El fraudulento Reino de Dios

A mediados de febrero de 2014, un martes por la tarde, John Saldivar, Ministro de Seguridad Nacional de Belice, envió un mensaje de texto a Jacob Kingston, miembro de un grupo fundamentalista mormón de Salt Lake City, Utah. El ministro beliceño le estaba pidiendo un soborno a cambio de protección y favores. Para pagarle, Kingston tomaría el dinero de los cientos de millones que le había sonsacado al gobierno de los EEUU por medio de fraude, parte de los cuales había lavado a través de su iglesia.

“Cuatro de mis candidatos ya han tenido éxito en las convenciones”, escribió Saldivar. “Todo está bien hasta ahora, pero estoy sin dinero”.

La hora siguiente la dedicaron a acordar los pormenores. Kingston sugirió hacer un giro, Saldivar dijo que él mismo podía recogerel dinero en algún lugar de los Estados Unidos. Acordaron que Saldivar recogería su estipendio mensual en la Florida.

“Mi hombre se reunirá contigo en Miami. Llama a Deryl”, escribió Kingston ese jueves, refiriéndose a un socio. Pasada la medianoche de ese domingo en Utah, volvió a escribir: “¿Conseguiste lo que necesitabas?” La respuesta de Saldivar llegó tres horas más tarde. “Sí, amigo. Gracias.”

Estos mensajes de texto se hicieron públicos durante un juicio por el mayor caso de fraude en la historia de Utah. Lev Dermen, un armenio-estadounidense vinculado con el crimen organizado, junto con Jacob Kingston y tres miembros de su familia, habían estafado al gobierno federal por 511 millones de dólares. Todas las partes fueron declaradas culpables, aunque Dermen fue el único acusado que terminó yendo a juicio puesto que los demás contribuyeron con evidencias en favor de la acusación del Estado. Lo declararon culpable de todos los cargos.

Lev Derman había emigrado a los Estados Unidos cuando era adolescente y vivió en Glendale, California, un enclave de inmigrantes armenios, donde se convirtió en empresario. Antes de ese fraude había estado involucrado en varios otros litigios penales, incluyendo un intento de secuestro y soborno de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el fin de que un socio mexicano extraditado cruzara la frontera.

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El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) incentiva la producción de combustibles renovables ofreciendo beneficios impositivos a quienes los produzcan localmente. El esquema de Utah consistía en simular la producción de combustible renovable, aunque los Kingston realmente estaban comprando y vendiendo el mismo combustible renovable a través de una red nacional e internacional de empresas. Una vez que lo pasaban, la compañía de Kingston, Washakie Renewable Energy, presentaba declaraciones de impuestos falsas que lo calificaban para recibir pagos en forma de cheques del Tesoro de los Estados Unidos por su trabajo de transformación del combustible.

Las ganancias de este fraude se lavaban a través de la iglesia y otras entidades de Jacob, y pasaba por cuentas en todo el mundo vinculadas a las numerosas conexiones de Dermen en países como Turquía, Estados Unidos, México y Belice.

Jacob Kingston es miembro de La Orden, una rama mormona fundada durante la Gran Depresión por Charles Elden Kingston como una cooperativa económica y religiosa. Originalmente se llamó la Sociedad Cooperativa del Condado de Davis y, en 1977, se registró oficialmente como iglesia en el estado de Utah bajo el nombre de Iglesia de Cristo de los Últimos Días, donde el líder de La Orden tiene estatus de profeta y predicador.

Desde entonces, la cooperativa se ha constituido como empresa, una de las tantas que poseen las familias que gobiernan la cooperativa. Se estima que tienen entre 2.000 y 6.000 miembros y regentan negocios que van desde una tienda de abarrotes hasta fábricas de armas.

La Orden tiene su sede en Salt Lake City, Utah, y es una de las pocas ramas mormonas que todavía practica la poliginia, donde los hombres tienen muchas esposas. Esta práctica es ilegal en Estados Unidos y La Orden elude las regulaciones no registrando públicamente más de un matrimonio. Las uniones adicionales, en cambio, las consideran “matrimonios espirituales”, y los certificados de nacimiento de los niños nacidos de esposas espirituales suelen ser intencionadamente ambiguos, según una acción qui tam presentada por ex miembros de La Orden.

