Donald Trump se enfrenta a Taylor Swift, Madonna y Lady Gaga por los derechos LGBTQ

Donald Trump le teme más a la cantante Taylor Swift que a cualquiera de sus oponentes demócratas. Sabe que un simple mensaje a través de las redes de la rubiecita, reina del country pop, puede deshacerle su cuidado peinado. La joven de 29 años tiene 112 millones de seguidores sólo en Instagram. Y el poder que le da pararse ante la audiencia que sigue el MTV Video Music Awards para recibir el premio mayor y pedir a la Casa Blanca que responda a su pedido de descartar las reformas al Equality Act, la ley federal de protección de la comunidad gay-LGBTQ. Cuando lo hizo, en enero, inmediatamente recibió el apoyo de Madonna y Lady Gaga. Misiles contra Trump mucho más peligrosos de los que le puede lanzar Kim Jong Un.

La Casa Blanca contratacó con las armas más bajas que tenía a mano. Primero mandó a responder a un subsecretario de prensa abiertamente gay. Judd Deere aseguró en el podio de la sala de los periodistas que el presidente Trump apoya "el tratamiento igualitario para todos los ciudadanos, sin discriminación alguna". Aunque argumentó que la ley contiene "píldoras venenosas" que hay que eliminar. El término "píldoras venenosas" es el que utilizan los fundamentalistas cristianos de diversas iglesias para oponerse a otorgar mayores derechos a los homosexuales. Y la última bala trumpiana estuvo en la pistola de su fiel asesora, Kellyanne Conway, que en el programa "Fox and Friends" de la cadena amiga del presidente llevó a una imitadora de Taylor Swift para burlarse de ella. La respuesta fue un aluvión de mensajes de repudio y pedidos de disculpa.

La administración Trump se llamó a silencio por unos meses hasta que la semana pasada pidió a la Corte Suprema que legalice la discriminación contra los homosexuales en el lugar de trabajo. El escrito presentado por el Procurador General, Noel Francisco, argumenta que las leyes federales que protegen a los empleados de ser marginados por su orientación sexual no se deben aplicar en el caso en que un individuo es despedido o privado de sus derechos en el lugar de trabajo debido a su preferencia sexual. Allí aparecía la esencia del concepto al que se opone la chica que vendió 50 millones de álbumes.

La Corte Suprema accedió la última semana a determinar si la ley estadounidense que prohíbe la discriminación por sexo en el lugar de trabajo protege a homosexuales y transexuales, lo que deja al tribunal de mayoría conservadora en medio de una feroz batalla que involucra un polémico tema social. El asunto clave de la disputa es establecer si las personas homosexuales y transexuales están cubiertas por el artículo VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe a los empleadores discriminar a sus trabajadores por motivos de sexo, raza, color, nacionalidad y religión.

La Corte abordará dos casos relacionados con personas que dijeron haber sido despedidos debido a su orientación sexual, uno vinculado a un instructor de paracaidismo de Nueva York, llamado Donald Zarda, y otro presentado por Gerald Bostock, un ex coordinador de servicios de la minoridad del condado de Clayton, en Georgia. Además, los magistrados revisarán un recurso de una funeraria de Detroit que busca revertir un dictamen que la condenó por violar la ley federal al despedir a una persona transgénero llamada Aimee Stephens, después de que revelara sus planes para someterse a la transición de hombre a mujer. Zarda murió en 2014, y su pareja y hermana continuaron la demanda; el caso de Bostock fue ya desestimado en tribunales inferiores.

Los abogados de la Casa Blanca argumentan que el artículo VII no abarca la orientación sexual ni la identidad de género. Un concepto que revierte el enfoque adoptado por una comisión creada por la Administración del ex presidente demócrata Barack Obama, que tiene como fin garantizar la implementación de las leyes federales que prohíben la discriminación en el lugar de trabajo.

Cuando le preguntaron por el caso a Trump, en una de sus habituales "conferencias de prensa" al pie del helicóptero, eludió una respuesta directa y comenzó a hablar del apoyo que siempre tuvo de los "Log Cabin Republicans", una organización LGBTQ conservadora que lo respaldó durante la campaña presidencial. Sin embargo, varios miembros de ese grupo renunciaron en las últimas semanas por estar en desacuerdo con la iniciativa de la Casa Blanca. "Me ha ido muy bien con esa comunidad. Algunos de mis mayores partidarios son de esa comunidad", alardeó Trump sin meterse en el tema específico. De inmediato, la prensa washingtoniana lo acuso de utilizar el muy antiguo argumento de "cómo voy a discriminar si yo tengo amigos gays".

"No creo que los estadounidenses vayan a aceptar una decisión de la Corte Suprema diciendo que es legal despedir a Aimee porque es transgénero o Don porque es homosexual. Una decisión de ese tipo sería desastrosa, relegaría a las personas LGBTQ a un estatus de ciudadano de segunda clase. La comunidad LGBTQ ha luchado demasiado y muy duro durante 50 años como para dar marcha atrás de esta manera", fue la respuesta de James Esseks, director del Proyecto LGBT y HIV de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la organización que luchó exitosamente por los derechos de los negros.

En un intento para morigerar el efecto de las grandes manifestaciones que están programadas para los primeros días de octubre en el Mall de Washington DC, la portavoz del Departamento de Justicia, Kelly Laco, aclaró que "la ley solo se puede hacer cumplir tal como está escrita actualmente. Desde la promulgación original del Título VII hace 55 años, el Congreso rechazó reiteradamente aprobar proyectos de ley para ampliar el alcance sobre la orientación sexual. Cualquier cambio al Título VII debe pasar por el Congreso, que sigue siendo libre de legislar en esta área, no en los tribunales. El papel apropiado del poder judicial, que requiere el imperio de la ley, es hacer cumplir las leyes de manera justa tal como están escritas, no reinterpretarlas o reescribirlas".

Más de 150 representantes y senadores presentaron su propio informe al máximo tribunal. "Todo este proceso no disminuye de ninguna manera la protección de la Ley de Derechos Civiles", aclaró la poderosa presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. "La comunidad LGBTQ y todos los estadounidenses tienen derecho a la plena protección de la ley, en la escuela, en el lugar de trabajo y en donde sea, dentro del territorio de esta Nación".

La disputa por el artículo VII representa la primera prueba de fuego sobre un importante tema social para los nueve jueces de la Corte Suprema desde que Brett Kavanaugh, el candidato conservador de Trump, se sumó al tribunal en octubre tras un tortuoso proceso de confirmación del Senado. Kavanaugh reemplazó al juez Anthony Kennedy, un conservador conocido por su apoyo a los derechos de los homosexuales, que se retiró el año pasado.

Pero en el medio está el "huracán rubio", Taylor Swift, que con un simple mensaje por las redes sociales puede provocar un "tsunami" de protestas contra la Casa Blanca. A Trump no le sobran votantes y está en el proceso de una muy reñida campaña. Con los 112 millones de seguidores de la diva del country, apoyada por los de "la reina del pop" Madonna y los de la "princesa" Lady Gaga, así como la comunidad LGBTQ, en contra, no le será fácil a Trump conseguir la reelección.