El Departamento de Estado de Estados Unidos prohibió la entrada al país a Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de la empresa española Meliá Hotels International.
La decisión está amparada en el Título IV de la Ley Helms-Burton, activado por la administración del presidente Donald Trump en mayo pasado, y responde a los negocios desarrollados entre Escarrer y las autoridades del régimen cubano, informó este miércoles el Nuevo Herald.
La cadena internacional de hoteles Meliá publicó un comunicado —que luego retirado de su sitio web— en el que explicaba que en noviembre pasado el Departamento de Estado notificó a Escarrer que su entrada a EEUU sería vetada si no abandonaba los negocios con propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro en Cuba.
“La Administración Estadounidense vinculaba esta notificación a la actividad que determinadas empresas filiales mantienen con entidades públicas cubanas para la gestión de dos hoteles situados en la región de Holguín, que estarían ubicados, a su entender, en una parcela de una propiedad expropiada a la familia cubanoamericana Sanchez Hill a finales de los años 50 del siglo pasado”, explicaba el comunicado de prensa de la empresa.
Los Sánchez Hill, quienes residen en Estados Unidos, pidieron sin éxito ante tribunales españoles una indemnización de unos USD 10 millones por las tierras que le fueron expropiadas por Fidel Castro en 1960 y de las que la cadena Meliá se beneficia actualmente al administrar varios hoteles construidos allí por los militares cubanos, de acuerdo con documentos de la corte.
Además, de acuerdo con el Nuevo Herald, Meliá enfrenta demandas en Estados Unidos por sus negocios en Cuba.
El Título IV de la Ley Helms-Burton restringe la entrada a EEUU de quienes hayan confiscado propiedades de estadounidenses en Cuba o que hayan “traficado” con dichas propiedades. La Ley, aprobada en 1996, dio a los estadounidenses y cubanoamericanos el derecho a demandar a empresas de cualquier parte del mundo que se lucren con los bienes confiscados por las autoridades cubanas.
Por su parte, Meliá aseguró que las condiciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos —que la empresa abandonara sus negocios en los terrenos expropiados en Cuba— “no son asumibles por la compañía” y alegó que su cumplimiento es contrario al Estatuto de Bloqueo, por el cual la Unión Europea intentó blindarse ante la presumible avalancha de demandas de familias cubanoamericanas contra sus ciudadanos.
Además, la compañía aseguró que trasladó a las instituciones españolas la resolución de la negativa de visado a Escarrer, “confiando que su dedicación, diligencia y estrecha colaboración acabarán dando una satisfactoria solución”.
Meliá es la compañía extranjera que más hoteles administra en Cuba, con unos 34 establecimientos, seguida por Iberostar, también española, con 20 hoteles. Estas compañías han sido muy criticadas por grupos de derechos humanos y opositores al régimen de La Habana por las condiciones en las que realizan sus inversiones en la isla.
“En estos 31 años lo hemos tenido muy claro: que la apuesta por Cuba es incondicional. Nosotros creemos que es totalmente injusto, todas estas medidas” por parte del gobierno de EEUU, dijo el año pasado Escarrer a los medios cubanos sobre la activación del Título III de la Helms-Burton.
“Frente a eso, seguimos con nuestra hoja de ruta: seguiremos colaborando estrechamente con las autoridades cubanas en el desarrollo de la industria turística de este país, que creo que es modélica en todos los sentidos”, añadió.
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