EEUU prohibirá la importación de productos hechos con el trabajo forzado de la minoría musulmana Uigur en China

Estados Unidos anunció este lunes que prohibirá las importaciones de distintos productos elaborados en región occidental china de Xinjiang, alegando que estos artículos se producen con trabajos forzados de la oprimida minoría musulmana Uigur.

“El gobierno chino abusa sistemáticamente al pueblo Uigur” y a otras minorías, dijo a la hora de realizar el anuncio Mark Morgan, el comisionado interino del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por su sigla en inglés). “El trabajo forzado representa un abuso atroz de los derechos humanos”, agregó.

Entre los artículos alcanzados hay algodón, ropa y dispositivos electrónicos de cinco compañías específicas en la región. También prohibió cualquier producto vinculado al “Centro de Educación y Entrenamiento de Habilidades número 4 del condado de Lop”, que el subsecretario interino de Trabajo, Ken Cuccinelli, dijo que funciona como un centro de trabajo forzado.

“No es un centro vocacional, es un campo de concentración donde minorías étnicas y religiosas son sometidas a abusos y forzadas a trabajar en condiciones horribles sin libertad alguna. Es esclavitud moderna”, expresó.

Esta situación en la región ha sido ampliamente reportada por distintos medios a lo largo del mundo. Y las Naciones Unidas ha dicho que cuenta con informes creíbles que confirman que un millón de musulmanes han sido detenidos -y forzados a trabajar- en campos como el alcanzado por la última medida. También se les obliga a denunciar su religión y su idioma y se les maltrata físicamente, al punto de que ha habido reportes sobre esterilizaciones forzadas. Además, los miembros que son liberados son sometidos a una vigilancia sofisticada y constante.

El CBP puede detener envíos en caso de tener sospechas de que se hayan dado trabajos forzados, en aplicación de leyes destinadas a combatir la trata de personas, el trabajo infantil y otros abusos a los derechos humanos.

Un evento de esta naturaleza tuvo lugar a principios de julio, cuando la agencia confiscó alrededor de 13 toneladas de productos confeccionados con cabello humano provenientes de Xinjiang.

Semanas antes había emitido una orden para confiscar cualquier cargamento de la compañía china Lop County Meixin Hair Product Co. Ltd. que llegue a puertos estadounidenses desde Xinjiang, bajo la sospecha de que el cabello importado fue obtenido mediante trabajo forzado en los campos de concentración.

Pocas semanas después, el gobierno de Estados Unidos agrandó la lista de empresas y funcionarios sancionados por sus vínculos con las acciones del régimen en la región.

Estas últimas empresas, indicó la administración de Trump, “están involucradas en violaciones de derechos humanos vinculadas a la implementación de la campaña de represión, encarcelamiento masivo, trabajo forzado, recolección involuntaria de datos biométricos y análisis genéticos dirigidos a las minorías musulmanas en la región autónoma uigur de Xinjiang”, expresó el ministerio en un comunicado.

En agosto, en tanto, la agencia prohibió por la misma razón productos textiles hechos y vendidos por el grupo Hero Vast.

El análisis de la situación escapa a la polarización del escenario político del país. La campaña presidencial de Joe Biden aseguró recientemente que el tratamiento por parte del régimen chino de la minoría musulmana uigur en el oeste del país asiático configura un “genocidio”.

“La enorme opresión que los uigures y otras minorías étnicas han sufrido a manos del gobierno autoritario de China es un genocidio y Joe Biden se opone a ello de la manera más fuerte posible”, expresó en un comunicado el vocero de la campaña presidencial demócrata, Andrew Bates.

El gobierno comunista, oficialmente ateo, negó en un principio la existencia de los campos de internamiento en Xinjiang, pero ante la evidencia dijo que son instalaciones de formación profesional destinadas a contrarrestar el radicalismo musulmán y las tendencias separatistas.

En diciembre pasado, las autoridades de Xinjiang anunciaron que los campamentos se habían cerrado y que todos los detenidos se habían “graduado”, afirmación que es difícil de corroborar de forma independiente dada la estricta vigilancia y las restricciones a la presentación de informes en la región. Algunos uigures y kazakos han dicho a la agencia AP que sus familiares han sido liberados, pero muchos otros dicen que sus seres queridos siguen detenidos, fueron sentenciados a prisión o transferidos a trabajos forzados en fábricas.

Y a finales de junio, un investigador alemán presentó un informe para respaldar los reportes de esterilizaciones forzadas. En las dos grandes prefecturas de esa región, donde los uigures son mayoritarios, el número de nacimientos habría caído drásticamente desde 2016, afirmó Adrian Zenz, quien dijo basarse en documentos administrativos chinos y entrevistas con mujeres locales. Algunas le dijeron que fueron obligadas a una esterilización bajo pena de ser enviadas a los campos.

Otras habrían tenido que someterse a la implantación de un DIU, un dispositivo intrauterino para control de la natalidad. El gobierno de Estados Unidos se hizo eco del informe a través del secretario de Estado Mike Pompeo, quien exigió a China poner fin “inmediatamente” a esta práctica."

“Hacemos un llamado al Partido Comunista Chino para poner fin de inmediato a estas horribles prácticas y pedir a todas las naciones que se unan a Estados Unidos para exigir el fin de estos abusos”, expresó el funcionario.

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