Estados Unidos volvió a denunciar las últimas maniobras del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua para limitar a la oposición de cara a las elecciones presidenciales convocadas por el sandinismo para el 7 de noviembre de 2021. Además, adelantó que mantendrá la presión sobre el oficialismo si no se llevan a cabo “profundas reformas” para que los comicios sean “libres y justos”.
Michael Kozak, subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, consideró que la reciente Ley de Agentes Extranjeros aprobada por la Asamblea Nacional de ese país -controlada por los sandinistas- busca “bloquear a los candidatos opositores” para las elecciones presidenciales.
Durante una conferencia telefónica, de la que participó Infobae, el diplomático norteamericano sostuvo que este tipo de leyes, así como la de Ciberdelitos, “atentan cada vez más contra los derechos humanos”. En esa línea reiteró que el régimen debe llevar a cabo “profundas reformas” para que los comicios del próximo año sean “libres y justos” y cuenten con el reconocimiento internacional. “Estas leyes son una barrera a la participación democrática de cara a las elecciones de 2021”, expresó.
El pasado 16 de octubre el régimen de Ortega dio luz verde a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que controla las actividades de aquellas personas o empresas que reciban financiación del exterior. La oposición y organizaciones de Derechos Humanos han calificado a la ley como un instrumento de represión política y restricción de libertades.
Esta iniciativa, dicen las autoridades sandinistas, tiene como objetivo regular “a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero y lo utilicen para realizar actividades que deriven en injerencia de organizaciones y Gobiernos extranjeros en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado.
El régimen de Ortega dice que este marco jurídico garantiza la defensa y protección de la independencia, soberanía y autodeterminación de Nicaragua. Los calificados como “agentes extranjeros” por el Gobierno deberán registrarse en el Ministerio de Gobernación y detallar los fondos recibidos, así como su destino. También se les prohibirá intervenir en cuestiones de política interna, bajo amenaza de sanciones penales.
No obstante, Kozak aseguró que aunque esa ley parece estar dirigida a agentes extranjeros, “los verdaderos agentes que están interfiriendo en la vida política del país, como Venezuela, Rusia y Cuba, no se verán afectados”. “El régimen está feliz de que estos actores participen en sus políticas”, agregó.
Kokaz también recordó las resoluciones aprobadas por la Organización de Estados Americano (OEA) y la Unión Europea (UE) al respecto, que exigen la restitución del “orden democrático” en Nicaragua. “La resolución de la OEA es específica en cuanto a las reformas que se deben realizar para unas elecciones justas, y que el resultado sea legítimo”. Sin embargo, dijo el funcionario, “hasta ahora no lo han hecho”: “Han aprobado leyes que hacen a la situación aún peor a la que había antes a la resolución de la OEA”.
La resolución del organismo internacional, cuyo texto se hizo público el pasado 20 de octubre, urge a Ortega a implementar una serie de reformas electorales antes de las elecciones generales previstas para noviembre de 2021 “no más tarde de mayo” de ese año. La resolución pone especial énfasis en la necesidad de modernizar el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el oficialismo, y también pide al régimen nicaragüense que acepte misiones independientes de observación electoral y garantice libertades básicas como la de expresión y reunión.
La resolución de Nicaragua fue impulsada por seis países: Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, EEUU y Venezuela, que en la OEA está representada por un enviado del líder opositor Juan Guaidó, ya que el régimen de Nicolás Maduro abandonó el organismo por iniciativa propia en abril de 2019.
Frente al aumento de la represión y persecución del régimen orteguista contra la oposición pese a los reclamos internos y externos, Kozak advirtió que Estados Unidos “está listo para ejercer mayor presión contra el Gobierno hasta lograr que se instauren las reformas que los nicaragüenses se merecen”.
En otro pasaje de la conferencia, Kozak remarcó que el gobierno de Donald Trump impuso sanciones contra 24 miembros del régimen y nueve entidades, y aclaró que tanto republicanos como demócratas coinciden en la necesidad de que se restablezca el orden democrático en el país centroamericano: “Seguiremos utilizando estas herramientas para buscar las reformas electorales para el pueblo de Nicaragua (...) No solamente el Gobierno ha estado actuando, sino que hay un interés en ambos partidos del país para que Ortega cumpla las demandas”.
El funcionario del Departamento de Estado también aseveró que “hay una gran conciencia internacional sobre lo que ocurre en Nicaragua”: “No estamos solo en esta labor. Pero Estados Unidos ha sido uno de los gobiernos más activos en aplicar medidas concretas contra el régimen de Ortega para que lleve a cabo las reformas necesarias”.
El diplomático norteamericano subrayó que para que los comicios del próximo año sean legítimos, también “deben ser liberados los presos políticos”.
Kozak dijo que en los últimos comicios Ortega “tenían tanto miedo de unas elecciones reales que tuvieron que hacerlas de manera fraudulenta”. Sobre la ola de protestas que se desataron en 2018, y que dieron inicio a la presente crisis que atraviesa el país, opinó que “un gobierno legítimo podría haber enfrentado las protestas de otra manera”. La reacción del régimen “fue matar a personas civiles con francotiradores en las calles”: “Esto es propio de una persona que no está operando con confianza en un marco democrático”. Desde entonces, el sandinismo ha reprimido cada uno de las manifestaciones pacíficas que se desarrollaron en el país; incrementó la persecución contra dirigentes opositores y medios de comunicación independientes, así como la intimidación a la población civil. La Iglesia, en tanto, también ha sido blanco de ataques por parte de grupos paramilitares y de las fuerzas de seguridad que responden al régimen.
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