El Congreso de Estados Unidos aprobó el jueves una ley que sanciona a los funcionarios chinos que aplican la nueva y polémica ley de seguridad que termina con la autonomía de Hong Kong, así como a los bancos que cooperen con ellos para garantizar la voluntad del gigante asiático sobre la otrora colonia británica.
La iniciativa ahora pasará al escritorio del presidente Donald Trump, quien debe promulgar la norma para que entre en vigor.
China, por su parte, ha amenazado con “fuertes contramedidas” si la iniciativa se convierte en ley.
El Senado, de mayoría republicana, adoptó el texto por unanimidad, como ya lo había hecho el miércoles la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas. Las medidas del régimen chino contra Hong Kong han gozado de un amplio apoyo bipartidario, algo inusual en un escenario político estadounidense extremadamente polarizado.
El senador demócrata Chris Van Hollen, impulsor del proyecto de ley, subrayó en el hemiciclo “la urgencia” de la situación en Hong Kong, instando a Trump a promulgarla “de inmediato”.
Para el republicano Pat Toomey, coautor del texto, la ley envía “el mensaje de que Estados Unidos y el mundo libre ya no quieren ignorar los peores actos” de Beijing.
“Es importante hacer algo que demuestre que el gobierno de China pagará un precio si continúa por este camino que pretende extinguir las libertades de la gente en Hong Kong”, añadió.
La llamada “Ley de Autonomía de Hong Kong” va un paso más allá de una ley estadounidense de sanciones promulgada el año pasado, que Trump también firmó, a pesar de las protestas de Beijing.
La nueva legislación también apunta a funcionarios chinos y a la policía de Hong Kong, volviendo obligatorias las sanciones estadounidenses en su contra si están señalados de restringir las libertades en Hong Kong.
Además, la ley penaliza a los bancos, incluido el bloqueo de préstamos de instituciones estadounidenses, si realizan “transacciones significativas” con personas identificadas como infractoras de la autonomía en ese importante centro financiero mundial.
China, en la Declaración Conjunta con el Reino Unido antes de recuperar Hong Kong en 1997, prometió preservar la autonomía judicial y legislativa de la ciudad hasta al menos 2047, en lo que se denominó “un país, dos sistemas”.
No obstante, la ley de seguridad promulgada el martes por el presidente chino Xi Jinping incumple esas promesas, al permitir a agentes de seguridad de China operar abiertamente en Hong Kong por primera vez.
El primer día de su entrada en vigencia, 370 manifestantes fueron detenidos luego de congregarse a protestar por la nueva ley de seguridad. De los arrestos, seis hombres y cuatro mujeres fueron detenidos por supuestamente violar la nueva ley, que establece penas de hasta cadena perpetua para delitos de “secesión, subversión contra el poder estatal (cargo habitualmente usado contra disidentes y críticos), actividades terroristas y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en riesgo la seguridad nacional”.
Las autoridades habían prohibido, por primera vez en 17 años, la tradicional manifestación antigubernamental celebrada cada 1 de julio, fecha en la que se conmemora la retrocesión de Hong Kong de manos británicas a chinas en 1997.
Además de Estados Unidos, numerosos otros miembros de la comunidad internacional han manifestado su firme oposición a que China siga adelante con la ley. El martes, Un grupo de 27 países occidentales, liderados por el Reino Unido, instaron al país a que diera marcha atrás con ella.
Braithwaite habló en representación de la mayoría de los miembros de la Unión Europea (UE) pero incluyendo también a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Suiza.
El Reino Unido también anunció que ofrecería acceso a la ciudadanía británica a 3 millones de hongkoneses. Es decir, aquellos que nacieron antes de 1997, año en el que tuvo lugar la retrocesión.
En concreto, la administración de Boris Johnson modificará las condiciones adjuntas al “pasaporte británico de ultramar”, el BN(O), para hacerlas más favorables, permitiendo a sus titulares ir y trabajar en el Reino Unido y facilitando a largo plazo el acceso a la ciudadanía británica. China también anunció represalias contra el Reino Unido si sigue adelante con la medida.
Una medida similar fue anunciada por Taiwán, que inauguró este miércoles una oficina para ayudar a los ciudadanos hongkoneses que deseen estudiar, hacer negocios, invertir o solicitar asilo en la isla.
“Su objetivo es proporcionar servicios y atención básica para los ciudadanos de Hong Kong que vengan a Taiwán y necesitan asistencia, así como para empresas multinacionales con sede en Hong Kong y corporaciones internacionales que quieran trasladarse a Taiwán”, informó el Consejo en un comunicado al anunciar su puesta en marcha.
Beijing asegura que la ley restaurá la estabilidad después de un año de multitudinarias manifestaciones prodemocracia y no acabará con las libertades de Hong Kong.
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