La justicia española publicó este lunes la sentencia contra 12 líderes y funcionarios catalanes haber organizado el 1 de octubre de 2017 un referéndum de autodeterminación ilegal y la proclamación el 27 de ese mes en el Parlamento regional de una “República catalana” que nunca se materializó. La decisión del tribunal supremo detonó inmediatas protestas de repudio con miles de participantes en las calles de Barcelona, que cortaron avenidas y marcharon al aeropuerto.
Los jueces descartaron la acusación de rebelión elevada por la fiscalía, que había solicitado 25 años de prisión contra Junqueras, líder del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), principal acusado en este juicio histórico ante la ausencia de Carles Puigdemont, el ex presidente catalán que huyó a Bélgica. Poco después de conocerse la sentencia, el Supremo emitió una nueva orden internacional de detención contra Puigdemont, por sedición y malversación de fondos.
1.- ORIOL JUNQUERAS
La fiscalía pidió 25 años de cárcel por rebelión agravada con malversación. Fue condenado a 13 años de prisión, por sedición y malversación de fondos públicos.
Vicepresidente y responsable de Economía y Hacienda de la Generalitat durante el “1-O”, lleva en prisión provisional desde el 2 de noviembre de 2017, desde donde sigue liderando ERC. Salió de la cárcel para recoger el acta de diputado que consiguió en las elecciones del pasado mes de abril, aunque luego fue suspendido por el Congreso. ERC lo volvió a situar como cabeza de lista en los comicios europeos, pero esa vez el Supremo no le permitió salir para acceder al acta de eurodiputado. Vuelve a liderar la candidatura por Barcelona para el 10N.
Aunque durante el juicio se presentó como un “hombre de paz”, para la Fiscalía es “el motor principal de la rebelión”. Ésta se apoyó en tres pilares -ejecutivo, legislativo y judicial- que funcionaron como una “organización criminal” liderada por Junqueras, en ausencia del expresident Carles Puigdemont.
2.- CARME FORCADELL
Carme Forcadell, de 64 años, recibió 11 años y 6 meses de prisión por sedición. La fiscalía solicitaba 17 años, los abogados del Estado, 10.
Primero, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y, después, del Parlament. Lleva en prisión desde marzo de 2018. Las acusaciones le adjudican el título de “promotora” de la rebelión, ya que, bajo su presidencia, la Mesa del Parlament dio luz verde a la tramitación de las denominadas leyes de desconexión y permitió el voto de la declaración unilateral de independencia (DUI).
Forcadell denunció que estaba siendo juzgada por rebelión por su trayectoria política y no por sus actos porque hizo lo mismo que sus compañeros de Mesa, que van a ser juzgados en Cataluña por desobediencia.
3 y 4.- JORDI SÀNCHEZ Y JORDI CUIXART
El Tribunal Supremo condenó a 9 años de prisión por sedición al presidente de la ANC en el momento de los hechos, Jordi Sánchez, de 55 años, y el presidente de otra gran asociación separatista, Omnium Cultural, Jordi Cuixart, de 44 años. La fiscalía reclamaba 17 años, los abogados del Estado, 8.
Ambos fueron puestos en prisión provisional el 16 de octubre de 2017 por haber convocado una manifestación frente a una dependencia del gobierno catalán que era registrada, impidiendo la salida de funcionarios y agentes de fuerzas del orden. Esta protesta de miles de independentistas no dejó heridos, pero varios vehículos de a Guardia Civil fueron destruidos.
Como líderes de ANC y Òmnium Cultural, la Fiscalía sostiene que fueron “reyes y señores del orden cívico de Barcelona” en el turbulento otoño de 2017, impartiendo órdenes a los Mossos y condicionando la actuación de la Guardia Civil. En el juicio se destacó especialmente el papel de Sànchez durante el largo asedio a la Conselleria de Economía el 20 septiembre, pero ambos enmarcaron su actuación en el derecho de protesta.
Sànchez, para quien no se pide pena de inhabilitación, emprendió carrera política en prisión preventiva. Fue elegido diputado de JxCat en el Parlament -llegó a ser candidato a la investidura como presidente de la Generalitat- y también en el Congreso, en ambos casos suspendido. Vuelve a estar en las listas para el 10N.
5.- JOAQUIM FORN
Fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por sedición.
Ex conseller de Interior y responsable de la política de seguridad desplegada por los Mossos. Lleva en prisión desde el 2 de noviembre de 2017 y se le permitió salir para recoger su acta de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona.
