Carles Puigdemont, ex presidente de Cataluña, dijo este lunes “nada nos apartará de nuestras convicciones” tras conocerse las duras condenas por sedición impuestas a los miembros de su gabinete que participaron en 2017 en el fallido proceso independentista, y llamó a "movilizarnos sin miedo, tenemos la oportunidad de hacer oír nuestra voz el 10-N”, en referencia a las próximas elecciones regionales.
“Pese a las condenas injustas e inhumanas nada nos apartará de nuestras convicciones. Al contrario, hoy queda más claro que nunca la necesidad de vivir en un estado verdaderamente democrático”, indicó Puigdemont, quien ha logrado escapar de la detención y la condena al exiliarse en Bélgica, desde donde ofreció una conferencia de prensa.
“No hay ningún delito, ni ningún crimen en proponer a los ciudadanos que decidan su futuro. No hay operación de propaganda que pueda tapar tanta vergüenza”, expresó en la ciudad de Waterloo.
El político del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) dijo que "no nos podemos resignar a un status quo regresivo que pone en riesgo el futuro de nuestros hijos y hijas, ni como catalanes, ni como europeos. Hoy toca movilizarnos sin miedo y sin desfallecer. Tenemos la oportunidad de hacer oír nuestra voz el 10-N”.
Además, el ex presidente catalán volvió a insistir en que la solución al conflicto se dará a través de un plebiscito. “No hay más vía que un referéndum en el que digamos lo que queremos y cómo lo queremos. Que sepan que no aceptamos su receta basada en represión y condenas”, dijo. “Nuestra capacidad de resistencia se fortalece con nuestro compromiso insobornable con la no violencia”, agregó.
Duras sentencias para los independentistas
El Tribunal Supremo español condenó este lunes a 12 ex políticos y activistas catalanes por su papel en las iniciativas del movimiento independentista en 2017, en un veredicto que probablemente indignará a los partidarios de la independencia en la acomodada región nororiental.
La corte condenó al ex vicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras a 13 años de prisión por sedición y malversación de fondos públicos, tras uno de los juicios más importantes en España desde la restauración de la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
Ocho de los acusados recibieron largas condenas de cárcel por sus intentos de separar a Cataluña de España tras un referendo ilegal de independencia, mientras que otros tres recibieron penas menores.
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