Algunos miembros antiguos de La Orden, entrevistados por Columbia Journalism Investigations (CJI), uno de los socios de esta colaboración periodística, han vinculado el crimen de Kingston con una de las doctrinas de la organización que prescribe “Sangrar a la Bestia”. Esto ha llevado al grupo a rechazar a las autoridades y leyes externas, y a fomentar el fraude contra el gobierno de los Estados Unidos.

La doctrina determina la relación entre los miembros de La Orden tanto con el Estado como con terceros en general. Según dice la demanda qui tan presentada por ex miembros, en mayo 24 de 2019 ante la Corte Federal de Estados Unidos para el Circuito de Utah (División Central), “como ellos son el pueblo elegidos de Dios, pueden usar cualquier método disponible, legal o no, para manipular a cualquier ‘foráneo’, sea un individuo, una empresa o una entidad del gobierno, para beneficio de La Orden”. Los denunciantes arguyeron que los miembros “ni siquiera conocen las leyes del mundo exterior”.

Kent Johnson, portavoz de la Cooperativa del Condado de Davis negó tajantemente que siguieran esta doctrina. “Esas acusaciones hechas por un pequeño número de ex miembros son absolutamente falsas”, dijo .

“La Cooperativa tiene una larga historia de lo contrario(...) los miembros de la iglesia muchas veces se ven bajo escrutinio, sujetos a auditorias e investigaciones, nueve veces mayores que el promedio de la problación”, dijo Johnson, citando información de la propia iglesia.

La información pública sobre La Orden muestra que ésta ha construido una red de más de cien empresas, cuyo valor se estima en unos 11 mil millones de dólares, y que goza de una fuerza laboral subordinada que devuelve a La Orden todo el dinero que gana.

En los Estados Unidos, las organizaciones sin ánimo de lucro están exentas de impuestos. Las iglesias se consideran parte de ellas, y tienen un beneficio adicional: no están obligadas a presentar el Formulario Fiscal del Servicio de Impuestos Internos 990, diseñado para informar al público sobre los métodos de financiación de este tipo de organizaciones. La exención proviene del principio de separación de iglesia y Estado, y su objetivo es proteger a las iglesias de la intervención estatal. No obstante, dicha exención puede convertir a las iglesias en cajas negras, y resulta imposible saber cuánto dinero poseen, de dónde proviene y qué hacen con él, siempre que las iglesias no quieran revelarlo de manera voluntaria. Por este mismo motivo, el tamaño real de La Orden y de su operación continúa siendo un misterio.

El vocero de la Cooperativa, Johnoson, dijo que “no estamos en libertad de divulgar información sobre la membresía activa (de la iglesia)”.

El caso por fraude contra la Washakie Renewable Energy abrió una ventana inusual hacia el interior de La Orden. En sus declaraciones de culpabilidad, Jacob y su hermano Isaiah Kingston admitieron destinar parte de las ganancias resultantes del fraude a la consolidación y manutención de La Orden, y a circular dinero por medio de compañías relacionadas con ésta. Usaron incluso la Iglesia de Cristo de los Últimos Días para lavar los réditos. Sin embargo, en el juicio no se demostró que la Cooperativa —como institución — hubiese aprobado el uso de sus cuentas para cometer el fraude.

En 2013 Jacob Kingston y su hermano Isaiah transfirieron 5,6 millones de dólares de ganancias fraudulentas desde la cuenta bancaria de la Washakie Renewable Energy a la de A-Fab Engineering Inc., compañía propiedad del grupo religioso. De ahí, la mayor parte del dinero pasó a Fidelity Funding Inc., que es el “banco” de La Orden, y una parte menor a Standard Industries Inc. Unos días más tarde, un total de 4,69 millones de dólares pasó de estas dos compañías a la cuenta bancaria de la Iglesia de Cristo de los Últimos Días, en el Bank of Utah.

Al día siguiente un giro de 4,5 millones de dólares salió de la cuenta de la Iglesia de Cristo y pasando por Equitable Funding, volvió a la cuenta de Washakie. La transacción se registró como fondos provenientes de Alliance Investments.

El dinero del fraude de Washakie también se destinó a otros emprendimientos y con frecuencia salió de Utah y dio la vuelta al mundo por medio de las conexiones de Dermen, quien no era integrante de la Cooperativa. En su tercer día en el estrado, durante el juicio a Washakie, Jacob Kingston reveló otra operación que involucraba llenar los bolsillos de funcionarios electos y de alto nivel en Belice.