La Fiscalía le acusó de haber controlado "el montaje" de los Mossos el 1-O y de asumir la violencia al hacer oídos sordos a las advertencias de la policía autonómica en vísperas del referéndum. Él negó haberles dado instrucciones para que no cumplieran con su obligación.
6.- JORDI TURULL
Condenado a 12 años de prisión por sedición y malversación. Encarcelado también ese 2 de noviembre, quedó en libertad el 4 de diciembre tras pagar una fianza; volvió a prisión en marzo de 2018.
Era el responsable de la Conselleria de Presidencia, desde la que se desplegó toda la estrategia de publicidad institucional el 1-O pagada con fondos públicos, según las acusaciones. Afirmó en el juicio que el Govern decidió ignorar las advertencias del Constitucional en un ejercicio de “ponderación” en el que priorizó el mandato popular de votar.
Llegó a someterse sin éxito a una sesión de investidura como president de la Generalitat tras las candidaturas fallidas de Puigdemont y Sànchez. El pasado abril obtuvo escaño por JxCat en el Congreso, fue suspendido y vuelve a competir el 10N.
7.- JOSEP RULL
Sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por sedición. Igual que Turull, pasó en prisión apenas un mes a finales de 2017 y en marzo de 2018 regresó a la cárcel. Fue suspendido como diputado autonómico y nacional y vuelve a estar en las listas para las generales de noviembre.
Además de animar a votar el 1-O, prohibió "arbitrariamente" en su condición de conseller de Territorio que un barco en el que viajaba la Policía atracase en la bahía de Palamós (Girona), aunque en el juicio sostuvo que no sabía quién iba en la embarcación.
Afirmó que se apostó por el referéndum con la "convicción" de que no era delito y ante lo que consideraban "falta de autoridad moral" del Constitucional. Según su testimonio, no había plan o estrategia para desarrollar la DUI.
8.- RAÜL ROMEVA
12 años de prisión por sedición y malversación. Fue ex conseller de Relaciones Institucionales y Exteriores y ha seguido el mismo camino en prisión preventiva que Rull y Turull. Como ellos, consiguió escaño como diputado autonómico en las elecciones del 21 de diciembre de 2017 y fue suspendido. También fue suspendido como senador de ERC tras las últimas generales, pero vuelve a encabezar la lista por Barcelona a la Cámara Alta.
Era el encargado de la estrategia exterior del Govern para legitimar internacionalmente el "procés" y dirigía el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), una "suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal" desde el que se contrataron presuntos observadores internacionales, según la Fiscalía.
Como Junqueras, Romeva solo contestó a su abogado, se limitó a defender el derecho de autodeterminación, negó "rotundamente" la violencia y tachó de "delirante" que se le acusara de malversar.
9.- DOLORS BASSA
También sentenciada a 12 años de prisión por sedición y malversación. Encarcelada desde marzo de 2018, dirigió la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales.
Se le atribuye haber retirado a los funcionarios de su departamento la competencia sobre algunos centros de votación para asegurarse su disponibilidad el 1-O, el desarrollo de una base de voluntarios y haber animado a la participación.
Bassa relativizó el 1-O y sus consecuencias: el referéndum, dijo, "no fue nunca un acto concluyente" para proclamar la independencia, sino un instrumento para forzar una negociación con el Estado, y la DUI fue una declaración política, "nada más".
10, 11 y 12.- SANTI VILA, CARLES MUNDÓ Y MERITXELL BORRÀS.
Otros tres ex ministros regionales, los únicos acusados en libertad condicional, fueron condenados a una multa de 60.000 euros y 20 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ellos son Santi Vila, 46 años, quien abandonó el gobierno regional la víspera de la declaración de la independencia, el 27 de octubre de 2017; Carles Mundó, 43 años; y Meritxell Borràs, 55 años.
Las acusaciones les imputan haber respaldado junto al resto del Govern los acuerdos para ejecutar y desarrollar el referéndum, desobedeciendo el mandato judicial y haciendo un uso ilegítimo de fondos públicos.
Todos negaron que desde sus departamentos saliese un euro público para el referéndum. Por su parte, Vila, que dimitió la víspera de la DUI, sostuvo que fue Puigdemont quien abocó al Govern a la declaración unilateral de independencia al no saber “gestionar emocionalmente” la tensión que se vivía en Cataluña.
(Con información de EFE y AFP)
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