Estados Unidos sancionó a siete empresas turísticas y financieras controladas por militares cubanos

El Departamento de Estado norteamericano indicó que el régimen utiliza las ganancias de esas compañías “para oprimir al pueblo cubano y financiar su interferencia en Venezuela”

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El expresidente cubano Raúl Castro
El expresidente cubano Raúl Castro y su sucesor, Miguel Díaz-Canel

Estados Unidos anunció este miércoles la inclusión de siete nuevas subentidades a la Lista de Restricciones de Cuba. Las entidades y subentidades de esa lista tienen prohibido realizar negocios con empresas y ciudadanos estadounidenses.

“Estas siete subentidades benefician desproporcionadamente a la dictadura de Castro, régimen que utiliza las ganancias de estos negocios para oprimir al pueblo cubano y financiar su interferencia en Venezuela, a expensas del pueblo cubano o de la empresa privada en Cuba”, señala el Departamento de Estado en un comunicado.

De acuerdo a lo indicado por las autoridades norteamericanas, entre las subentidades sancionadas “hay una institución financiera controlada por el Ejército, tres hoteles de propiedad militar, dos centros de buceo de propiedad militar y un parque marino de propiedad militar para turistas”.

“En particular, la adición de la institución financiera FINCIMEX a la Lista de Restricciones de Cuba ayudará a abordar los intentos del régimen de controlar el flujo de divisas que pertenece al pueblo cubano”, agrega el texto del Departamento de Estado.

En esa línea, las autoridades norteamericanas indicaron que “el pueblo debe tener la libertad de decidir qué hacer con su propio dinero”.

Mike Pompeo, secretario de Estados
Mike Pompeo, secretario de Estados de Estados Unidos, remarcó la necesidad de detener el flujo de dinero que maneja la cúpula castrista (Nicholas Kamm/Pool vía REUTERS)

Estados Unidos recordó que gran parte de la industria turística de Cuba “es propiedad y está operada” por los militares del régimen castrista: “Instamos a cualquiera que visite la isla a ser un consumidor responsable y evitar proporcionar fondos adicionales al represivo y abusivo régimen de Castro. En cambio, instamos a los visitantes a que apoyen a los propietarios de pequeños negocios cubanos que luchan por tener éxito a pesar de las fuertes restricciones que les impone el régimen”.

“El pueblo cubano merece un gobierno democrático, libertad de expresión y de religión o creencia, prosperidad económica y respeto por los derechos humanos. Los Estados Unidos están con el pueblo cubano en su lucha por alcanzar esta visión y esperan el día en que el sueño de la libertad se haga realidad”, concluye el comunicado.

Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, se refirió a esta medida a través de su cuenta de Twitter: “Hoy añadimos siete nuevas subentidades a la Lista de Restricciones de Cuba. Continuaremos deteniendo el flujo de dinero de los bolsillos de los que oprimen al pueblo cubano. 61 años de opresión y dictadura son suficientes. Al pueblo cubano: se merece algo mejor y nosotros estamos a su lado”.

El pasado 13 de mayo el Departamento de Estado informó que notificó al Congreso que Cuba -al igual que Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela- fue certificado como país que no ha cooperado plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos en 2019.

EEUU denunció que gran parte
EEUU denunció que gran parte de la industria turística de Cuba “es propiedad y está operada” por los militares del régimen castrista

Se trata de la primera vez que el gobierno de Donald Trump incluye a Cuba en la “lista negra”, ya que el régimen castrista no figuraba desde el 2015, época de relanzamiento de relaciones entre La Habana y Washington, bajo la Administración de Barack Obama.

La certificación prohíbe la venta o licencia de exportación de artículos y servicios de defensa y notifica al público de los Estados Unidos y a la comunidad internacional sobre la conducta de estos países, según dispone la Ley de Control de Exportación de Armas.

Según explicó el Departamento de Estado, guerrilleros del ELN que viajaron a Cuba para negociaciones de paz permanecieron en la isla hasta 2019, y las autoridades locales se negaron a extraditarlas, lo que muestra la “no cooperación con EEUU para apoyar los esfuerzos de Colombia para una paz duradera”. Además, señalaron que el régimen alberga a varios prófugos de la justicia buscados en EEUU por violencia política, y citó el caso de Joanne Chesimard, condenada por matar a un policía en 1973. “El gobierno provee alojamiento, comida y atención médica a estos individuos”, denunció la cancillería.

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