Buena parte de las conexiones de Dermen en Belice provenían de una persona, Zubir Kazi. A Kazi se le conocía por tener franquicias del restaurante KFC alrededor del mundo y estaba bien conectado en la nación caribeña. Según su testimonio, él y Dermen llevaban diez años siendo amigos. En ese tiempo, Kazi presentó a Dermen ante John Saldivar, entonces Ministro de Seguridad Nacional y Ralph Fonseca, entonces Ministro de Hacienda, entre otros.

Jacob y Dermen viajaron juntos a Belice para desarrollar proyectos con su mal habido dinero. En su testimonio, Jacob habló de este viaje.

“En Belice nosotros estabamos considerando un casino online”, dijo. “Nosotros íbamos a empezar un casino online allí, y un casino físico allí”.

Jacob admitió haber comprado una bodega para instalar en ella el casino de Belice con fondos del fraude fiscal. Según Kazi, el ex Ministro de Hacienda Ralph Fonseca se prestó como agente de fideicomiso en el negocio de la bodega. Irwin Contreras, otro funcionario beliceño que supervisaba la adjudicación de licencias de juegos en la época, ayudó a Lion Gaming Inc., una compañía creada por uno de los abogados de La Orden, a conseguir su licencia oficial.

Mientras tales acusaciones salían a la luz durante el juicio de Dermen, que duró hasta principios de 2020, John Sandivar se preparaba para volverse el próximo Primer Ministro de Belice, pues había sido elegido presidente del Partido Democrático Unido el 9 de febrero de este año. Poco después, debido a la evidencia de haber recibido sobornos, presentada en la corte de Utah, se vio obligado a renunciar.

Los hermanos Jacob e Isaiah se declararon culpables de un cargo que describe la conspiración que usó a la iglesia y a otras entidades de La Orden para lavar dinero. Cuando CJI le preguntó al vocero de la Cooperativa, Kent Johnson, sobre el papel de la iglesia en el fraude, respondió: “Que yo sepa, cualquier dinero pagado a negocios propiedad de los miembros de la DCCS (sigla en inglés de la Sociedad Cooperativa del Condado de Davis) obedeció a servicios legítimos prestados o para reembolsar dinero prestado al señor Kingston o a entidades relacionadas con WRE ( Washakie Renewable Energy).

Si bien los documentos judiciales ya revelan el origen ilícito de algunos fondos de la Orden, los fiscales planean investigar más a fondo. La oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Salt Lake City cree que sus próximos pasos de la investigación "involucrarán el rastreo y seguimiento de los ingresos hacia y a través de estas cuentas bancarias de entidades relacionadas con La Orden", según dijo su portavoz Melodie Rydalch a CJI.

Por el momento, siguen gozando de las protecciones constitucionales en su calidad de grupo religioso registrado con estatus oficial de iglesia.

Dos miembros de alto rango de La Orden usaron cuentas bancarias de la iglesia para lavar el dinero del fraude con energía renovable y están cumpliendo condena. Ni el líder máximo de la iglesia Paul Kingston, ni la Cooperativa Davis (la iglesia) han sido implicados legalmente. La iglesia sigue apareciendo en la lista de iglesias exentas de impuestos del Servicio de Impuestos de Estados Unidos (IRS es su sigla en inglés). Este equipo periodístico quiso ampliar la información con el IRS, pero éste respondió que la ley federal impide a la institución comentar públicamente sobre contribuyentes.

Así las cosas, la Iglesia de Cristo de los Últimos Días puede seguir certificándole a sus donantes que está exenta de impuestos ante el IRS, y que por lo tanto puede recibir donaciones sin reportarle al gobierno

Paraísos de dinero y fe fue realizada en conjunto por Columbia Journalism Investigation (CJI), Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Nómada (Guatemala), Canal 13 Noticias (Costa Rica), IDL-Reporteros (Perú), Infobae (Argentina), Agencia Publica (Brasil), Folha Sao Pablo (Brasil), La Diaria (Uruguay), El Tiempo (Colombia) y OCCRP (Europa), con el apoyo de la Seattle International Foundation.

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