El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, anunció que a partir de la próxima semana dejará de utilizar la política migratoria conocida como “atrapar y liberar” (catch and release, en inglés).
El secretario interino de Seguridad Interior, Kevin McAleenan, lo anunció y confirmó que los primeros cambios se podrán observar en los próximos días.
El término de “atrapar y liberar” se refiere a un proceso en el que el gobierno federal estadounidense debe dejar en libertad a las familias de migrantes, que provienen sobre todo de Centroamérica, aprehendidos en la frontera con México, para que comiencen su proceso en busca de asilo al interior del país. El proceso puede tomar años, debido a los atrasos masivos que suelen tener los tribunales de migración.
“Ya no liberaremos unidades de familias detenidas por la Patrulla fronteriza hacia el interior de Estados Unidos”, señaló McAleenan durante el discurso que ofreció ante el Consejo de Relaciones Exteriores en Washington D.C., la capital estadounidense.
“Esto significa que los efectos de dicha política para las unidades de familias, el mayor grupo demográfico por volumen que está llegando a la frontera este año, serán mitigados”, añadió, recordando que la práctica de “atrapar y liberar” fue ordenada por las Cortes debido a la incapacidad del DHS (Departamento de Seguridad Interior, por sus siglas en inglés) para completar los procedimientos de estas personas mientras se encontraban en custodia.
Al realizar estos cambios, McAleenan y el DHS cumplirán el compromiso que el presidente Trump realizó durante su campaña en 2016, cuando prometió finalizar con esta práctica. La administración ha tomado varias medidas en los últimos meses para restringir las capacidades que tienen los migrantes para reclamar su derecho a asilo en los Estados Unidos.
En un comunicado publicado después del discurso del secretario del DHS, el Departamento señaló que el cambio es parte de una “estrategia para mitigar los vacíos legales que funcionan como un factor determinante para las familias que buscan cruzar ilegalmente la frontera suroeste” del país.
El DHS también destacó que las familias de migrantes que no reclamen un “miedo de retorno” a sus respectivos países natales, serán “rápidamente” deportados de regreso a dichas naciones. Pero si expresan que efectivamente tienen razones para temer un eventual regreso a sus países de origen, serán enviados a México para aguardar el resultado de los procedimientos de asilo.
McAleenan también confirmó que habrá excepciones relacionadas con cuestiones humanitarias y médicas, aunque los detalles de la nueva política no se han dado a conocer todavía, a pesar de las críticas que señalan que, sin un marco legal específico, los cambios pueden prestarse a abusos por parte de la autoridad estadounidense.
El Departamento explicó que los cambios están pensados sobre todo en la gran cantidad de familias centroamericanas que han sido procesadas por la Policía Fronteriza. De acuerdo con los datos oficiales, los agentes de dicho cuerpo han procesado a cerca de 458.000 migrantes que viajaban con su familia este año, casi todos ellos provenientes del llamado “Triángulo Norte”: Guatemala, Honduras y El Salvador.
Pero McAleenan no dijo si el cambio también aplicará para las miles de familias que han pasado meses esperando en los puertos de entrada legales a los Estados Unidos desde el lado de México para presentar sus casos ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense.
Un reporte, realizado este año por investigadores de la Universidad de California en San Diego, estima que el número de personas esperando a ser procesados que se encontraban en México ya son casi 19.000 migrantes.
A principios de septiembre, la Suprema Corte le permitió al gobierno de Trump implementar mayores restricciones en la frontera que le permita rechazar migrantes que no hayan buscado asilo en otro país por el que hayan pasado antes de llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, los críticos han señalado que los protocolos para la protección de migrantes no se han aplicado en varias porciones de la frontera sur.
Sin embargo, McAleenan llamó a que el gobierno estadounidense no caiga en el exceso de confianza. “No podemos dejar que el progreso que hemos logrado en el tema nuble nuestra visión”, expresó. “Todavía estamos en niveles de crisis con respecto a las incursiones ilegales, y hasta que cambiemos las leyes fundamentales de nuestro sistema de gobierno, no resolveremos ningún problema de fondo", concluyó.