De qué se trata la Proposición 16 que se vota en California y divide a los latinos, aunque podría beneficiarlos

Hasta el 3 de noviembre unos 21 millones de residentes de California que están registrados para votar participan en una elecciones históricas en los Estados Unidos. Factores como la gran polarización en la ciudadanía que elige entre reelegir al presidente Donald Trump o frustrar su deseo de un segundo mandato y llevar a la Casa Blanca al demócrata Joe Biden hacen que muchas otras cuestiones incluidas en la papeleta de votación de los diferentes estados pasen inadvertidas. En el caso de California, los votantes podrán decir sí o no a 12 proposiciones.

Sus temas van desde las células madre hasta los conductores de Uber, desde los impuestos a las propiedades de más de USD 3 millones a el manejo de la información personal, desde el voto de los jóvenes hasta la libertad condicional para delincuentes no violentos. Y entre todas ellas se destaca una por ser la más controvertida: la proposición 16, que quiere volver a poner en vigencia en el estado la acción afirmativa.

Incluso entre aquellos beneficiarios potenciales, como la enorme comunidad latina, hay muchas dudas, tanto sobre las ventajas como sobre las desventajas de reinstalar el programa. Porque en el pasado California tuvo acción afirmativa, por la cual las instituciones públicas —como todos los niveles de los gobiernos municipales— y también las universidades estatales podían considerar la raza, el género y la etnia como factores de importancia especial, para compensar la discriminación imbricada en la sociedad, al tomar personal, hacer contrataciones y aceptar alumnos. Y en 1996 la revocó con la proposición 209, que avaló el 54% de los californianos.

Aquella medida, que hoy la proposición 16 quiere revocar, fue el epítome de una era de profundas divisiones. El gobernador Pete Wilson, apoyado por otros líderes del Partido Republicano, impulsó el fin de la acción afirmativa en California y también otras dos proposiciones cuestionadas que contaron con el apoyo del electorado: la 187, que privó de servicios públicos a los inmigrantes indocumentados, y la 227, que prohibió la educación bilingüe en las escuelas públicas. Fueron medidas que se calificaron de anti-inmigrantes y anti-latinos en aquel momento, y hasta hoy se ven como las más divisivas en la historia del estado.

La herencia de la 209 se vio de inmediato. Los ingresos a las universidades estatales y las contrataciones en empleos públicos dejaron de considerar el impacto que podían tener en la historia y los méritos de un candidato factores como la raza, la etnia, el sexo y el país de origen, y por eso bajaron la matrícula y el empleo en grupos como los afroamericanos, los latinos y los nativos.

Sin embargo, desde 1996 a 2016 “los latinos se han convertido en el grupo étnico más grande del estado, y su proporción en el electorado se ha duplicado o más, hasta un 23% aproximadamente”, señaló Los Angeles Times. Ese aumento podría resultar importante a menos de una semana del voto porque en 1996 la mayoría del 54% que aprobó la proposición 209 era blanco: “Una encuesta de boca de urna del Times en aquel momento allí que los afroamericanos, los latinos y los asiáticos se oponían abrumadoramente a la medida, mientras que los blancos estaban fuertemente a favor”.

Sin embargo, hay otros factores a tener en cuenta. Por ejemplo, que los blancos votan más que los latinos: el 65% contra el 47 por ciento. Además, si bien los latinos son el 35% de la población californiana, sólo representan el 21% de los posibles votantes, tanto por su situación migratoria como por una tendencia a participar menos en las elecciones, según el Instituto de Política Pública de California (PPIC).

División entre los propios latinos

Aunque 42 estados tienen en pie prácticas de acción afirmativa, en muchos de ellos, como en aquellos que no las votaron, se discute mucho si una forma de “discriminación positiva” —como en algunos lugares se llama a la acción afirmativa— es un camino eficaz para erradicar prácticas injustas tan enraizadas en la sociedad que se han vuelto invisibles. Y la proposición 16 reavivó ese debate en California, en general y entre los latinos en particular.

Una encuesta dada a conocer por el Latino Community Foundation reflejó que entre los latinos hay tanto una fuerte aprobación como un fuerte rechazo a que oficinas públicas y universidades estatales vuelvan a tomar en cuenta, luego de 24 años de no poder hacerlo, elementos como la etnia y el género al considerar a qué trabajadores emplean y a qué estudiantes garantizan el ingreso. Si bien el total a favor de la proposición 16 llegó al 47% (19% sin dudas a favor y 28% algo a favor), el total en contra se ubicó en el 44% (26% sin dudas en contra y 18% algo en contra).

