Francisco Franco volará este jueves por el cielo de Madrid durante 15 minutos. Sus restos serán trasladados por los aires -siempre que no llueva ni haya niebla- en un helicóptero Superpuma del Ejército desde el Valle de los Caídos a un cementerio situado a 50 kilómetros en la sierra de la capital española. Terminará así un debate que ha marcado no sólo la legislatura del presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez, sino que ha dividido a la sociedad desde la muerte del caudillo en 1975.
El lugar donde a partir de esta semana reposará el dictador será el camposanto municipal de Mingorrubio, a unos tres kilómetros del Palacio de El Pardo, la que fuera su residencia oficial en vida y donde está enterrada su mujer, Carmen Polo. El mausoleo de la familia Franco, construido durante la dictadura en 1969, es un panteón de granito decorado con mosaicos de unos 500 metros cuadrados, con una planta a la altura del suelo y un sótano donde estará la cripta del caudillo y su esposa.
En ese mismo cementerio, de titularidad pública, duermen los restos de otros líderes del Franquismo como Luis Carrero Blanco o Carlos Arias Navarro, además de personalidades de la etapa democrática en España como el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, quien fue asesinado por la banda terrorista ETA.
Franco no será el único dictador allí enterrado. En este paraje natural en el noroeste de Madrid, rodeado de encinas y donde se escucha el cantar de los pájaros, reposa el dominicano Leónidas Trujillo, cuyo cuerpo fue sacado de su país por petición de su familia, que temía profanaciones en su tumba. Llegó a España en las últimos coletazos del franquismo, en 1970. Ambos tiranos tenían una buena relación y compartían su inquebrantable fe católica y el odio anticomunista.
Tanto para el PSOE, impulsor de la exhumación desde el primer día de la atribulada legislatura de Pedro Sánchez en junio de 2018, como desde asociaciones de víctimas y otros partidos de izquierda, por fin se terminará con lo que consideran “una vergüenza mundial” por tener en España un mausoleo donde rendir homenaje públicamente a un dictador. El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, comparó el caso con Italia y Alemania: “Nadie se imaginaría una tumba de este tipo para Mussolini o Hitler”.
El objetivo del PSOE, en el Gobierno hasta las elecciones del próximo 10 de noviembre, es convertir el Valle de los Caídos en un lugar de memoria que rinda homenaje a todas las víctimas, sin importar el bando, en sintonía con monumentos similares como los que recuerdan a los desaparecidos en el Holocausto.
Desde el entorno de la familia Franco y el partido de extrema derecha VOX critican duramente esta decisión. “Alguien acabará en la cárcel por profanar una tumba”, llegó a decir Juan Chicharro, el presidente de la Fundación Francisco Franco que vela por la imagen del dictador y recibe subvenciones públicas. También han criticado lo que consideran una postura “tibia e hipócrita” de los partidos conservadores PP y Ciudadanos, e incluso han afeado la imparcialidad de la Iglesia católica.
La sociedad española se divide entre una minoría nostálgica del régimen franquista -que cada fin de semana peregrina al Valle de los Caídos para rendir tributo a quien todavía considera su líder- y un sector progresista vinculado a la memoria histórica que se opone rotundamente al ensalzamiento de una figura que representó una de las etapas más oscuras de España. En el medio hay numerosos ciudadanos que siguen la noticia como si de una película se tratara, con más curiosidad y morbo que preocupación real.
Las autoridades socialistas pretenden evitar a toda costa que una foto inmortalice este episodio. Quieren que sea una ceremonia discreta y lo más rápida posible, insisten en que van a actuar con “sobriedad, dignidad y discreción”. Sin embargo han diseñado un espectacular operativo que han calculado al milímetro como si fuera una de las misiones imposibles de Tom Cruise en el cine.
A las 10.30 de la mañana del jueves 24 de octubre deberá llegar el cortejo fúnebre con 22 nietos y bisnietos de Franco, previamente recogidos en tres postas secretas de la capital española. El punto de reunión será la explanada del Valle de los Caídos, el mausoleo construido a las afueras de Madrid tras la Guerra Civil Española que enfrentó al país entre 1936 y 1939 para rendir homenaje “a los mártires de la cruzada”, como ordenó el dictador. El monumento fue construido por presos políticos y hoy es la mayor fosa común de España con más de 30.000 cadáveres, muchos de ellos republicanos anónimos que perdieron la contienda.
