La juez de distrito Tanya Chutkan ordenó este lunes un nuevo retraso en las ejecuciones federales, a unas horas de que estuviera programada la primera inyección letal en una prisión federal en Indiana.
La administración del presidente Donald Trump apeló de inmediato ante un tribunal superior, pidiendo que las ejecuciones sigan adelante.
La magistrada consideró que todavía hay problemas legales que resolver. Las ejecuciones serían las primeras llevadas a cabo a nivel federal desde 2003.
Chutkan ha coincidido con los demandantes en que los nuevos protocolos podrían suponer una violación de la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe expresamente las “penas crueles”, debido a que la droga utilizada ahora para las ejecuciones de presos “produce sensación de ahogamiento y asfixia” provocando “dolor excesivo, terror y pánico”.
La suspensión se conoce un día después de que un tribunal federal de apelaciones suspendió la ejecución de Daniel Lewis Lee, que estaba programada para esta tarde en la prisión federal de Terre Haute, Indiana. Lewis Lee fue declarado culpable en Arkansas de los asesinatos en 1996 del traficante de armas William Mueller, su esposa, Nancy, y su hija de 8 años, Sarah Powell.
La ejecución sería la primera desde 2003 de un preso federal condenado a muerte.
“La naturaleza de último minuto de este fallo es desafortunada (...) pero es resultado de la decisión del Gobierno de acortar los plazos de ejecución a pesar de que hay muchos casos, incluidos los aquí presentados, aún pendientes”, dijo la juez, de acuerdo con The Hill.
La resolución de este lunes es la segunda que Chutkan emite sobre dichos protocolos. El pasado mes de noviembre, falló en el mismo sentido pero fue su decisión fue revertida en apelación y el Tribunal Supremo se negó a conocer el caso.
La decisión del gobierno de seguir adelante con la ejecución, y otras dos programadas más adelante en la semana, mientras el país lidia con el coronavirus atrajo el escrutinio de grupos de derechos civiles, quienes argumentan que el gobierno está creando una urgencia innecesaria en torno a un tema que no es prioridad en este momento. También es probable que esto agregue un nuevo frente a la conversación nacional sobre la reforma de la justicia penal en el período previo a las elecciones de este año.
(Con información de AP y Europa Press)
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