El juicio político contra Donald Trump comenzará el próximo martes

El juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzará el próximo martes. Así lo confirmó el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, luego de que los representantes demócratas de la Cámara Baja formalmente aprobaran el envío de los cargos aprobados hace casi un mes.

Trump se encuentra acusado de abusar su poder al presionar a Ucrania para investigar al candidato presidencial demócrata Joe Biden, potencial contrincante de Trump en las elecciones que tendrán lugar a finales de este año, y por obstaculizar las investigaciones iniciadas por el Congreso una vez comenzado el proceso investigativo.

Al igual que sucedió cuando se votaron los cargos, el apoyo a su envío al senado estuvo dividido casi en su totalidad según la afiliación partidaria de los representantes: fueron 228 a favor y 193 en contra. Solo un demócrata, Collin C. Peterson, del estado de Minnesota, se manifestó en contra de la decisión.

En la votación también se aprobaron los siete representantes de la Cámara Baja que actuarán como fiscales del proceso. Todos son demócratas y entre ellos se encuentran los presidentes de los comités de Inteligencia y Judicial, Adam Schiff -quien oficiará como fiscal jefe- y Jerrold Nadler, donde se llevaron a cabo las etapas investigativas preliminares del proceso.

Los cargos fueron entregados en una ceremonia de alto voltaje emocional: los representantes cruzaron el Congreso hasta llegar a los pasillos del Senado, donde hicieron el traspaso de forma física.

McConnell ha manifestado públicamente que considera a las acusaciones como infundadas, y aseguró que tienen motivaciones políticas ulteriores. Su punto de vista es compartido por la totalidad del partido republicano, y sus miembros ya han anticipado su voluntad de alinearse con la defensa que esbozará la Casa Blanca.

“Esto no se trata de los matices de la asistencia financiera a Europa del Este. Ha sido siempre un asunto partidario”, expresó McConnell poco antes de que la líder demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, anunciara a los fiscales. Además, aseguró que el proceso fue “una pálida imitación de una investigación”.

Una vez en el Senado, los siete demócratas presentarán la acusación y fundamentarán las razones por las que consideran que el mandatario debe ser declarado culpable. El juez será John Roberts, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Será juramentado el próximo jueves y su función será la de presidir las audiencias y eventualmente señalar si se comete alguna irregularidad.

El jurado está compuesto por los 100 senadores, que al final tendrán que votar si condenan o absuelven al Presidente. Se requiere el voto de 67 de ellos para efectivamente destituirlo y, considerando que los 53 republicanos han expresado su voluntad de encolumnarse detrás del argumento presentado por la Casa Blanca, las chances de que la acusación sea fructífera son extremadamente bajas.

No obstante, los demócratas han hecho foco en la aparición de nueva evidencia, que aseguran fortalece su caso: fue presentada por Lev Parnas, un socio del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, y acusado de tener un rol central en los esfuerzos de Trump y sus socios para obtener concesiones por parte del gobierno ucraniano.

Los documentos incluyen copias de mensajes de texto y otro tipo de comunicaciones, incluyendo una carta manuscrita que expresa: “Lograr que Zalensky (por el presidente ucraniano, Zelensky) anuncie que el caso Biden será investigado”. En concreto, se refería a la hipótesis por que conecta a la empresa de gas ucraniana Burisma -en la cual el hijo de Biden, Hunter, ocupaba un cargo directivo- con hechos de corrupción.

También hay intercambios de mensajes con el ex fiscal general ucraniano, Yuri Lutsenko, en el que parecen discutir la posibilidad de investigar a los Biden a cambio de la remoción de la ahora ex embajadora en el país, Marie Yovanovitch. Y una comunicación con un representante republicano, Robert F. Hyde, quien aseguró tenerla bajo vigilancia física y electrónica.

La embajadora fue efectivamente trasladada en mayo de 2019, luego de que que se le comunicara que Trump había perdido confianza en ella. Durante una audiencia en el marco del proceso del juicio político, Yovanovitch aseguró que figuras ucranianas que se sentían amenazadas por su lucha contra la corrupción en el país fueron quienes buscaron su salida.

A su vez, esta semana el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, indicó en diversas entrevistas que estuvo detrás de la salida de la embajadora y proporcionó al presidente información que presuntamente demostraba que impidió investigaciones que pudieron beneficiar políticamente a Trump. “Forcé su salida porque es corrupta”, dijo Giuliani en una entrevista con Fox News.

Uno de los documentos es una carta de Giuliani en la que intenta concertar una reunión con el presidente ucraniano y, según indica, lo hace con el conocimiento y beneplácito de Trump. No obstante, los partidos continúan chocando respecto a la posibilidad de usarlos en el proceso.

En diálogo con la prensa, Adam Schiff destacó la información contenida en los documentos y urgió a la Casa Blanca a entregar toda la evidencia solicitada. “Solo hemos obtenido una pequeña muestra del universo de documentos que el Presidente está reteniendo. Si el señor McConnell quiere seguir el modelo Clinton, debe recordar que todos los documentos fueron entregados antes del juicio”.

Los demócratas han destacado la decisión de dilatar el envío de los artículos al Senado, en vez de hacerlo inmediatamente después de aprobar los artículos en la Cámara Baja. Aseguran que ello le permitió acceder a los documentos que fortalecen su caso. “El tiempo ha sido nuestro amigo en todo este tema porque ha provisto evidencia incriminatoria y más verdad al ojo público”, expresó Pelosi.

El próximo asunto en contención será la posibilidad de llamar testigos al Senado. Los demócratas tienen la intención de llamar funcionarios y ex funcionarios de la Casa Blanca mencionados en el caso y que rechazaron comparecer ante la Cámara, tales como el ex asesor de seguridad nacional, John Bolton y el jefe de Gabinete, Mick Mulvaney.

En todo caso, la norma es que los testigos no sean interrogados directamente por las partes y por los senadores, sino que estos elaboren preguntas por escrito, que luego son leídas en voz alta por el juez.

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