Estados Unidos anunció que recaudó USD 7 millones de fondos iraníes ilícitos e informó que serán destinados a indemnizar a las víctimas norteamericanas de actos de terrorismo internacional patrocinados por el régimen de Teherán.
En un comunicado, el Departamento de Justicia señaló que esos fondos provienen de una “investigación de confiscación civil que forma parte de la búsqueda del Gobierno de una compleja conspiración internacional que se extiende por todo el mundo”.
Según indicaron las autoridades judiciales, el propósito de esa conspiración es violar el sistema de sanciones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos sobre Irán. De acuerdo a lo apuntado por el Departamento de Justicia, varias personas -iraníes y no iraníes- transfirieron fraudulentamente “fondos de propiedad iraní por un valor aproximado de USD 1.000 millones a cuentas de todo el mundo”.
“Los fondos habían sido destinados a beneficiar a los actores criminales que participaban en un elaborado plan para violar las sanciones de los Estados Unidos contra Irán, uno de los principales Estados patrocinadores del terrorismo”, dijo el fiscal general adjunto interino David Burns, de la División Penal del Departamento de Justicia. “Gracias a la ayuda de nuestros socios extranjeros y a los esfuerzos combinados de la División Penal, la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Alaska, el FBI y el Servicio de Rentas Internas, los fondos confiscados se utilizarán en su lugar para compensar directamente a las víctimas de los estados patrocinadores del terrorismo”, añadió.
“Agradezco a nuestros socios en la aplicación de la ley por su diligencia a largo plazo y dedicada a asegurar estos fondos para las víctimas del terrorismo”, expresó el fiscal para el distrito de Alaska, Bryan D. Schroder. “Los Estados Unidos también reconocen y agradecen la cooperación de las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, la División de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y los Delitos Financieros del Departamento de Policía de Dubai y el Gobierno de Ras al Khaimah, la Fiscalía General de Georgia y la Fiscalía Suprema y el Ministerio de Justicia de la República de Corea, sin los cuales esta resolución no habría sido posible”.
Robert Britt, agente especial a cargo de la Oficina de Campo de Anchorage del FBI, sostuvo que el Buró Federal “perseguirá enérgicamente a quienes ayudan a los financistas del terrorismo y a quienes abusan del sistema financiero de los Estados Unidos en el proceso”.
“Debido al esfuerzo de colaboración puesto en marcha por el FBI y nuestros socios, es con gran satisfacción que una parte de estos fondos confiscados con éxito se destinará a las víctimas estadounidenses del terrorismo internacional patrocinado por el Estado”, agregó.
El texto difundido por el Departamento de Justicia norteamericano detalla que entre 2011 y 2014 los conspiradores -tres ciudadanos iraníes y un presunto estadounidense- defraudaron a los bancos de Corea del Sur presentando documentos falsos que pretendían demostrar que las empresas iraníes estaban haciendo negocios legítimos con compañías surcoreanas. Amparados en esos documentos, estas personas lograron transferir ilegalmente fondos de propiedad iraní por un valor aproximado de USD mil millones de Corea del Sur a los mercados financieros internacionales.
El presunto conspirador norteamericano fue identificado como Kenneth Zong, quien fue acusado en diciembre de 2016 en el Distrito de Alaska de 47 cargos de violación de la Ley de facultades económicas en casos de emergencia internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) y el Reglamento sobre transacciones y sanciones contra Irán (ITSR). También es señalado de haber prestado “servicios ilegales” al régimen iraní, y de conspiración para blanqueo de capitales.
Zong se encuentra en Corea del Sur, donde recientemente terminó de cumplir una condena de más de cinco años de prisión por violar la legislación de ese país, en el marco de las acciones cometidas para llevar a cabo ese mismo plan.
Parte de los fondos iraníes fueron transferidos a Anchorage, la capital de Alaska. La familia Zong tiene un historial de estar vinculada a los esfuerzos de Teherán para circunvenir las sanciones que le han sido impuestas. En 2018, un juez federal condenó a Mitchell Zong (hijo de Kenneth ) a dos años y medio de prisión por su papel en el blanqueo de aproximadamente USD 968.000, también de origen iraní. Las autoridades norteamericanas remarcaron que el acusado tenía conocimiento de que esos fondos “procedían de las transacciones ilegales de su padre con nacionales iraníes”.
“En una acción civil de confiscación separada, se ordenó a Mitchell Zong y a otros miembros de su familia que confiscaran a los Estados Unidos aproximadamente USD 10 millones en activos, que se compraron con fondos que se podían rastrear hasta la actividad ilegal de la IEEPA de Kenneth Zong en 2011 en Seúl”, apunta el Departamento de Justicia.
Además de los enjuiciamientos, la Fiscalía de Estados Unidos presentó una denuncia de decomiso con el fin de incautar el dinero que se encontraba en un fondo soberano de los Emiratos Árabes Unidos. Esos fondos, que también están vinculados a esta trama de corrupción, “formaban parte de un pago inicial efectuado por los copartícipes iraníes para la compra de un hotel Sheraton en Tbilisi (Georgia) en 2011 y 2012”: “El acuerdo anunciado hoy resuelve ese caso de confiscación con una orden propuesta de confiscación de USD 7 millones a los Estados Unidos”.
“Los USD 7 millones se destinarán al Fondo para las Víctimas del Terrorismo Patrocinado por los Estados Unidos, que el Congreso estableció para proporcionar una indemnización a determinadas personas que resultaron heridas en actos de terrorismo internacional, incluidas las víctimas de la situación de rehenes de la embajada de los Estados Unidos en Irán en 1979, entre otras”.
El gobierno de Trump e Irán están duramente enfrentados desde que Estados Unidos anunció en 2018 su retiro del acuerdo internacional para frenar el programa nuclear de Teherán. Desde entonces Washington instauró sanciones incluyendo un embargo para el crudo iraní.
Asimismo, la administración Trump señaló al régimen de los ayatolás como el principal patrocinador del terrorismo a nivel mundial. De hecho, incluyó a la Guardia Revolucionaria iraní en su lista de organizaciones terroristas.
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