Sólo podrán entrar a la basílica dos de los familiares, José Cristóbal Martínez-Bordiu -hijo de los marqueses de Villaverde y nieto de Franco- y otro por especificar. Antes deberán superar un riguroso control con un detector de metales y un escáner para evitar que introduzcan un teléfono móvil con el que puedan hacer fotos.
La entrada ha sido estrictamente vetada a la prensa, excepto a la televisión española y a la agencia pública EFE. Incluso el interior de la basílica donde reposa la tumba de Franco será cubierto por una carpa para que ningún dron pueda registrar desde el cielo la exhumación.
Sin embargo, hay quien ha intentado saltarse este complejo dispositivo de seguridad. El sábado pasado un reportero fue interceptado por la Guardia Civil que vigila el Valle de los Caídos -cerrado al público desde el 11 de octubre- al intentar colarse en la basílica con un disfraz de monje, un arnés de escalador y varios dispositivos de grabación.
Entre cuatro y seis operarios extraerán el féretro de Franco antes de que el prior benedictino Santiago Cantera pueda bendecir el cuerpo por petición de la familia. Si el ataúd de madera, de unos 80 kilos, está en malas condiciones tras 44 años bajo tierra habrá que cambiar el cuerpo a otro nuevo. No se sacará de la estructura de zinc que lo protege, en ningún caso se verán los huesos del dictador pese a que la Ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, deberá dar fe de que los restos son suyos como notaria mayor del Reino.
Uno de los misterios del operativo es dónde conservarán la lápida de la actual tumba, un bloque que pesa 1.500 kilos y que levantarán con un sistema de gatos hidráulicos. Una grúa esperará ese día en la zona para llevarla hasta un lugar desconocido.
Entonces los familiares cargarán al hombro el féretro y, si las condiciones climatológicas lo permiten, surcará el cielo de Madrid en helicóptero, en compañía de la Ministra de Justicia y del empresario y nieto del dictador Francis Franco, portavoz de la familia y una de los voces más beligerantes contra el traslado de los restos de su abuelo.
Desde el gabinete de Pedro Sánchez temen que haga mal tiempo y haya que trasladar el ataúd por carretera. La delegación del Gobierno ha recibido para ese día varias peticiones de manifestaciones -tanto de nostálgicos del Franquismo como de asociaciones de izquierda y de víctimas de la dictadura- que podrían interrumpir la caravana.
Al llegar a su nuevo destino en El Pardo las medidas de seguridad seguirán siendo extremas con detectores de metales, escáner y dispositivos antidrones. Habrá tres perímetros: al panteón sólo podrán entrar la ministra, los 22 familiares, el prior Cantera y el sacerdote Ramón Tejero, hijo del teniente coronel que dio un golpe de Estado en España en 1981; el paso al cementerio estará restringido para los familiares que acudan a un entierro ese mismo día, y finalmente la prensa estará concentrada en los alrededores del camposanto.
Las críticas al PSOE por la forma de gestionar la exhumación de Franco han llegado no sólo desde la derecha. La oposición critica el coste que supondrá para las arcas del Estado -la cifra oficial está en torno a 63,000 euros-, las prisas y el oportunismo de la operación, apenas un par de semanas antes de las elecciones generales del 10 de noviembre.
Existe la percepción en España de que si Pedro Sánchez no logra revalidar el cargo, el asunto de Franco quedaría como su legado más importante tras año y medio de gobierno en funciones durante una de las etapas más convulsas de la política española, acrecentada durante la última semana por los disturbios violentos en Cataluña tras conocerse la sentencia por el proceso independentista.
La exhumación del dictador fue su bandera desde el primer día y por eso Sánchez ha hecho todo lo que ha estado en sus manos, incluso emprender una batalla judicial que llegó al Tribunal Supremo, para llevarla a cabo.
Desde la derecha piensan que lo único que ha logrado es “resucitar” la figura de Franco. La Fundación del dictador asegura que en el último año y medio han crecido como nunca antes las donaciones, así como las visitas al Valle de los Caídos. Las encuestas más recientes apuntan a una subida en intención de voto de los partidos de derecha, quizá también como efecto rebote de la crisis catalana.
Las urnas serán un medidor fiable para comprobar si al desenterrar a Franco el socialista Pedro Sánchez también ha avivado en España “la batalla fratricida entre rojos y azules” de la guerra civil, como vaticinó el líder de Ciudadanos Albert Rivera.
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