La campaña presidencial de Joe Biden aseguró este martes que el tratamiento por parte del régimen chino de la minoría musulmana uigur en el oeste del país asiático configura un “genocidio”.
“La enorme opresión que los uigures y otras minorías étnicas han sufrido a manos del gobierno autoritario de China es un genocidio y Joe Biden se opone a ello de la manera más fuerte posible”, expresó en un comunicado el vocero de la campaña presidencial demócrata, Andrew Bates.
Y agregó: “Si la administración de Trump decide llamar a esto como lo que es, como Joe Biden ya lo ha hecho, la pregunta pertinente es que acciones al respecto llevará a cabo Donald Trump. También debe disculparse por condonar el horrible tratamiento que reciben los uigures”.
El anuncio llega horas después de un reporte del medio local Político, que indicó que la administración de Trump está considerando tomar la misma decisión. No obstante, indicó que las conversaciones al respecto todavía se encuentran en sus etapas iniciales.
Efectivamente adoptar esa calificación representaría un nuevo episodio en el deterioro de las relaciones entre China y los Estados Unidos. El gigante asiático siempre ha negado las acusaciones -realizadas no solo por el país norteamericano- pero distintas organizaciones y medios han revelado abusos sistemáticos contra los derechos humanos de la minoría musulmana.
Entre las acciones se cuenta la internación de cerca de un millón de personas en campos de concentración, en los que son sometidos a un régimen de disciplina ideológica. Se les obliga a denunciar su religión y su idioma y se les maltrata físicamente.
El gobierno comunista, oficialmente ateo, negó en un principio la existencia de los campos de internamiento en Xinjiang, pero ante la evidencia dijo que son instalaciones de formación profesional destinadas a contrarrestar el radicalismo musulmán y las tendencias separatistas.
En diciembre pasado, las autoridades de Xinjiang anunciaron que los campamentos se habían cerrado y que todos los detenidos se habían “graduado”, afirmación que es difícil de corroborar de forma independiente dada la estricta vigilancia y las restricciones a la presentación de informes en la región. Algunos uigures y kazakos han dicho a la agencia AP que sus familiares han sido liberados, pero muchos otros dicen que sus seres queridos siguen detenidos, fueron sentenciados a prisión o transferidos a trabajos forzados en fábricas.
No obstante, un informe reciente describe otras acciones en este sentido que exceden a los campos. Un investigador alemán afirmó a finales de junio que Beijing está llevando a cabo una política de esterilización forzada entre las mujeres de la comunidad uigur.
En las dos grandes prefecturas de esa región, donde los uigures son mayoritarios, el número de nacimientos habría caído drásticamente desde 2016, afirmó Adrian Zenz, quien dijo basarse en documentos administrativos chinos y entrevistas con mujeres locales. Algunas le dijeron que fueron obligadas a una esterilización bajo pena de ser enviadas a los campos.
Otras habrían tenido que someterse a la implantación de un DIU, un dispositivo intrauterino para control de la natalidad. El gobierno de Estados Unidos se hizo eco del informe a través del secretario de Estado Mike Pompeo, quien exigió a China poner fin “inmediatamente” a esta práctica.”
“Hacemos un llamado al Partido Comunista Chino para poner fin de inmediato a estas horribles prácticas y pedir a todas las naciones que se unan a Estados Unidos para exigir el fin de estos abusos”, expresó el funcionario.
La administración de Donald Trump ha impuesto distintas sanciones al régimen chino por este motivo. Las últimas medidas tuvieron lugar el 20 de julio, cuando designó a once empresas por su vínculo con las violaciones a los derechos humanos. En concreto, las compañías ven limitado su acceso a tecnología y productos estadounidenses como consecuencia de su accionar.
Pocos días antes, el gobierno indicó que rechazaría la solicitud de visado de tres altos funcionarios chinos y sus familias como consecuencia de su involucramiento en él.
Entre ellos figura Chen Quanguo, el secretario del Partido Comunista para la región de Xinjiang, a quien se considera el arquitecto de las políticas de línea dura de Beijing contra estas minorías étnicas y religiosas.
Además, el departamento de Estado dijo que se están imponiendo restricciones adicionales a los visados de otros funcionarios del Partido Comunista Chino que se cree que son responsables o cómplices de la injusta detención o el abuso de los uigures, los kazakos étnicos y los miembros de otros grupos minoritarios.
Como represalia, el Partido Comunista sancionó a un diplomático y tres congresistas estadounidenses, entre los que se cuentan los senadores republicanos Ted Cruz (Texas) y Marco Rubio (Florida). Beijing expresó que tomó la decisión “en respuesta a las equivocadas acciones de Estados Unidos”.
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