El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, promulgó este miércoles una ley que autoriza sanciones a funcionarios chinos acusados de estar involucrados en violaciones a derechos humanos de miembros de la minoría musulmana uigur por parte del régimen de Xi Jinping.
“Esta ley apunta a los autores de las violaciones de los derechos humanos y abusos como el recurso sistemático a campos de adoctrinamiento, a trabajos forzosos y a una vigilancia intrusiva para erradicar la identidad étnica y las creencias religiosas de los uigures y otras minorías en China”, indicó el Presidente en un comunicado.
El Congreso de Estados Unidos había aprobado la ley el 27 de mayo, luego de que la Cámara de Representantes ratificara -por 413 votos a uno- el proyecto enviado por el Senado, donde pasó de manera unánime.
La ley retoma las acusaciones formuladas por varias organizaciones de derechos humanos y otros países occidentales, que documentaron como China internó campos de concentración en Xinjiang al menos a un millón de musulmanes nacionales. Organizaciones de derechos humanos estiman que la cifra, no obstante, podría ascender a los 3 millones.
China había criticado duramente el proyecto, advirtiendo que su eventual promulgación impactaría la relación bilateral entre ambos países. “¿Creen que si Estados Unidos toma medidas para dañar los intereses de China, nosotros no tomaremos ninguna?”, dijo la portavoz de la cancillería china, Hua Chunying, en diciembre.
El régimen de Xi Jinping califica a los predios como “campos de reeducación” y asegura que son “centros de formación profesional” para apoyar el empleo y combatir el extremismo religioso.
Según el texto de ley aprobado, el gobierno de Estados Unidos debe determinar qué funcionarios chinos son responsables del “arresto arbitrario, tortura y acoso” de uigures y otras minorías.
La administración estadounidense procedería entonces a congelar cualquier activo que esas personas tuviesen en la mayor economía del mundo y prohibirles la entrada al país.
El texto menciona específicamente a Chen Quanguo, el jefe del Partido Comunista en Xinjiang, quien estuvo apostado previamente en la región del Tíbet y que ha amasado una reputación por su dureza en el trato con minorías en el gigante asiático.
La administración de Trump también había sancionado el 22 de mayo -de manera unilateral- a nueve compañías chinas por estar involucradas en las acciones del régimen.
En concreto, un instituto científico del Ministerio de Seguridad chino y ocho empresas fueron colocadas en la lista negra de Washington. El gobierno de Donald Trump les impuso “restricciones de acceso a la tecnología estadounidense”, indicó la cartera en un comunicado.
Y meses antes -en octubre de 2019- había hecho lo mismo con 28 organizaciones gubernamentales y comerciales.
Reportajes de distintos medios evidenciaron las acciones del régimen de Beijing. Según documentos filtrados a The New York Times en 2019, los miembros de la minoría son encarcelados, torturados y forzados a aprender mandarín, recitar leyes del Partido Comunista Chino y a renunciar a su religión. Las organizaciones de Derechos Humanos dicen que el propósito de los campos es “lavarle el cerebro” y convertirlos en obedientes ciudadanos chinos.
Un reportaje de Reuters, en tanto, describe que los prisioneros son “torturados durante los interrogatorios en los campamentos, forzados a vivir en celdas abarrotadas donde no tienen espacio ni para dormir y son sometidos a un brutal régimen diario de adoctrinamiento que llevó al suicidio a algunas personas.”
La promulgación de la ley llega pocos días después de que Estados Unidos declarara formalmente que Hong Kong no goza de la autonomía prometida por China, consecuencia de la norma de seguridad pasada por el gigante asiático que efectivamente mina el concepto de “un país, dos sistemas” acordado en la devolución del territorio por parte de Gran Bretaña en 1997.
Este mismo miércoles, los ministros de relaciones exteriores del G7 expresaron su “gran preocupación” por el asunto y urgieron al país a reconsiderar la ley. “Instamos encarecidamente al Gobierno de China a que reconsidere esta decisión”, señalaron los ministros del G7 poco antes de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, iniciara conversaciones con el principal funcionario de política exterior del Partido Comunista chino, Yang Jiechi, en Háwai.
"Pone en peligro el sistema que ha permitido que Hong Kong prospere y que ha sido la clave de su éxito durante tantos años", aseguraron.
“También estamos extremadamente preocupados por la posibilidad de que esta medida reduzca y amenace los derechos y libertades fundamentales de toda la población”, agregaron los ministros.
El texto aprobado por el gobierno comunista planea castigar las actividades separatistas, “terroristas”, la subversión o incluso la interferencia extranjera en ese territorio autónomo chino.
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