Durante el mes de noviembre, el crucero USS San Jacinto, de la Marina de Estados Unidos, realizó una misión secreta en Cabo Verde, donde se encuentra detenido desde el pasado 12 de junio Alex Saab, el testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro.
La información fue revelada este martes por The New York Times. Según lo informado por el prestigioso periódico norteamericano, el operativo se puso en marcha una vez que el empresario colombiano fue detenido por las autoridades del país africano en respuesta a una petición de EEUU cursada a través de Interpol.
El objetivo de desplegar un buque de guerra por parte de la administración de Donald Trump era evitar cualquier maniobra de Venezuela e Irán para lograr la liberación de Saab.
Sin embargo, el ex secretario de Defensa Mark Esper durante meses rechazó enviar un buque de la Marina a Cabo Verde, alegando que era un mal uso del poderío militar estadounidense.
La sigilosa llegada del San Jacinto, un crucero misilístico de la clase Ticonderoga, al país insular coincidió con el momento en que Esper fue despedido por Trump, a principios de noviembre. Christopher C. Miller, actual secretario de Defensa norteamericano, aprobó rápidamente el despliegue del buque de guerra desde Norfolk, Virginia. Con su aprobación, el barco cruzó el Atlántico para vigilar de cerca cualquier movimiento o maniobra en torno a Saab.
Desde el comienzo Esper se mantuvo firme en su posición: la extradición del testaferro de Maduro debía llevarse a cabo sin la intervención de un buque de guerra de la Marina de Estados Unidos. Pese a esto, el Gobierno envió en agosto el barco de la Guardia Costera Bear a Cabo Verde. El comandante Jay W. Guyer, portavoz de la Guardia Costera, dijo que la nave realizó una patrulla conjunta con la Guardia Costera de Cabo Verde “para contrarrestar la pesca ilegal, no regulada y no declarada”.
Por su parte, The New York Times señala que el mes pasado dos países de África Occidental, a pedido del Departamento de Estado norteamericano, negaron el permiso para repostar en sus aeropuertos a un avión iraní con destino a Cabo Verde. Los funcionarios indicaron que era posible que el avión trasladara a espías iraníes, comandos o tal vez solo abogados tratando de anular la extradición de Saab. Ante la negativa de esas naciones, el avión voló de regreso a Teherán.
Los partidarios del despliegue de la Marina, como Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos ante Venezuela e Irán, subrayaron que la presencia del San Jacinto -con un costo operativo de 52.000 dólares al día-, había disuadido cualquier intento de Venezuela e Irán de operar en suelo caboverdiano en apoyo de Saab.
El Comando de África del Pentágono, no obstante, no reconoció la misión secreta del buque aunque sí su presencia en el país. De acuerdo con The New York Times, Kelly Cahalan, portavoz del Comando, dijo que el barco fue enviado a Cabo Verde “para combatir la actividad marítima transnacional ilícita” en la región.
La semana pasada, el San Jacinto recibió la orden de volver a Norfolk para asegurar que los 393 miembros de la tripulación estén en casa para Navidad y Año Nuevo. Un alto funcionario del Pentágono manifestó que hasta el momento no se ha decidido si enviarán otro buque de la Marina después de las vacaciones.
“Saab es de vital importancia para Maduro porque ha sido el testaferro de la familia Maduro durante años (...) Tiene acceso a información privilegiada sobre los planes de corrupción de Maduro dentro y fuera de Venezuela”, dijo Moisés Rendón, especialista en asuntos de Venezuela del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.
El empresario fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal (norte), tras una petición de EEUU cursada a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero.
Tras mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en la prensa cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, cuyas ayudas se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares”.
Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares (unos 296 millones de euros) supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
“Si Saab coopera con los oficiales americanos, podría ayudar a desenredar la red económica de apoyo de Maduro y ayudar a las autoridades a presentar cargos contra otros aliados del Gobierno venezolano”, apunta The New York Times en su artículo publicado este martes.
Tras la detención del empresario, el régimen de Maduro señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se hallaba “en tránsito” en Cabo Verde para regresar al país. La defensa argumenta que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde”.
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