El presidente Pedro Sánchez se expresó este lunes tras la sentencia del fallo del Tribunal Supremo de España que condenó a los líderes independentistas catalanes y enfocó el eje de la discusión en que se trata de un problema entre los habitantes de esa región de España, y no del la región con el país: “Es la integridad de Cataluña lo que está en juego, no la del país”, aseguró.
En su declaración, Sánchez recalcó que España “es una de las mejores democracias del mundo” y que el proceso judicial tuvo lugar “con plenas garantías y absoluta transparencia”.
Además garantizó el “íntegro cumplimiento de la sentencia”, que prevé hasta 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación para el ex vicepresidente Oriol Junqueras.
“Quiero reconocer la labor del Tribunal Supremo”, agregó el líder del PSOE, quien resaltó también que su gobierno responderá con la fuerza necesaria en caso de una sedición como la que motivó el juicio. Pero buscó diferenciarse de su predecesor Mariano Rajoy, tachado de intransigente y por ello responsable del crecimiento del sentimiento antiespañol que se vio renovado durante los últimos años de su gestión en a Moncloa.
Sánchez, que también habló en inglés para explicar mejor la posición gubernamental ante los medios extranjeros, insistió en que en la democracia española "nadie es juzgado por sus ideas ni por su proyecto político".
Sin embargo, reiteró que “nadie está por encima de la ley” y que los dirigentes del intento secesionista de 2017 ignoraron “los derechos de la mayoría social no independentista de Cataluña”.
El jefe del Gobierno en funciones recalcó que la sentencia confirma el “naufragio” del proyecto independentista en Cataluña, que en su opinión ha “fracasado”.
Por ello, Sánchez insistió en que ahora se abre una “etapa nueva” de convivencia en Cataluña en la que la regla solo puede ser “la ley y la Constitución española”.
Las condenas
Además de la sentencia a Junqueras, ocho de los acusados recibieron largas condenas de cárcel por sus intentos de separar a Cataluña de España tras un referendo ilegal de independencia, mientras que otros tres recibieron penas menores.
Aunque la fiscalía había pedido condenas por el más grave delito de rebelión, que según la legislación española implica el uso de la violencia para alterar el orden constitucional, finalmente los jueces condenaron a nueve acusados por sedición, lo que supone que fomentaron el desorden público para incumplir la ley.
La ex presidenta del parlamento regional de Cataluña, Carme Forcadell, fue condenada a 11 años y medio de prisión, mientras que los ex miembros del gobierno catalán Joaquim Forn y Josep Rull fueron sentenciados a 10 años y medio cada uno. Los activistas civiles independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart recibieron penas de nueve años.
Por su parte, Junqueras y otros tres ex miembros del gobierno regional -Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, condenados a 12 años- recibieron otra condena por malversación de fondos públicos.
Otros tres miembros del antiguo gobierno catalán -Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó- fueron multados por desobediencia.
Con información de EFE
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