El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó los cargos de abuso de poder y de obstrucción al Congreso contra el presidente Donald Trump. Ahora, la acusación deberá ser votada por el pleno de la Cámara Baja como parte del proceso de juicio político contra el mandatario.
En el primero de los cargos se acusa a Trump de anteponer sus preocupaciones políticas al interés nacional; y en el segundo por obstruir los intentos del Congreso de investigación, según el acta de nueve páginas publicada por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.
“Es una ofensa procesable para un presidente ejercer los poderes de su cargo para obtener un beneficio personal inapropiado ignorando o perjudicando el interés nacional. Eso es exactamente lo que hizo el presidente Trump cuando presionó a Ucrania para que interfiriera en las elecciones presidenciales de 2020”, expresó al respecto Jerry Nadler (D), presidente del Comité durante una de las audiencias.
El cargo fue descrito como la solicitud “a un gobierno extranjero, Ucrania, para que interfiera en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020”.
En tanto, sobre el cargo de obstrucción al Congreso, argumentó que “un presidente que se declara por encima de la justicia, por encima del pueblo estadounidense y por encima del poder de ‘impeachment’ del Congreso, que está precisamente para proteger de las amenazas a nuestras instituciones democráticas, es un presidente que se considera por encima de la ley”.
En concreto, el cargo fue descripto como “un desafío sin precedentes, categórico e indiscriminado a las citaciones emitidas por la Cámara de Representantes”.
Los artículos fueron aprobados con los votos a favor de los 23 demócratas que integran la Cámara, mientras que los 17 republicanos lo hicieron en contra.
Poco después de que se conocieran los cargos, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, publicó una comunicado a respecto: “Esta farsa desesperada que es la investigación de juicio político en la Cámara de Representantes ha llegado a su vergonzoso final. El presidente espera con ansias recibir en el Senado el trato justo y proceso legal que le continúa siendo vergonzosamente negado por la cámara baja”
Si la Cámara Baja vota a favor de destituir a Trump (posiblemente la próxima semana), el presidente estadounidense se convertiría en el tercer mandatario en ser sometido a un juicio político. Los anteriores fueron Andrew Johnson, en 1868, y Bill Clinton en 1998. En 1974, Richard Nixon, ante la cierta posibilidad de ser destituido como consecuencia del escándalo de espionaje conocido como “Watergate”, renunció antes de enfrentar el proceso. Nixon había sido acusado de tres crímenes, dos de los cuales fueron abuso de poder y obstrucción del Congreso.
Sin embargo, en el caso de Trump es altamente improbable que el proceso avance en el Senado, controlado por la mayoría republicana. De hecho, el líder de la mayoría, Mitch McConell (R) aseguró que “no hay chances” de que la Cámara alta lo remueva de su cargo.
Las investigaciones se abrieron luego de que un denunciante anónimo del gobierno reportara como inapropiada una conversación telefónica entre Trump y Volodimir Zelensky, presidente ucraniano. En la llamada, el estadounidense le pidió “un favor”: que investigue a Hunter Biden, el hijo del ex vicepresidente y precandidato Joe Biden, por su trabajo con la compañía de gas ucraniana Burisma. En ese momento, EEUU tenía en suspenso una asistencia militar de casi USD 400 millones. Cuando Trump se enteró de la denuncia, liberó el dinero.
Los demócratas habían analizado la idea de acusar a Trump también por cargos de soborno, obstrucción de la justicia e incluso traición, pero analistas consideraron que eso podría politizar demasiado el debate y requerir evidencias de mayor peso. Por ello, optaron por enfocarse en los dos artículos más directos y con mayores pruebas contra el presidente, complicando la tarea de la defensa.
Trump siempre ha negado las acusaciones en su contra y asegurado que el proceso no es más que una “caza de brujas”. En una entrevista realizada a fines de noviembre, el mandatario se mostró dispuesto a defenderse ante el Senado de Estados Unidos.
“Quiero que me hagan un juicio político en el Senado”, dijo el presidente de Estados Unidos, después de conocerse que la Casa Blanca estaría abierta a discutir este caso en la cámara alta, donde los republicanos gozan de mayoría.
El ambiente allí sería más cordial que el de la Cámara de Representantes, cuyo proceso ha sido criticado por el Presidente. De hecho, una de las dos acusaciones refiere a la negativa de la Casa Blanca a cooperar con la investigación.
El 3 de diciembre el Comité de Inteligencia, a cargo de la investigación del caso, publicó en un reporte sus conclusiones. Determinó que “las pruebas de la mala conducta del presidente son abrumadoras, al igual que las pruebas de su obstrucción al Congreso”. El informe aconsejó presentar cargos formales contra Trump, y fue la evidencia central de la acusación.
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