El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció el jueves ser víctima de un “enjuiciamiento político” después de que la Corte Suprema emitiera fallos mixtos sobre si el mandatario debía entregar una variedad de documentos financieros, incluidas sus declaraciones de impuestos.
Si bien el máximo tribunal dijo que el presidente no es inmune a una citación emitida por un fiscal de Nueva York, también bloqueó una solicitud del Congreso para acceder a los registros de Trump. Ambos casos fueron devueltos a tribunales inferiores para su revisión.
”El Tribunal Supremo devuelve el caso a la Corte Inferior, argumentos para continuar. Todo esto es un enjuiciamiento político. Gané la caza de brujas de Mueller, y otras, y ahora tengo que seguir luchando en una Nueva York políticamente corrupta. ¡No es justo ni para esta Presidencia ni Administración!”, clamó Trump en Twitter.
Trump apuntó específicamente a la corte en otro tuit, sugiriendo que los jueces lo tratan de manera diferente que los presidentes anteriores.
“Los tribunales en el pasado han dado “amplia deferencia”. ¡PERO YO NO!”, dijo Trump.
Trump aseguró ser víctima de un doble rasero en comparación con la “Administración anterior totalmente corrupta”. “Espiaron a mi campaña, fueron descubiertos... y no les ha pasado nada!”, dijo.
“Ahora la Corte Suprema dicta un fallo que nunca hubieran dado para otro presidente”, tuiteó el mandatario.
“Pillamos al otro lado ESPIANDO a mi campaña, el mayor crimen político y escándalo en la historia de Estados Unidos, y NO PASA NADA”, finalizó.
Los fallos del Supremo en los casos de Nueva York y de la Cámara Baja suponen un empate para el mandatario, quien se ha resistido a hacer públicas sus declaraciones de impuestos, algo que sí han hecho todos sus antecesores a lo largo de la historia.
En el caso de Nueva York, siete de los nueve jueces del alto tribunal fallaron en contra de Trump, incluidos Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, a los que él mismo nominó.
La sentencia, escrita por el presidente del Supremo, John Roberts, rechazó la idea de que Trump tiene una inmunidad absoluta frente investigaciones criminales mientras esté en el cargo, lo que va en contra de lo que habían argumentado los abogados del Departamento de Justicia.
“Hace doscientos años, un gran jurista de nuestra corte estableció que ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le solicita en un proceso penal”, dictaminó el tribunal, que añadió: “Reafirmamos ese principio hoy”.
Este caso se remonta a agosto del año pasado, cuando la Fiscalía de Manhattan requirió a Mazars, la firma que gestiona la contabilidad del presidente y de la Organización Trump, que le entregara las declaraciones de impuestos de las ganancias personales y corporativas del presidente relativas a los últimos ocho años.
La Fiscalía había pedido los documentos a Mazars como parte de una investigación que realiza sobre pagos de dinero en secreto a la actriz porno Stormy Daniels teniendo en cuenta la legislación del estado de Nueva York.
En reacción al fallo, el fiscal de Manhattan, Cy Vance, Jr., consideró que se trata “de una tremenda victoria” para el sistema judicial por establecer que “nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley” y adelantó que retomará la investigación inmediatamente.
“Nuestra investigación, que fue retrasada durante al menos un año por esta demanda, volverá a ponerse en marcha, guiada como siempre por la obligación de nuestro gran jurado de solemnemente seguir nuestras leyes y los hechos, donde quiera que nos lleven”, afirmó en un comunicado.
En el sistema judicial de EE.UU. las investigaciones de gran jurado son aquellas en las que un grupo de ciudadanos guiados por un fiscal examina una serie de hechos que son especialmente polémicos.
Sin embargo, todavía no está claro cómo se efectuará la entrega de los documentos y si ocurrirá antes de las elecciones de noviembre, en las que Trump opta a la reelección.
A pesar de esa derrota, en otro caso, Trump consiguió al menos retrasar la entrega de registros financieros a la Cámara de Representantes de EE.UU., controlada por la oposición demócrata y que quiere usarlos para investigar las finanzas del presidente y sus posibles conflictos de interés.
En ese caso, el Tribunal Supremo devolvió el litigio a tribunales inferiores, por lo que no se sabe cuándo se resolverá.
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