En cambio, ante la pregunta de si la proposición 16, que rechaza la 209, sería buena o mala para la comunidad, la gran mayoría de los latinos, el 74%, manifestó que sería buena: para el 36% sería muy buena y para el 38% sería algo buena. Entonces, ¿por qué las dudas, y sobre todo la división mayor, a la hora de votar?

Christian Arana, director político de Latino Community Foundation, dijo el canal Univisión de Los Angeles que los latinos tienen dificultades para comprender exactamente de qué se trata la acción afirmativa. “Es la forma en que está redactada la proposición 16”, argumentó. “La encuesta encontró que la gente está un poco confundida en cuanto a los cambios que va a causar exactamente”.

Una de las preguntas indagó en la comprensión del texto a votar y reveló que sólo 39% de los encuestados podía describir correctamente el propósito de la iniciativa. Pero cuando a la gente se le explicaba que, debido a que en 1996 se eliminó la acción afirmativa, los latinos son más de la tercera parte del estado pero solo la quinta parte de los estudiantes en la Universidad de California, aumentaba su aprobación de la proposición 16.

Los argumentos a favor y en contra

Más allá de las cifras, las ideas sobre la acción afirmativa mantienen la controversia histórica que las ha acompañado. Un resumen muy básico indicaría que la posibilidad de crear programas que incrementen la diversidad al ayudar a grupos que luchan contra patrones naturalizados de discriminación, como las mujeres o los asiáticos, puede ayudar a reducir la desigualdad y la injusticia, desde una perspectiva, pero desde la opuesta pueden legitimar una forma de segregación que, aunque se la llame positiva porque favorece a un grupo, desfavorecer a otras personas.

Apoyan la proposición 16 el gobernador de California, Gavin Newson; la candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris; la senadora demócrata Dianne Feinstein y los representantes demócratas Nanette Barragán, Jimmy Gómez y Maxine Waters; el alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti; la histórica activista de los trabajadores rurales, Dolores Huerta; la Junta Rectora de la Universidad de California, la Junta Gobernadora del College Comunitario de California y la Unión Nacional por las Libertades Civiles (ACLU) de California.

“¿Es esta proposición la panacea? No, no lo es, pero es un buen paso”, explicó a La Opinión Kevin de León, ex presidente pro tempore del Senado de California y concejal del distrito 14 de Los Angeles. “No va a ser suficiente revocar la 209: también se requieren políticas públicas, medidas legislativas y acciones proactivas”, agregó.

Entre los que se oponen a la proposición 16 se incluyen el Partido Republicano de California, la titular de la Junta Supervisora del Condado de Orange y candidata al Congreso, Michelle Steel, y la Alianza para la Acción Cívica Chino-Estadounidense. Para los opositores, la proposición 209 garantiza que el empleo público o el ingreso universitario no mida otra cosa que los méritos de los candidatos, sin considerar por qué los tienen o por qué otros no los tienen. Si se la revocara y se considerasen elementos como la etnia o el género en esas decisiones, se legalizaría una forma de discriminación, argumentaron.

Además de considerar que no todos los latinos, los afroamericanos, los asiáticos, los nativos o las mujeres están en desventaja, aseguran que los gobiernos locales y las universidades pueden considerar, sin que sea obligatorio, elementos como los bajos recursos o el hecho de ser primera generación en el país.

Ward Connerly, un ex miembro de la Junta Rectora de la universidad estatal, quien defendió la proposición 209 hace 24 años, dijo a Los Angeles Times que la 16 “va en contra de la idea de que universidades y organismos públicos deben aceptar a una persona sobre la base de su mérito individual”. Connerly comparó la iniciativa con el favoritismo que reciben los hijos de las estrellas de Hollywood y los ricos, a propósito de los reciente escándalos sobre alfombras rojas en el ingreso universitario. “Ni las preferencias raciales o étnicas, ni las preferencias de los peces gordos, se corresponden con la confianza pública que deberíamos tener en la cuestión de que cada persona reciba un trato justo”, opinó.

Faltan pocos días para que se sepa qué decidirán al respecto los californianos, pero una encuesta reciente de la universidad estatal con sede en Berkeley mostró que la proposición 16, sea por su falta de claridad en la redacción o por la polémica que el tema ha generado históricamente, podría no ser aprobada: el 38% de los sondeados dijo que votaría por el sí contra el 49% que elegiría el no, y la clave del resultado parece residir en el 13% de indecisos.

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