En la primera imagen aparece Santiago Abascal cazando a caballo junto al torero Morante de la Puebla. En la segunda el líder del nuevo partido de la extrema derecha española es ovacionado en una plaza de toros al grito de “¡presidente, presidente!”. La tercera es del 2 de diciembre de 2018, cuando su formación VOX irrumpe en la escena política española y obtiene 12 escaños en las elecciones autonómicas andaluzas. Su mensaje, centrado en recuperar tradiciones como las corridas de toros, ha calado en casi el 11% del electorado en esta región del sur de España.
Desde entonces España ha vivido una de las etapas políticas más convulsas de su historia democrática. El país se prepara para sus cuartas elecciones generales en cuatro años, que se celebran el próximo 10 de noviembre. En ese clima de inestabilidad la aparición de VOX ha revivido debates que parecían adormecidos en la sociedad, como situar a la tauromaquia en el centro de la campaña electoral, blandiendo como un arma política esta tradición considerada por sus aficionados “la fiesta nacional” y por los detractores como “tortura animal”.
“Hasta hace unos pocos años los taurinos jamás alardeaban de ello, pedían perdón cuando hablaban en público. Con VOX eso ha cambiado, el votante de derechas se ha visto fortalecido por alguien como su líder, Santiago Abascal, quien reivindica abiertamente esas prácticas totalmente anacrónicas”, dice a Infobae José Enrique Zaldívar, de la asociación de veterinarios AVATMA que tilda como “maltrato animal legalizado” a esta tradición reconocida en 2013 por el Congreso español como Patrimonio Cultural Inmaterial.
El asalto de VOX al electorado de la derecha ha tenido consecuencias. Al entrar en la arena política haciendo suyas tradiciones como los toros, la caza e incluso las fiestas de carácter religioso de la Navidad, el Partido Popular que aglutina al votante conservador tradicional se ha apresurado a copiar su discurso. Tanto es así que ambas formaciones sumaron a figuras del toreo en sus listas para las últimas elecciones.
Entre otros guiños al electorado taurino, el líder popular Pablo Casado aseguró este año que si logra ser presidente volverá a programar las corridas de toros en la televisión pública española, pues “es injusto que se prohíban para quien no puede pagar una entrada”.
El resto de formaciones políticas también se han visto obligadas a opinar. Mientras desde la extrema izquierda Podemos propone la celebración de un referéndum para decidir sobre la prohibición, Ciudadanos (otro nuevo partido que nació desde posturas liberales y en el último año ha girado hacia la derecha) critica las subvenciones que recibe el sector por parte del Estado y de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Más compleja es la posición del PSOE, el partido socialista que hasta hace unos pocos años se disputaba con el PP el poder en un clima de bipartidismo ya extinto en España. Fue en 2011 con la ministra socialista Ángeles González Sinde cuando los toros pasaron a depender de la cartera de Cultura. En sus filas ahora mismo hay varias figuras que han reconocido públicamente su afición como la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo y el responsable de Fomento José Luis Ábalos.
“El PSOE es víctima de esa espiral del silencio que afecta a la tauromaquia en este país. No se quieren mojar porque hay un temor electoral a perder votos. Sin embargo, han asegurado que no desean prohibirlo. Es importante separar la opinión individual del ámbito político como ha sabido hacer su ministro de Cultura en funciones, José Guirao, quien a título personal los criticó pero desde su cargo ha garantizado este derecho constitucional. Ahí hay un precedente importante”, dice a Infobae Chapu Apaolaza, portavoz de la Fundación del Toro de Lidia.
Apaolaza reconoce que el mundo del toro es todavía hoy muy hermético y rehúye a la prensa. “Es normal después de los ataques que hemos recibido, sufrimos una censura muy violenta. Somos la última batalla de las Termópilas, nos estamos jugando la libertad como sociedad. No comprendo qué ven de malo en que VOX defienda una práctica que está reconocida por nuestra Constitución, lo que sí me inquieta es que otros partidos como Podemos lleven en su programa la abolición, eso es ilegal”.
En una columna de opinión publicada por El País con el título “VOX se apropia de la tauromaquia”, el periodista aficionado a los toros Rubén Amón denunciaba la vinculación que el partido de extrema derecha hace entre la fiesta nacional y “su arsenal identitario”, mientras que el PP saca a relucir los números (puestos de trabajo, impacto económico y aportación recaudatoria) a la hora de colocar los toros en el centro de su campaña.
Con los cambios en el poder en las regiones tras las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo, en las ciudades y las comunidades se ha escenificado esta batalla política con los toros como ariete para derribar al rival, ya sea desde la oposición o desde el poder.
El caso más sonado es el de Cataluña, donde se prohibieron los toros en 2010. Más tarde el Tribunal Constitucional echó atrás esta decisión. “A día de hoy no hay plazas en condiciones como para albergar corridas, excepto la Monumental de Barcelona que no tiene porque el ayuntamiento (en manos del grupo de izquierdas liderado por Ada Colau) no da los permisos necesarios”, explican a Infobae desde la asociación animalista Animal Defenders.
Colectivos como este y AVATMA lamentan que cualquier intento de limitar los toros choca con la consideración de ser anti constitucional. “Por mucho que se celebren referéndums, hasta que eso no cambie no podremos hacer nada”, reconoce José Enrique Zaldívar.
Es lo que sucedió en las islas Baleares, donde el Parlamento regional aprobó en 2017 una nueva ley de regulación de las corridas de toros que prohibía la muerte del animal durante el espectáculo pero en diciembre del año siguiente el Constitucional tumbó la ley.
“Es un error afrontar los toros desde un punto de vista político, no son ni de izquierdas ni de derechas. El conflicto que tienen los animalistas es un problema de moral: aunque en España está permitido matar animales para el alimento, quieren que esto suceda a escondidas. La Unesco hace un llamado a preservar las tradiciones siempre y cuando no atenten contra los derechos humanos, ¿acaso los taurinos somos un problema en ese sentido?”, critica Chapu Apaolaza.
Desde su fundación han llevado a los tribunales a los alcaldes que han impedido la celebración de corridas de toros en sus ciudades, vulnerando el derecho constitucional de los ciudadanos.
Mientras tanto, la polémica sigue expandiéndose por el país. En Villena, un municipio de Levante español (una de las regiones con más afición taurina), la coalición formada por socialistas y el grupo ambientalista Los Verdes prohibió las corridas hace cuatro años. Tras varios juicios y sentencias en contra, los toros han regresado a la localidad hace apenas unos días. El actual alcalde, el socialista Fulgencio Cerdán, ha recibido amenazas de muerte por parte de grupos anti taurinos por cumplir la ley.
Hasta el próximo 10 de noviembre, cuando se celebren las elecciones, España será testigo de si VOX consigue de nuevo colar en el debate político su agenda con los toros a la cabeza y movilizar a todo ese electorado del ámbito rural pero también de algunas regiones como la Comunidad de Madrid, Andalucía, Levante, las Islas Baleares, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura y Cataluña donde esta tradición sigue sumando adeptos. Por el momento su apuesta le ha servido para arrancar votos por la derecha al PP y forzar al resto de partidos a posicionarse.
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