportunidad de regularizar su estatus migratorio, de acuerdo con un estudio de noviembre de AP VoteCast. El estudio involucró a 110.000 votantes e indicó que nueve de cada 10 personas que votaron por Biden y la mitad de los que votaron por Trump quieren legalizar de algún modo a los inmigrantes que se encuentran en el país sin permiso de residencia.
Veteranos activistas como Dolores Huerta, cofundadora del sindicato United Farm Workers que ahora dirige su propia fundación, dijeron que la campaña a favor de una reforma se beneficiará de las dramáticas historias de los niños separados de sus padres durante la gestión de Trump.
“Creo que eso va a marcar la diferencia”, manifestó Huerta. “Cuando la gente se dé cuenta de que esto es lo justo, nos apoyará”.
Los inmigrantes comentaron que la propuesta de reemplazar la palabra “alien” (extranjero) por “no ciudadano” ya los hace sentirse mejor.
“Me da más esperanza, más confianza”, declaró Melissa Laratte, de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas, otra organización que apoya la campaña. Llegó a Miami con un hijo pequeño hace dos años en busca de asilo por pertenecer a una agrupación opositora en Haití y sentirse perseguida.
“Están tratando de ayudarnos”, agregó.
(Por Anita Snow y Manuel Valdes/Associated Press)
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