El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se refirió este jueves a las sanciones que el gobierno del que forma parte impuso sobre tres ciudadanos y dos compañías mexicanas por comercial petróleo venezolano. “Quienes faciliten el robo del régimen de Nicolás Maduro no disfrutarán acceso al sistema financiero de EEUU”, expresó el funcionario en un comunicado de prensa.
En concreto, las medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) alcanzan a Verónica Esparza Garcia, su hija Olga María Zepeda Esparza y Joaquín Leal Jiménez, así como las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group, dedicadas al intercambio de comida y agua potable por petróleo.
Además, las sanciones de la administración de Trump alcanzaron a otras seis entidades e identificaron a dos tanqueros como actores involucrados en los intentos del régimen de Maduro de evadir las sanciones que pesan sobre la industria petrolera.
Esparza García es al mismo tiempo copropietaria de Libro Abordo, junto a su hija, y gerenta de Schlager, dos empresas vinculadas entre sí que estaban siendo investigadas por Estados Unidos desde hace meses por presuntamente violar las sanciones contra la exportación de petróleo por parte del régimen venezolano, según informó el periódico ABC.
A finales de 2019, indicó ese mismo medio, ambas empresas ya habían comprado 15 millones de toneladas de crudo venezolano a cambio de 210.000 toneladas de maíz y 1.000 tanques de agua potable, sin que mediera dinero por el intercambio.
Leal Jiménez, en cambio, es acusado de participar de este intercambio de petróleo por comida como corredor, y de mantener vínculos con el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del dictado venezolano Nicolás Maduro que fue arrestado a finales de la semana pasada en la nación africana de Cabo Verde, donde se encuentra detenido a la espera que se determine su futuro.
Las firmas mexicanas dijeron que el intercambio de alimentos por petróleo está permitido por las sanciones, siempre que no lleguen pagos en efectivo al gobierno de Maduro. Las compañías dijeron no tener conocimiento sobre investigaciones de Estados Unidos a sus actividades.
Sin embargo, las palabras y acciones del gobierno estadounidense rechazan esa retórica: Pompeo indicó que la operación resultó en el “robo de millones en fondos que, se aseguraba, estaban destinados a proveer ayuda humanitaria, pero no lo hicieron”.
“En consecuencia, no se le entregó la comida prometida al pueblo venezolano. El régimen ilegítimo de Maduro continúa robando los recursos de los venezolanos para afirmar su opresión sobre el pueblo”, expresó.
Y agregó: “Las acciones de hoy configuran otra advertencia de que cualquier individuo o compañía que facilite este robo no podrá disfrutar acceso al sistema financiero de Estados Unidos. El régimen corrupto de Maduro es directamente responsable de la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela”.
Libre Abordo se declaró en quiebra el 31 de mayo. Dijo que su acuerdo con Venezuela había quedado suspendido por Maduro y que fue objeto de una campaña internacional de presión, dirigida por Washington.
Para concluir, el funcionario reiteró su “firme apoyo al presidente interino Juan Guaidó, la Asamblea Nacional elegida democráticamente y el pueblo venezolano, en su búsqueda de una transición democrática pacífica”. “Estados Unidos llama a la comunidad internacional a aumentar la presión contra el régimen de Maduro hasta que deje su control ilegítimo del poder”, indica el final del comunicado.
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